La estrategia de declarar el estado de emergencia en zonas con alta presencia de actividad criminal aún es utilizada por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, en un intento de luchar contra la inseguridad ciudadana en el país. Es por eso que las provincias de Putumayo, Mariscal Ramón Castilla (Loreto), Trujillo, Virú y Pataz (La Libertad), que ya se encontraban en esta condición, vieron prorrogada la vigencia de la alarma en sus jurisdicciones.
Cuatro decretos supremos emitidos por la Presidencia del Consejo de Ministros, bajo el mando de Gustavo Adrianzén, fueron publicados por el Diario Oficial El Peruano y hacen oficial la prórroga de estas medidas excepcionales a partir de los días 11 y 12 de agosto del 2024, aunque con diferentes duraciones.
En principio, las provincias del norte, Trujillo, Virú y Pataz, se verán afectadas por esta nueva extensión del estado de emergencia a partir del 12 de agosto, todas por un plazo de 30 días calendario hasta el 12 de septiembre. Es necesario recordar que, en los casos de Trujillo y Pataz, esta medida se ejecutó desde febrero del 2024, aunque para este entonces las provincias de la región La Libertad ya acumulaban 14 meses seguidos en emergencia. En el caso de Virú, la medida entró en vigencia en julio de este año.
En principio, la decisión de promulgar el estado de emergencia en estas provincias obedece a la alta presencia de criminales, además del reporte de actividades relacionadas con la minería ilegal. Sin embargo, en el tiempo que se ha ejecutado el estado de emergencia, la criminalidad no ha cesado.
De hecho, incluso durante la vigencia del estado de emergencia, Trujillo siguió reportando actividades de extorsionadores, quienes incluso llegaron a atentar contra colegios de educación básica, sus profesores y directores, utilizando artefactos explosivos.
Gobierno extiende el estado de emergencia por casi dos años
Un caso excepcional es el que se vive en las otras dos provincias mencionadas: Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, ubicadas en la región Loreto. Ambas zonas tienen registros de encontrarse en estado de emergencia desde el 17 de febrero del año 2023, es decir, que una vez finalizada la nueva prórroga de 60 días calendario -si no se extiende más- ambas acumularán 602 días, casi dos años en estado de emergencia ininterrumpida.
No solo eso, sino que como consecuencia, los ciudadanos que viven en estas provincias se han visto afectados por la suspensión de derechos constitucionales por todo este tiempo, como la libertad de tránsito y de reunión pacífica.
Medida insostenible en el tiempo
Infobae Perú se contactó con el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, quien consideró que prorrogar esta medida en el tiempo es una medida populista y no sostenible a lo largo del tiempo.
“(...) No se puede sostener una medida que no está planificada. Eso es lo que hemos venido enfrentando todo el tiempo: las medidas populistas, medidas de impacto, pero que realmente no ponen el dedo en la llaga (...)”, indicó el ex titular del Mininter, que además sostuvo que “se apuesta a un estado de emergencia como medida para contentar al pueblo, como una medida populista que no tiene ni planificación ni soporte logístico. Cuando tú no tienes ninguna de esas dos cosas, entonces la medida está condenada al fracaso (...)”.
Según el exministro Rodríguez, estas declaratorias de emergencia suponen una redistribución de la fuerza policial que existe. Los agentes de la PNP dejan de lado ciertas actividades para centrarse principalmente en el cumplimiento de lo decretado por el Consejo de Ministros.
“Los efectivos policiales tienen que redistribuirse para dedicarse a estas acciones específicas especiales (...) como son medidas paliativas y de impacto para satisfacer las medidas populistas del gobierno, no tienen un efecto en el tiempo porque esa gente tiene que retornar a sus unidades”, indicó a Infobae Perú. Este, según el exministro, es el motivo por el que muchas veces se puede ver en medios de comunicación a personas quejándose de la baja presencia policial en una zona.
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