Asociación Peruana de Farmacias propone ley para evitar colusión en compras públicas de medicinas esenciales

La Asociación Peruana de Farmacias solicita a las autoridades peruanas que investiguen la presunta colusión de diversas empresas farmacéuticas en licitaciones públicas y adopten medidas legislativas pertinentes. Este pedido busca proteger la transparencia y asegurar el acceso a medicamentos esenciales para la población.

Recientemente, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó sobre el inicio de un proceso administrativo sancionador contra quince empresas farmacéuticas y cinco personas naturales. Estas entidades están siendo investigadas por su posible participación en irregularidades en procesos convocados por el Estado desde 2006 hasta 2020.

“La presunta colusión entre estas empresas pone en riesgo la salud pública y afecta negativamente la transparencia en el acceso a los medicamentos”, expresó Ana María Jiménez, presidenta de Aspefar. “Estamos comprometidos a denunciar cualquier conducta deshonesta y a mantenernos atentos ante cualquier indicio de estas prácticas. Nos preocupa que haya colusión debido a que esto deja a la población sin medicamentos”, añadió.

Indecopi está examinando 23 procesos de contratación pública relacionados, sospechando que diversas empresas habrían coordinado propuestas y abstenciones para garantizar la obtención de licitaciones de medicamentos destinados al Ministerio de Salud y EsSalud bajo la modalidad de subasta inversa.

En respuesta a este panorama, Ana María Jiménez anunció que emitirán un documento oficial dirigido al Ministerio Público para exigir investigaciones exhaustivas y sanciones pertinentes. Además, propuso al Congreso la elaboración de un proyecto de ley que clarifique los procedimientos de adquisición de medicamentos por parte del Estado.

La propuesta legislativa que Aspefar desea impulsar busca no solo sancionar prácticas desleales, sino establecer un marco normativo que favorezca la competencia justa y transparente.

“El Proyecto de Ley que proponemos al Congreso es esencial para erradicar estas prácticas que perjudican a todos los peruanos”, afirmó Jiménez en su reciente declaración. “Queremos una legislación que sea clara y que contemple sanciones severas para los involucrados en actividades colusorias.”

Aspefar también subraya la importancia de mejorar los mecanismos de supervisión y control para prevenir la repetición de tales incidentes en futuras adquisiciones estatales de medicamentos.

Entre las empresas investigadas, se destaca Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L., que, según información del sistema oficial de contrataciones y adquisiciones públicas, aún figura como proveedor del Estado. A pesar de su historial, que incluye dos multas impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado por un monto superior a 99 mil soles y cinco penalidades adicionales por más de 2 mil soles debido a incumplimientos en sus contratos, esta empresa sigue participando en compras públicas. Su actual gerente general es Luis Alberto Pasache Espinoza.

En el año 2020, Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L. obtuvo contrataciones significativas para el suministro de hidroxicloroquina e ivermectina, con un valor de 9,035,694 soles y 8,345,275 soles respectivamente. Cabe resaltar que, en esa época, ya existían estudios clínicos que desaconsejaban el uso de estos medicamentos como terapias para la Covid-19, lo cual genera dudas sobre la efectividad y pertinencia de estas adquisiciones. A pesar de eso, la compañía ha continuado siendo un proveedor activo del sector salud y solo en el presente año ha registrado adjudicaciones por más de 6 millones de soles en compras públicas.

Otro actor relevante en esta lista de investigados es el Instituto Quimioterápico S.A., el cual acumula seis penalidades por un total que supera los 90 mil soles.

El problema no es menor, ya que estas prácticas comprometen no solo la calidad de los medicamentos que llegan a los pacientes, sino también su disponibilidad y precio. Los arreglos colusorios pueden llevar a una escalada en los costos de los medicamentos, encareciendo los tratamientos para enfermedades comunes y graves que afectan a la población.

“La transparencia en las licitaciones públicas es fundamental para que todos los ciudadanos tengan acceso a medicamentos de calidad a un precio justo”, insistió Jiménez. “Es crucial restaurar la confianza en los procesos de adquisición pública para garantizar que los recursos del Estado sean utilizados de manera eficiente y justa”.