Fuera de Lima, la indignación por el encarcelamiento de cuatro jóvenes cuzqueños quechuahablantes que protestaban contra el gobierno de Dina Boluarte crece. Se trata de Redy Huamán Camala (22), Ferdinand Huancaqui Yucra (22), Richard Camala Coyo (22) y Joel David Huallanca Huaman (21), miembros de la comunidad campesina de Cuyo Grande, quienes han recibido penas de prisión efectiva que oscilan entre 6 y 7 años.
Esto, después de ser hallados culpables de los delitos de disturbios y entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos, a través del lanzamiento de piedras a un bus, en el contexto de su participación en las manifestaciones contra el actual régimen en enero de 2023.
La Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco confirmó la acción en primera instancia, señalando que los jóvenes aceptaron la terminación anticipada del proceso y se declararon culpables de los delitos imputadas.
No obstante, sus familiares sostienen que la falta de comprensión sobre los términos de dicho procedimiento legal podría haber influido en su decisión de aceptar los cargos y la sentencia propuesta, la cual ha sido considerada totalmente desproporcionada.
Denuncian indiferencia y omisión al contexto cultural
Los jóvenes han estado recluidos en el penal de Quencoro desde el 31 de enero de 2023, es decir, durante un año y medio, y, a pesar de los esfuerzos por obtener su libertad, el Poder Judicial sigue negándoles esta posibilidad debido a la falta de arraigo domiciliario.
Pese a que uno de los puntos controversiales en este caso es que la jueza de primera instancia no tuvo en cuenta el bajo nivel educativo de los jóvenes, quienes, además, recibieron una asesoría inadecuada por parte de sus abogados, según afirma la nueva defensa.
Asimismo, señala que la decisión emitida el 28 de febrero de 2024 se basa en una sentencia de conformidad, que se alcanzó a través de un proceso de conclusión anticipada, el cual permite a los acusados aceptar su responsabilidad a cambio de una pena más benigna, lo que evita un juicio prolongado.
Sin embargo, dado a la sentencia excesiva, se ha decidido presentar un recurso de casación. Esto a fin de reconsiderar si la decisión tomada por la jueza anterior fue justa y correcta, teniendo en cuenta que también se habría pasado por alto que los jóvenes estaban dispuestos a pagar una compensación por sus acciones.
Por su lado, la comunidad de Cuyo Grande, junto con sus líderes, ha manifestado su profunda preocupación por la sentencia y criticado la indiferencia de las instituciones hacia su situación, argumentando que las autoridades no están considerando su contexto cultural y socioeconómico ni las condiciones en las que se llevó a cabo el proceso judicial.
En esa línea, un miembro de la comunidad expresó su frustración, resaltando que esta situación refleja una marginación y falta de respeto hacia las comunidades indígenas.
“Ninguno de los recursos que hemos presentado ha sido tomado en cuenta. Tanto el Ministerio Público como el juzgado han ignorado nuestras solicitudes. Lo más triste para nosotros es que, como comunidades indígenas, ni siquiera nos han escuchado. Nos tratan como si fuéramos una comunidad cualquiera y, en otras palabras, nos marginan”, declaró a Radio Exitosa.
Además, agregó que la falta de atención a sus demandas y la desconsideración de sus contextos particulares fomentan un sentimiento de injusticia y abandono. En ese sentido, la lucha por la libertad de los jóvenes continuará.
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