El Poder Judicial dictó este jueves 30 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), investigado por colusión y lavado de activos debido a supuestos sobornos recibidos de la constructora Odebrecht para adjudicar el tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil.
El exmandatario, quien ya cumple otra orden de prisión preliminar por 18 meses desde que fue extraditado desde Estados Unidos por otro proceso que comprende los tramos 2 y 3 de la misma vía, interrumpió al juez de Investigación Preparatoria Nacional, Víctor Zúñiga, para pedirle ser llevado a una clínica.
“Dentro de unos días cumplo 80 años [...] Le pido mil disculpas, pero quiero que usted sepa que el Tribunal Constitucional, después de examinar todos los elementos de mi salud, se ha pronunciado para que yo sea trasladado una clínica para tratar el cáncer y tema cardíaco. Le pido solo eso a nivel humano”, mencionó.
Sin embargo, el magistrado le respondió que si tiene alguna solicitud que hacer, la haga mediante su abogado y presente los recursos que necesite para ser atendido de acuerdo a ley. “Le pido disculpas por la interrupción, yo soy un economista, no un abogado”, apuntó Toledo.
En marzo pasado, el juez Richard Concepción Carhuancho rechazó dictar la medida cautelar contra el exmandatario al señalar que no fue extraditado por el tramo 4, sino por presuntas irregularidades en las licitaciones de los tramos 2 y 3. Sin embargo, posteriormente, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la decisión.
El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva para Toledo por este caso, en el que también están implicados Abraham Dan On, jefe de seguridad de Toledo; Marco de Moura Wanderley, empresario brasileño; y los exfuncionarios de ProInversión, Sergio Rafael Bravo Orellana y Alberto Javier Pasco Font Quevedo.
Sería el tercer juicio oral que afrontará el exgobernante, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, donde está también el expresidente Pedro Castillo (2021-2022). La Fiscalía deberá requerir a EE.UU. la ampliación de la extradición para que Toledo pueda ser juzgado por estos nuevos cargos.
El mes pasado, el exjefe de Estado pidió ayuda médica en dos audiencias judiciales distintas. “No me dejan participar en la sesión y no estoy bien. Seguramente mi abogado les ha transmitido todo. Estoy pidiendo que me lleven a la clínica y no quieren. ¿Cómo hago para cumplir con ustedes?”, dijo, con voz quebrada, ante el tribunal.
“Me siento absolutamente mal. Quiero que me lleven a un hospital, a cualquiera, o a una clínica. Estoy con los trabajadores del INPE, no hay un médico”, señaló antes de insultar a uno de los policías que lo resguardaba por interferir en su requerimiento.
En abril del año pasado, horas antes de entregarse a las autoridades estadounidenses como paso previo a su extradición, Toledo reveló que su salud estaba deteriorada. “Tomo 14 pastillas diarias, tengo hipertensión y sufro por los remanentes del cáncer”, dijo a la agencia EFE. Su condición médica ha sido su principal argumento para intentar paralizar el proceso judicial en el que se le acusa de haber recibido los sobornos.
El exmandatario también está acusado en el caso de presunto lavado de activos ‘Ecoteva’, por el que la Fiscalía pide 16 años de prisión para él, y ocho años para su esposa, Eliane Karp, quien se encuentra actualmente en Israel.
El INPE ha comunicado que el expresidente no requiere hospitalización, “ya que, conforme al reporte del área de salud del penal de Barbadillo, su estado es estable al no presentar una situación de emergencia ni de urgencia”. Sin embargo, su defensa legal sostiene que estaba “postrado en cama”.
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