Relatora de la ONU señaló que Perú incumplió recomendaciones para asegurar protestas pacíficas

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, señaló que el Estado peruano incumplió las recomendaciones que brindaron para evitar la discriminación hacia las protestas pacíficas. Las sugerencias buscaban garantizar seguridad en las manifestaciones, en el marco de las marchas contra Dina Boluarte, que se realizaron el 27, 28 y 29 de julio, en Lima.

A través de su cuenta oficial de X, la relatora especial detalló que pretendían promover el diálogo para conocer las causas de las protestas. También buscaban que las marchas no se criminalicen.

“(...) que la prisión preventiva cumpla los requisitos de proporcionalidad y excepcionalidad y no discriminación; segurar el cumplimiento de las normas internacionales cuando se investigue a personas pertenecientes a Pueblos Indígenas; poner fin a formas de investigaciones penales presuntamente arbitrarias iniciadas contra civiles en el contexto de protestas sociales”, se lee en su cuenta de X.

Romero también había solicitado al gobierno peruano que ofreciera disculpas públicas por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de finales de 2022 y principios de 2023 contra el régimen de Dina Boluarte.

Menos de dos horas después de que Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, y Gustavo Adrianzén, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, anunciaran el cierre de la investigación por genocidio contra la mandataria, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra Boluarte por las muertes de 49 personas durante las protestas al inicio de su gobierno, entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, el Ministerio Público informó que la denuncia constitucional contra Boluarte en el Congreso también incluye a exministros de su administración. Se trata de Pedro Angulo Aranda y Alberto Otárola, como presidentes del Consejo de Ministros; Alberto Otárola y Jorge Luis Chávez, como ministros de Defensa; César Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero, como ministros del Interior.

Según la Fiscalía, estos altos funcionarios serían presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado.

Los delitos se habrían cometido durante el periodo de protestas que comenzaron al inicio del gobierno de Dina Boluarte, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, en diversas regiones como Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad. En estos eventos, 44 personas murieron por disparos, 3 por golpes con objetos contundentes, y otras 116 resultaron heridas, ya sea de gravedad o de manera leve.

El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, aclaró que el archivo de la investigación no implica que la presidenta Dina Boluarte o los ministros involucrados estén exentos de responsabilidades penales.

Con la presentación de la denuncia constitucional, la atención se centrará en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que tendrá que elaborar un informe de calificación y decidir si admite o no la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación.

“La Fiscalía, al estar próximo el cierre de la investigación, está tomando decisiones para hacer una suerte de saneamiento del curso de la investigación, desestimar términos procesales de la investigación por el delito de genocidio. Esto no significa que Boluarte o los ministros queden excluidos de algún tipo de responsabilidad legal. La investigación por el delito de homicidio calificado persiste”, explicó en Exitosa.

Si la denuncia es admitida, la Subcomisión remitirá el caso al Pleno del Congreso, que deberá tomar la decisión final sobre si procede la denuncia de la Fiscalía. En caso de ser aprobada, el Ministerio Público podrá continuar investigando a la presidenta por la posible comisión de estos delitos.