Caso awajún: Congreso archiva moción de censura contra ministros de Educación y de la Mujer por no cumplir con los requisitos

El Pleno del Congreso, presidido por Eduardo Salhuana, cerró la sesión de este lunes 5 de agosto con la decisión de pasar al archivo la Moción de orden del día 12365. Ella se proponía la censura de Morgan Quero Gaime, ministro de Educación, y Ángela Hernández Cajo, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El proceso de archivado se fundamentó en el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 86 del Reglamento del Congreso, particularmente en lo relacionado con el número de firmas necesarias para su presentación.

La moción 12365 fue presentada por un grupo de 33 congresistas, encabezados por Ruth Luque Ibarra, parlamentaria de Cambio Democrático-Juntos por el Perú. Algunos de ellos retiraron sus firmas en el petitorio. La acción legislativa fue debida a las denuncias de discriminación y desatención a las niñas y niños de las comunidades awajún y wampis, en la provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas. Desde hace más de una década, esta región enfrenta una alarmante situación de violencia sexual cometida por docentes contra escolares, lo que generó críticas hacia los ministros por su falta de respuesta efectiva y declaraciones consideradas discriminatorias.

Durante la presentación de la moción, Ruth Luque expresó que ambos ministros evitaron dar la cara ante las comisiones parlamentarias pertinentes, como la Comisión de Mujer, la Comisión de Pueblos Andinos y la Comisión Especial de Infancia. Cuando finalmente asistieron a una sesión de la Comisión de Educación, según la congresista, no asumieron las responsabilidades políticas necesarias frente a la crisis en Condorcanqui. La censura, en este contexto, se planteó como la sanción política adecuada ante el incumplimiento de sus funciones.

Morgan Quero fue objeto de duras críticas no solo por su inacción, sino también por sus declaraciones sobre la situación en los pueblos amazónicos. El ministro sugirió que los abusos sexuales podrían formar parte de una “práctica cultural” en estas comunidades, afirmación que generó rechazo y fue interpretada como una normalización de la violencia. Estas declaraciones fueron resaltadas en el texto de la moción de censura como una muestra de irresponsabilidad política.

Ángela Hernández Cajo, por su parte, también fue criticada por adoptar una postura similar. En sus declaraciones, refirió que la violencia sexual en las comunidades indígenas podría tener un trasfondo cultural, reforzando estereotipos negativos en lugar de promover medidas efectivas de protección y prevención para estas poblaciones vulnerables.

Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, expresó que hubiera preferido que el ministro se reuniera directamente con las comunidades donde se concentran la mayoría de los casos de violencia. Olivia Bisa, lideresa de la Nación Chapra, también manifestó su preocupación por la continuidad laboral de maestros y auxiliares con denuncias de violencia sexual en otras comunidades. Ambas lideresas coincidieron en la necesidad de que el ministro se sentara en una mesa con representantes de las distintas comunidades para abordar sus problemáticas de manera directa.

Por su parte, Hermógenes Lozano, alcalde de Condorcanqui, expresó su preocupación por la limitada capacidad de respuesta del sistema judicial en la región. Actualmente, solo dos fiscales tienen la tarea de investigar 426 casos de agresión sexual, lo que dificulta la resolución efectiva de estos casos y aumenta el riesgo de impunidad. Lozano solicitó al Estado más recursos humanos y logísticos para asegurar que las investigaciones no queden estancadas y que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.