Dina Boluarte pide respeto al voto de los venezolanos y asegura que su gobierno está comprometido “con los derechos humanos”

En defensa de Venezuela. La presidenta Dina Boluarte se refirió a la situación que miles de venezolanos viven ante el fraude electoral cometido por el régimen de Nicolás Maduro. Durante el 203º aniversario de la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, la mandataria manifestó que la política exterior de su administración está orientada hacia la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos.

“Un claro ejemplo de nuestro compromiso con nuestros valores es nuestra firme postura frente al fraude electoral en Venezuela. El Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha condenado enérgicamente en el proceso electoral venezolano, destacando la falta de transparencia y la manipulación de los resultados”, manifestó Boluarte.

En ese sentido, hizo alusión a la participación del canciller ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y coincidió en la necesidad de abogar por el respeto al derecho de cada ciudadano de emitir su voto libremente, exigiendo transparencia y legitimidad. “Lo que impera es el respeto a aquella voluntad de cada ciudadano venezolano expresado en esa fiesta democrática del 28 de julio, donde han ido a emitir su voto para determinar, en un nuevo periodo, a su presidente. Ese respeto es el que exigimos a Venezuela”, aseguró Boluarte.

La posición de Boluarte sobre el respeto a la voluntad popular y derechos humanos se da en el marco de la denuncia constitucional presentada en su contra por las muertes de 44 peruanos en las protestas al inicio de su gobierno, entre diciembre del 2022 y enero del 2023.

En un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, el Ministerio Público indica que la denuncia constitucional presentada contra Boluarte en el Congreso también alcanza a exministros de su gobierno: Pedro Angulo Aranda, Alberto Otárola, Jorge Luis Chávez, César Cervántes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero.

Según la información oficial de la Fiscalía, los altos funcionarios serían “presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado”. Es importante señalar que, además, existen 303 carpetas fiscales, en los distritos de las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad.

Ello, por hechos vinculados a la presunta comisión de delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte público, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidios y lesiones en agravio del Estado, miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.

En el contexto de la situación en Perú, González-Olaechea defendió las acciones del gobierno de Boluarte pese a que durante las protestas contra su administración perdieron la vida más de 40 personas. Manifestó entonces haber revisado las “trescientas páginas” del informe en varias ocasiones y reafirmó su posición: “Me ratifico en lo que dije en ese artículo. Yo decía que el informe había omitido cosas importantes y había dicho medias verdades.”

El informe de la CIDH, publicado en 2023, concluyó que en algunos casos, las muertes de ciudadanos en Puno y Ayacucho podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Durante las protestas en esas regiones, tanto civiles como personal de seguridad del Estado protagonizaron enfrentamientos violentos que resultaron en múltiples fallecimientos.

La reacción del canciller peruano ha generado controversia debido a la aparente dualidad en su postura sobre derechos humanos y protestas en Venezuela y su propio país, las cuales reportaron un gran número de fallecidos.