El exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) recibirá una pensión de 15.600 soles, después de que la Oficina Legal y Constitucional del Congreso decidiera aprobar, mediante un informe, una solicitud presentada por la defensa legal del exautócrata en abril pasado.
En un documento fechado el 10 de julio y difundido este jueves por el programa Beto a Saber, la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso, Haidy Figueroa, informó a Fujimori que su petición “fue derivada” a ese despacho para que lo evalúe y emita una serie de conclusiones.
“La Ley N.º 26519, establece pensión para los expresidentes, para cuyo efecto, establece dos reglas en sus artículos 1° y 2°; siendo la primera, la de ostentar la calidad de expresidente constitucional de la República; mientras la segunda es no encontrarse acusado constitucionalmente, ‘salvo que la sentencia judicial los declare inocentes’”, se lee en el texto.
“La suspensión de la pensión es instrumental, pues se halla condicionada a posterior de la acusación constitucional a la declaratoria de inocencia. La exigencia de esta declaratoria de inocencia podría vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, reconocido por el literal e) del numeral 24 del artículo 2° de la Constitución [...] En consecuencia y luego de la verificación antes mencionada, la solicitud [...] resultaría procedente”, continúa.
Fujimori, quien adeuda una reparación civil de 57 millones de soles, presentó en total tres requerimientos basados en un acuerdo de la Mesa Directiva que data del 2016. El primero, fechada el último 26 de enero, propuso la contratación de Óscar Paredes bajo la modalidad CAS, para que sirva como su asistente.
Posteriormente, el 20 de marzo, fue firmado otro documento para requerir vales de combustible destinado a un vehículo Honda con placa AXX-588, registrado a nombre de Susana Higuchi, su fallecida exesposa. La última solicitud fue presentada el 24 de abril, cuando el exdictador pidió una pensión acorde con la Ley N.º 26519, que equivale al sueldo de un legislador (S/ 15.600).
En diálogo con la televisora, el abogado del exdictador, Elio Riera, indicó que la pensión correspondiente a su cliente se encuentra en suspenso y no ha sido eliminada, pese a que fue condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad. Según el letrado, la normativa vigente establece que las acusaciones constitucionales mantienen la pensión en un estado de suspensión.
“El señor, al día de hoy, no tiene acusaciones en su contra. Fue vacado hace más de 24 años, por lo cual tiene derecho a exigir una pensión por el tiempo transcurrido. La lectura incorrecta es que suspender equivale a eliminar, pero no es así”, señaló.
De igual modo, hizo hincapié en la “autonomía normativa” del Parlamento, “como tal, es justo quien interpreta la ley en función al pedido que se hace. No se tiene que hacer avocación a ninguna sentencia, sino [establecer] si corresponde la pensión o no”, siguió.
Después de que Fujimori fuera excarcelado, en diciembre del 2023, la Procuraduría General del Estado insistió en que su millonaria deuda sigue vigente y que el monto acumula intereses. El exdictador renunció a su pensión y no posee bienes a su nombre que puedan ser utilizados para el pago de la indemnización civil.
La Procuraduría también enfatizó la responsabilidad del Ministerio Público de asegurar que el octogenario no abandone el país, especialmente ante la existencia de casos pendientes de extradición. El julio último, su heredera política y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que su padre, de 86 años, volverá a postular a la Presidencia en las elecciones generales de 2026.
El exdictador fue liberado después de que el Tribunal Constitucional restituyera el indulto humanitario otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. El Poder Judicial ha rechazado la prescripción del delito de asociación ilícita para delinquir en un proceso por violaciones a los derechos humanos, que incluye a Fujimori, su ex asesor Vladimiro Montesinos y ex altos mandos militares.
El proceso está relacionado con los casos de Pativilca y La Cantuta, donde el grupo militar encubierto Colina asesinó a 16 personas en 1992. Mientras la Fiscalía ha solicitado condenas de al menos 25 años de prisión, Montesinos fue sentenciado a 19 años y 8 meses en enero tras aceptar su responsabilidad. Fujimori, por su parte, rechazó acogerse a la conclusión anticipada y se negó a la petición fiscal de arresto domiciliario, que también fue desestimada.
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