El Hospicio Ruiz Dávila, un edificio del siglo XIX ubicado en el centro de Lima y declarado patrimonio cultural de la Nación, está en riesgo de deterioro tras la ejecución de un contrato firmado por el Congreso, que lo emplea como una de sus sedes, según un informe difundido por Cuarto Poder este domingo. Protegido por ley desde 1972, cualquier intervención en su infraestructura requiere autorización del Ministerio de Cultura y procedimientos técnicos adecuados.
Entre 2010 y 2012, el Parlamento de entonces restauró el monumento mediante una rehabilitación que ganó premios por su belleza e historia. Sin embargo, una autorización emitida a finales del año pasado por la Mesa Directiva presidida por Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) ha puesto en peligro ese legado.
De acuerdo con el reportaje, la mesa autorizó la contratación del “servicio de impermeabilización del techo” del centro de acogida para protegerlo de eventuales lluvias y filtraciones. El contrato fue adjudicado al consorcio Santos, una empresa cuyos antecedentes y domicilio legal han levantado dudas sobre la transparencia del proceso.
Aunque el Legislativo ha afirmado que se utilizó material metálico de aluminio, los términos de referencia del contrato especifican el uso de acero galvanizado. El arquitecto Jorge Antonio Orrego, presidente de la Comisión de Defensa del Patrimonio Arquitectónico del Colegio de Arquitectos del Perú, cuestionó la obra. “Se ha atropellado a este monumento y a un trabajo premiado y reconocido. Se ha atropellado a todos nosotros”, dijo.
El congresista Héctor Valer (Somos Perú) denunció estos hechos ante la Fiscalía y el Ministerio de Cultura, ya que se trata de un “atentado contra el patrimonio cultural”. Durante los trabajos, que comenzaron en abril, la Municipalidad de Lima solicitó al Congreso desistir del proyecto, al citar las normas edilicias que debían cumplirse.
“Dicha instalación de perfiles y cobertura no está permitida ni es adecuada, ya que altera el paisaje urbano arquitectónico de la zona y genera un sobrepeso innecesario en la edificación y no cuenta con autorización municipal”, se lee en el documento enviado por el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima).
Sin embargo, el Congreso continuó con los trabajos, al ampararse en una ley que le otorga amplias facultades para intervenir en el patrimonio cultural sin restricciones significativas. La falta de transparencia en la adjudicación del contrato es alarmante, ya que no aparece en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), lo que impide conocer el costo real de los trabajos y detalles del proceso.
La empresa ganadora, además, no tiene un historial claro de contratos con el Estado, lo que añade más interrogantes sobre cómo se adjudicó el servicio. Según el informe, su domicilio legal en Villa El Salvador es un local sin ningún distintivo empresarial.
Además de la intervención en su techado, el Hospicio Ruiz Dávila ha sido modificado internamente con la instalación de equipos de aire acondicionado que han llevado a perforaciones en sus históricas ventanas, lo que agrava aún más la situación al realizarse sin la debida autorización. La administración del alcalde Rafael López Aliaga no hizo comentarios al respecto.
Un día después de emitido el reportaje, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció una investigación en la que colabora el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Lima. “Si está prohibida, corroboraremos. Ahí la cosa si es un poquito preocupante”, indicó en una rueda de prensa.
Lima, especialmente su Centro Histórico, enfrenta graves problemas de fiscalización de construcciones, lo que podría causar vergüenza internacional. La edificación de almacenes sin licencia y la persistencia de los obreros en continuar sus labores, pese a las órdenes de la Municipalidad, ponen en riesgo el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1991.
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