A fines de julio, el Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial para neutralizar las tres investigaciones que enfrenta la presidenta Dina Boluarte por las muertes en las protestas antigubernamentales, el denominado “Rolexgate” y la desactivación del equipo policial anticorrupción horas antes del arresto de su hermano Nicanor.
Según el documento difundido este martes por La República, el procurador especializado en materia constitucional, Luis Huerta, representa al Gobierno en este proceso. El texto señala que la competencia de la mandataria supuestamente vulnerada es la de “dirigir la política general del gobierno”, a través de la interpretación que la Fiscalía y el Poder Judicial tienen del artículo 117 de la Constitución.
Este apartado establece que un presidente en ejercicio solo puede ser juzgado por cuatro causales, incluido traición a la patria o disolver el Congreso de forma irregular. La primera vez que se varió la posición institucional del Ministerio Público —no investigar a un mandatario en funciones— fue durante el mandato del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), lo que abrió un debate jurídico. En la demanda competencial, el Ejecutivo subraya que hasta ahora el Tribunal Constitucional no ha validado la interpretación sobre el artículo 117 de la Constitución.
“No existe a la fecha un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre si dicha interpretación es compatible con las garantías para el ejercicio de las competencias asignadas al presidente de la República [...], o que evalúe la concordancia del mencionado artículo con las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado peruano en materia de lucha contra la corrupción o investigación de graves violaciones de derechos humanos”, se lee en el documento expuesto por el diario.
Las resoluciones que cuestiona la demanda implican las disposiciones fiscales que iniciaron diligencias preliminares contra Boluarte por genocidio, homicidio y lesiones graves, por enriquecimiento ilícito —luego ampliada para incluir cohecho e incorporar al gobernador Wilfredo Oscorima— y por encubrimiento personal y abuso de autoridad, así como la resolución judicial que autorizó el allanamiento de su residencia.
“En el presente caso se solicita al Tribunal Constitucional que, como consecuencia de determinar las competencias del Ministerio Público y del Poder Judicial respecto a la prerrogativa presidencial contenida en el artículo 117° de la Constitución, se pronuncie sobre los efectos de su sentencia respecto a las resoluciones fiscales y judiciales que dan lugar a la presente controversia”, sigue el texto.
La finalidad de la demanda es determinar es si la inmunidad presidencial “implica, asimismo, un límite a las competencias del Ministerio Público y del Poder Judicial, en materia de investigación al presidente de la República por la presunta comisión de cualquier delito”, lo que representaría un retroceso en la lucha contra la corrupción.
“Las competencias asignadas por la Constitución al Ministerio Público y al Poder Judicial no pueden ser utilizadas de modo tal que afecten la competencia del presidente de la República [...] dicha afectación se presenta como consecuencia de la interpretación que ambas instituciones han venido realizando sobre el artículo 117° de la Constitución, en el sentido de permitir investigaciones contra el presidente de la República por cualquier delito”, menciona el documento.
La demanda sostiene que la Presidencia se ha debilitado desde 2016 por la limitación de la cuestión de confianza, el uso arbitrario de la vacancia presidencial, restricciones para disolver el Congreso y la interpretación del artículo 117. Por tanto, el Ejecutivo pide “que esta situación sea revertida, a fin de que el presidente pueda cumplir con sus funciones propias de jefe de Estado”.
El proceso competencial fue ingresado al TC el último 25 de julio, según el diario. Ahora, sus magistrados deberán evaluar si cumple con los requisitos para su admisión. Posteriormente, se notificará al Ministerio Público y al Poder Judicial, que deberán responder en un plazo de 30 días.
En mayo pasado, el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, explicó que la demanda buscaba “resguardar la institucionalidad de la figura presidencial” y consideró que Boluarte enfrentaba “una persecución sistemática e inconstitucional”.
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