Protestas en Ayacucho contra Dina Boluarte: Fiscalía realizará reconstrucción de los hechos este 8 de agosto

El próximo 8 de agosto, la Fiscalía llevará a cabo una diligencia en Ayacucho que implica la reconstrucción de los hechos acaecidos en diciembre del 2022, durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Estas manifestaciones se saldaron trágicamente con la vida de 10 personas en Huamanga.

A través de un comunicado, el Ministerio Público detalló que la reconstrucción se realizará en múltiples ubicaciones de Huamanga, entre ellas la pista de aterrizaje en el sector de Conchopata, la pista de aterrizaje cabecera sur, los exteriores del aeropuerto, la vía Evitamiento, la avenida Ejército y el Parque Alameda Andrés Vivanco Amorín.

Adicionalmente, se procederá a la toma de muestras de cotejo para la realización de una pericia antropológica forense que podría revelar detalles importantes sobre los responsables de la masacre del 15 de diciembre.

En el marco de la investigación, se someterán a peritaje a los investigados Jimmy Alex Vengoa Bellota, Osnar Alex Oré Rafael, Iván Pablo Galarza Hinostroza, Enrique Sampén Díaz y Pinto Ybárcena Lindell Alberto. Según detalló Exitosa, estos individuos deberán presentarse con el uniforme militar que portaron durante los hechos de diciembre de 2022.

En esa línea, la Fiscalía ha subrayado la urgencia de esta diligencia, que ha sido postergada en tres ocasiones previas por diversos motivos. Jimmy Alex Vengoa Bellota, uno de los investigados, solicitó una nueva reprogramación alegando que el día previsto ocurrirá un paro, no obstante, la Fiscalía desestimó este argumento, dado que la manifestación se llevará a cabo a una hora y media de Huamanga y no representa un impedimento.

Asimismo, la falta de informes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), en particular de los generados por el general de división EP (Ejército Peruano) Miguel Ángel Gonzales Bohórquez y el general de división EP (r) Manuel Gómez de la Torre Aranibar, ha suscitado inquietud.

La Fiscalía consideró crucial estos documentos para una comprensión integral de los hechos y la determinación de responsabilidades.

La reconstrucción de los hechos también intentará establecer si los imputados corresponden a las personas identificadas en las imágenes de las cámaras de seguridad grabadas el día de los incidentes. Además, se busca verificar la coincidencia de sus acciones con los testimonios y evidencias recopiladas hasta la fecha. La diligencia iniciará a las 11:00 a. m. y se extenderá hasta las 3:00 p. m.

Sobre este contexto, el Ministerio Público ha subrayado la importancia de avanzar en la diligencia para proporcionar justicia a las víctimas y sus familias, así como para esclarecer los hechos ocurridos en dicho periodo de protestas.

En Cusco, el encarcelamiento de cuatro jóvenes quechua-hablantes ha desatado una ola de indignación y protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Los jóvenes, Redy Huamán Camala (22), Ferdinand Huancaqui Yucra (22), Richard Camala Coyo (22) y Joel David Huallanca Huaman (21), provenientes de la comunidad campesina de Cuyo Grande, fueron condenados a penas de prisión efectiva de entre 6 y 7 años, tras ser encontrados culpables de disturbios y entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos en las manifestaciones de enero de 2023.

El Poder Judicial del Cusco confirmó estas sentencias por medio de la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia, señalando que los jóvenes aceptaron la terminación anticipada del proceso y se declararon culpables de los cargos.

Sin embargo, sus familias argumentan que estos no comprendieron completamente los términos legales que aceptaron y que la falta de una adecuada asesoría legal podría haber influido en su decisión.

Desde el 31 de enero de 2023, los cuatro jóvenes han estado recluidos en el penal de Quencoro, una cárcel que ha albergado a muchas personas en circunstancias similares debido a la ola de protestas contra el gobierno nacional.

Pese a los diversos esfuerzos realizados para lograr su liberación, el Poder Judicial continúa denegándoles esta posibilidad, argumentando una falta de arraigo domiciliario.