Con menos de dos semanas en el cargo de presidente del Congreso, Eduardo Salhuana ya enfrenta una posible investigación en el congreso, no por sus presuntos vínculos con la minería ilegal en el país, sino por un trabajador de su despacho, Jamill Marzuka Cortez, quien además de percibir más de 7 mil soles mensuales por su labor en el Parlamento, también es asesor de Marketing y Comunicaciones del club Universidad César Vallejo (UCV).
Para el congresista no agrupado -exmiembro de la bancada de Podemos Perú- Carlos Anderson, el caso del trabajador en el despacho de Salhuana merece ser investigado por la Comisión de Ética del Parlamento debido a que Marzuka habría incurrido en el cumplimiento de una doble función. Sin embargo, también reconoció que este grupo parlamentario “es un fracaso”.
“Tendría que pasar de inmediato a Ética, porque hay un caso clarísimo. El problema está en la respuesta que da el congresista Salhuana cuando lo entrevistan y prácticamente dice que no conoce quién es (Marzuka) (...) Eso fue bien extraño porque mínimo uno tiene que saber quién trabaja en tu oficina (...)”, indicó el congresista a RPP.
Esto en referencia a que, al ser consultado sobre las actividades de Jamill Markuza en su despacho, el congresista de Alianza para el Progreso (partido fundado por César Acuña, que además es dueño del club UCV), indicó que ‘no tenía claro’ si el trabajador está vinculado a su despacho y que lo iba a investigar. “Él trabaja en la bancada de APP, pero voy a verificar”, sostuvo en el programa Panorama.
Pese a su pedido, Anderson también criticó la labor que ha tenido la Comisión de Ética del Congreso y propuso que esta instancia debería ser un ente independiente del Parlamento.
“Si queremos orientar el comportamiento de los congresistas bajo criterios éticos, debemos tener un ente fuera del Congreso. Que realmente personas con autoridad moral puedan castigar el comportamiento no ético e investigarlo en profundidad, pero eso no sucede en la Comisión de Ética. Hemos visto caso tras caso flagrante de todo tipo que demoran una eternidad. Todo depende de los votos que se están negociando, etc. Nada ha cambiado, sigue siendo el mismo”, afirmó en RPP.
Caso Alberto Fujimori: Eduardo Salhuana y Alejandro Soto no asumen responsabilidad por pago de pensión vitalicia
En un intento por deslindarse de la responsabilidad política por facilitar que el exmandatario, sentenciado por delitos de corrupción y violaciones de derechos humanos, Alberto Fujimori, pueda acceder a un pago mensual superior a los 15 mil soles más beneficios adicionales, tanto Salhuana como Soto, presidente y expresidente del Congreso, dieron explicaciones contrarias sobre el proceso que siguió el pedido presentado por el exmandatario pese a que ambos pertenecen a la misma bancada: Alianza Para el Progreso.
En conversación exclusiva con Infobae Perú, Alejandro Soto sostuvo que la solicitud del expresidente Fujimori para acceder a su pensión vitalicia era conocida por todos desde que el tema se hizo público durante el mes de abril del 2024.
Sin embargo, el expresidente del Congreso aclaró que “una cosa es tener conocimiento de un pedido y otra muy distante es aprobarlo. En mi gestión la Mesa Directiva no ha tratado ese tema ni ha aprobado ningún beneficio ni una pensión en favor del expresidente Fujimori”, afirmó.
“Lo que yo puedo decir con certeza es lo siguiente: Ingresado el pedido a las oficinas administrativas, estas emiten opiniones favorables. Eso es lo que se conoce, pero ese procedimiento administrativo debió ponerse en conocimiento de la Mesa Directiva. Nunca se puso en conocimiento de la Mesa Directiva (que yo presidía)”
Por su parte, en una entrevista con Canal N, el actual presidente del Congreso sostuvo que aunque es durante su gestión que se hizo oficial el otorgamiento de la pensión vitalicia al expresidente Fujimori, esta se inició varios meses antes -en abril-, durante la gestión de su predecesor, Alejandro Soto.
“El pedido del expresidente Alberto Fujimori fue ingresado a fines de abril. En mayo el presidente del Congreso de esa fecha (Alejandro Soto) lo deriva a instancias administrativas, y esta va a la oficina de asesoría legal, a la oficina de presupuesto, de finanzas para las opiniones técnicas y legales correspondientes, y si es que hay recursos para hacerlo efectivo. Estos tres informes llegan en junio y el 10 de julio el área administrativa notifica al señor Alberto Fujimori que su solicitud había sido declarada procedente por las instancias administrativas y a fines de ese mes se le hace el depósito correspondiente al mes de julio”, dijo Salhuana en conversación con Canal N.
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