PJ anula acusación contra Alberto Fujimori por caso “esterilizaciones forzadas”

La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria ratificó la decisión para anular la acusación penal contra el expresidente de la República, Alberto Fujimori, en el caso de las “esterilizaciones forzadas”. Cuando Fujimori estaba bajo el mando, se realizaron esterilizaciones mediante la técnica quirúrgica de ligadura de trompas sin consentimiento y atentando contra los derechos humanos.

Este fallo a favor del exdictador implica la invalidación de casi tres años de avances judiciales y el largo camino de las víctimas para encontrar justicia. Con esta resolución, el tribunal desestimó la apelación presentada por la Fiscalía de la Nación, la cual buscaba revertir la anulación dictada en primera instancia, a fin de que se adecúe al Código Procesal Penal del 2004.

Es decir, se valida la resolución donde se anula el “auto de apertorio de instrucción” del caso. Esto luego de un recurso de amparo presentado por el congresista y exministro Alejandro Aguinaga, quien también está denunciado por este caso.

El régimen de Fujimori buscaba controlar el crecimiento demográfico, pero con graves violaciones a los derechos humanos en el proceso, según las denuncias de las víctimas y testimonios recogidas por el Ministerio Público. La decisión judicial ocasiona que el expediente de Fujimori y otros acusados por presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves, regrese a una etapa de presentación. De esta manera, no es que el caso se haya archivado, sino que el Ministerio Público deberá formular la denuncia para que sea presentado a un nuevo juez o jueza, adecuándose al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).

El 1 de marzo se llevó a cabo la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde diversas asociaciones denunciaron que no se han cumplido con la reparación integral por parte del Estado peruano. La cifra de mujeres que fueron sometidas a este procedimiento alcanza a 272 mil 28, en su mayoría personas de bajos recursos económicos.

Ha pasado un poco más de 20 años desde con engaños y bajos diversos métodos fueron sometidas a este proceso, según narran, pero aún continúan enfrentando diversas barreras en la sociedad.

A pesar de ello, el abogado del exdictador, Elio Riera, señala que no se ha llegado a precisar de qué manera Fujimori participó en este caso. “Saludamos el pronunciamiento judicial y encontramos finalmente un eco a los pedidos que viene formulando la defensa”, declaró a TV Perú.

El letrado precisó que la acción de amparo presentada por el excongresista Aguinaldo fue importante para la anulación.

Esto sucede en el marco de que el Congreso de la República promulgue la ley que determina que ningún individuo puede ser juzgado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002. Un proyecto que favorece precisamente a Alberto Fujimori, quien fue condenado por casos Barrios Altos y La Cantuta.

La norma, denominada oficialmente como la ‘Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana’, se publicará en el Diario Oficial El Peruano y entrará en vigencia a partir de hoy sábado 10 de agosto. Sin embargo, su promulgación ha generado controversia y críticas principalmente de la Fiscalía de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ambas instituciones han advertido sobre las severas consecuencias que podría tener esta ley, a pesar de ello, el gobierno de Dina Boluarte no observó el proyecto de ley.