Venció el plazo para que el Ejecutivo observe o promulgue la ley de lesa humanidad

La presidenta Dina Boluarte no tomó postura sobre dos polémicas autógrafas de ley aprobadas recientemente por el Congreso de la República.

Entre ellas, la ley sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que llegó al Despacho Presidencial el 8 de julio, estableciendo que ningún hecho ocurrido antes del 1 de julio de 2002 podrá ser procesado como tal. Pues, según esta norma, cualquier procesamiento basado en hechos previos a esta fecha se consideraría nulo y sin validez.

Como se sabe, ante ello, diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación, argumentando que la ley podría fomentar la impunidad y obstaculizar investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1980-2000), periodo que dejó miles de víctimas, la gran mayoría de sectores quechuahablantes, campesinos y pobres, cuyos derechos han sido históricamente ignorados.

La Fiscalía ha señalado que la normativa tendría un impacto directo en 550 víctimas y 600 casos, incluyendo investigaciones y procesos judiciales que podrían ser archivados o culminados penalmente debido a la prescripción.

En ese contexto, el exdictador Alberto Fujimori, cuyo régimen se desarrolló en el país de 1990 a 2000 y fue condenado en 2009 por violaciones a los derechos humanos, sería uno de los principales beneficiarios de esta ley, impulsada por el partido Fuerza Popular (FP), liderado por Keiko Fujimori, hija del expresidiario.

Además, serían favorecidos militares acusados o condenados por crímenes en dicha época, tales como Daniel Urresti Elera, acusado de violación sexual en agravio de la ciudadana ayacuchana Ysabel Rodríguez Chipana y del asesinato del periodista Hugo Bustíos.

Lo mismo sucedería con el operador político Vladimiro Montesinos, condenado por el asesinato de la suboficial y agente de inteligencia Mariela Barreto Riofano, entre otros cargos, así como exmiembros de Sendero Luminoso (PCP-SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), organizaciones terroristas.

A pesar de las advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) —organismos internacionales que han condenado la aprobación de la ley, resaltando que está en abierto desacato a lo dispuesto por la Corte IDH—, la jefa de Estado no decidió sobre esta.

Su falta de posición ha sido crucial para determinar el futuro de la justicia en relación con graves crímenes. Entre estos se incluyen: Chuschi, la matanza de El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos, La Cantuta, El Santa-Aldo Velásquez, Huancapi, Cedruyo, Madre Mía, Universidad del Centro, Putis, Sobres Bomba, Esterilizaciones Forzadas, Castro Castro, Accomarca y Galván Borja.

Asimismo, en agenda, se encuentra la promulgación de la autógrafa de ley de crimen organizado, cuyo plazo venció el 2 de agosto. Esta norma modifica la definición de organización criminal y establece nuevas reglas para los allanamientos, aunque, de acuerdo a especialistas en la materia, debilita la lucha contra el crimen organizado.

Pues, sostienen que la propuesta, impulsada por el congresista Américo Gonza y respaldada por Perú Libre, limita las facultades del Ministerio Público y dificulta la obtención de pruebas y persecución de delitos con penas superiores a seis años de cárcel. Además, excluye ilícitos como tráfico de órganos, estafa agravada y tortura simple.