El ministro de Justicia, Eduardo Arana, informó este miércoles que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte está realizando coordinaciones para que otra “delegación diplomática” se encargue de los trámites pendientes de los ciudadanos venezolanos que radican en el país —alrededor de 1,5 millones de migrantes y refugiados—, ante la suspensión de la atención consular por parte de la embajada de Caracas.
“La Cancillería ha dispuesto, hace dos días, algunas negociaciones y coordinaciones con otras legaciones para que todo el procedimiento consular y diplomático necesario [para peruanos en Venezuela] sea atendido por otras embajadas. Del mismo modo, enviamos un mensaje a los venezolanos que radican en Perú”, dijo en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
“A pesar de que la plana de diplomáticos [venezolanos] ya se ha retirado del país, se está coordinando para que otra delegación diplomática se haga cargo de los trámites respectivos”, añadió. La embajada venezolana cerró de forma indefinida la atención consular tras la expulsión de sus diplomáticos, a los que el Gobierno de Boluarte les dio un plazo máximo de 72 horas para que abandonen el país.
En un comunicado posterior, el canciller Javier González Olaechea indicó que esta medida fue ordenada debido a “las graves y arbitrarias decisiones tomadas hoy por el régimen venezolano”. Desde entonces, cientos de venezolanos se han congregado en la sede diplomática de su país, la mayoría por motivos administrativos, para reclamar el pasaporte que habían pagado anteriormente u otros trámites consulares.
Perú se convirtió en la primera nación en reconocer a Edmundo González Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática, como “presidente electo” de Venezuela. El ministro de Exteriores peruano, uno de los más críticos hacia la dictadura, indicó que esta “posición es compartida por numerosos países, gobiernos y organismos internacionales”.
Por la madrugada del domingo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la victoria de Nicolás Maduro con el 51% de los votos. Sin embargo, el principal bloque opositor asegura tener el 85% de las actas que otorgan un amplio margen a favor de Edmundo González Urrutia, quien reemplazó a la inhabilitada María Corina Machado.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina y España, entre otros, han solicitado a las autoridades electorales que publiquen las actas de votación para verificar los resultados. Según el comando Con Venezuela, González Urrutia recibió en Perú 184 votos frente a los 9 del dictador, con 8 votos nulos.
![El ministro de Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea, pronuncia un discurso en Pekín, China. EFE/EPA/Andrés Martínez Casares](https://www.infobae.com/new-resizer/vV-hq8ocuLIDZd6brv0vg5BjiFg=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/EZABNJFBZVD43GO3DHM7KE6DJQ.jpg 420w)
De los 659 electores habilitados, solo 210 acudieron a las urnas, precisó el abogado Darwin Izaguirre, coordinador electoral del comando. Pese a que la comunidad venezolana en el país es de aproximadamente un millón y medio de personas, de las cuales 800 mil están en edad para votar, solo 70 pudieron inscribirse debido a los difíciles requisitos exigidos, como el pasaporte vigente, que muchos no tienen o tienen vencido, y la calidad migratoria permanente.
Por la tarde, el canciller peruano confrontó a los 11 países que se abstuvieron de votar en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre una resolución que exigía al régimen chavista publicar de inmediato las actas de las elecciones.
En la sesión extraordinaria celebrada en Washington, el texto recibió 17 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones (incluido Brasil, Colombia y México) y cinco ausencias, lo que impidió alcanzar la mayoría absoluta necesaria para su aprobación.
González Olaechea expresó su solidaridad con los líderes opositores, “y con los millones de venezolanos que buscan vivir en libertad”. También criticó la abstención como una falta de voluntad para tomar una posición clara sobre la verificación de los votos en unos comicios fraudulentos y señaló que la ausencia de cinco países, incluso vía electrónica, agrava la situación.