La revelación de que casi 700 embarcaciones depredaron recursos del mar del Perú durante el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte generó las primeras respuestas por parte del Congreso con la intención de que se tomen acciones para evitar que más casos de pesca ilegal como el registrado por pescadores artesanales de Piura, que hallaron un barco pesquero chino en aguas peruanas a mediados de julio del 2024.
Precisamente por esos días, el 16 de julio, Produce emitió la Resolución Ministerial N.° 286-2024-PRODUCE, que presentaba un proyecto de Decreto Supremo en el que se establecían medidas para “prevenir y desalentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”. Sin embargo, a día de hoy no ha sido publicada y, por lo tanto, no está vigente en el Perú.
El documento ministerial, al igual que el proyecto, que son de acceso público, establecen medidas de control de las actividades de pesca en el mar del Perú, como el seguimiento y vigilancia de las embarcaciones, monitoreo de su posicionamiento por GPS, ingresos a puertos nacionales, etc.
Sin embargo, estas medidas no consideran los métodos utilizados por embarcaciones con antecedentes de pesca ilegal para ingresar al territorio peruano y depredar los recursos marinos: la manipulación del equipo GPS y el ingreso con la excusa de los arribos forzosos por emergencias
La respuesta del Congreso: Inspecciones y registro de a embarcaciones extranjeras con antecedentes
Infobae Perú pudo acceder a un oficio enviado al titular del Ministerio de la Producción, Sergio González Guerrero, por parte de la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) en la que se pide al ministro que se cumpla con la publicación del Decreto Supremo y que además se incluyan acciones adicionales que ayuden a prevenir la pesca ilegal.
La primera medida a incluir en el decreto supremo sería la necesidad de realizar “realizar inspecciones a las embarcaciones pesqueras extranjeras que ingresen a puertos peruanos usando la figura del arribo forzoso”, esto para que las emergencias no sean utilizadas como una excusa para evadir los controles del Estado y se corrobore que la llegada de estas embarcaciones se produzca por una emergencia real.
Además, se instó a Produce a que se elabore un listado de todas las embarcaciones extranjeras que hayan incurrido en actos de pesca ilegal en aguas peruanas con el fin de que el “Estado Peruano no dependa de listados elaborados por entes internacionales y pueda tomar las acciones preventivas correspondientes e inmediatas respecto a las embarcaciones infractoras”.
La intención de la propuesta sería para que las embarcaciones que cometan estos delitos no puedan ingresar al territorio nacional. Sin embargo, estas propuestas solo serán aplicadas si el Ministerio de la Producción acepta incluirlas dentro de su proyecto.
Gobierno de Dina Boluarte permite que casi 700 embarcaciones chinas depreden recursos del mar peruano
Un informe publicado en el semanario Hildebrandt en sus 13 revela que en la actualidad existen 670 embarcaciones chinas ubicadas en el borde de las 200 millas del mar peruano. No solo eso, sino que también ingresan al territorio peruano cuando desean. Algunas no poseen un sistema de geolocalización que permite conocer su ubicación, mientras que otras lo apagan durante largos periodos de tiempo.
En particular, las embarcaciones chinas denunciadas tendrían como objetivo la extracción de pota del mar peruano, un recurso marino abundante en el territorio nacional y del que depende la economía de los pescadores artesanales que extraen este calamar.
La depredación de la pota en el mar del Perú ha afectado las actividades de los pescadores. Carlos Bayona, quien grabó el video de los barcos chinos en Perú hace unas semanas, indicó a H13 que “la faena, que hace 10 años duraba uno o dos días, hoy demora dos semanas para recolectar 15 toneladas de pota”. Además, sostuvo que las naves chinas son capaces de extraer 900 toneladas en solo una semana.
Según el director de la ONG Oceana, Juan Carlos Sueiro, en contacto con Hildebrandt en sus 13, “en el contexto de la discusión de la actualización del Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. Ahí empezaron a sacarle la vuelta a la norma. Tenemos la impresión de que el Ejecutivo aceptó hacer la vista gorda y no defender su dignidad y soberanía”.
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