Yvan Helguero y Jessica Huerta, asesor y abogada de la disuelta Caja Sullana, respectivamente, denunciaron este miércoles que 1890 trabajadores de la entidad financiera, en 14 regiones del país y alrededor de 70 agencias, se han quedado desempleados tras la intervención de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
En diálogo con Exitosa, la letrada señaló que la caja había llevado 37 años de actividad ininterrumpida, aunque en los últimos años atravesó etapas complicadas que culminaron en la intervención de la SBS. “Venimos 1980 trabajadores detrás de esta intervención, los cuales, a la fecha, estamos siendo remunerados por la Caja Sullana en liquidación bajo la dirección de los liquidadores designados por la SBS”, comentó.
“La SBS no ha magnificado el daño que estaba causando a estas familias porque las intervenciones que ha venido realizando a las cooperativas dentro del régimen que les corresponde son empresas pequeñas y de cobertura limitada”, agregó.
Por su parte, Yvan Helguero consideró que la Superintendencia no ha sido clara en sus comunicaciones ni en las acciones a seguir relacionadas con el proceso de liquidación. “Primero nos comunicaron que íbamos a ser absorbidos, posteriormente sacaron una resolución que indicaba que sería un cese colectivo, en la que se llegaría a una negociación intermedia, y la semana pasada, cerca de 90 trabajadores recibieron una carta de liquidación con la comunicación de que solo se les pagarán beneficios laborales”, explicó.
El asesor también subrayó que, a pesar de que la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y la gratificación se depositaron meses atrás, los empleados prácticamente no tienen nada más que recibir mientras se reincorporan al mercado laboral. “¿Quién va a asumir estos gastos? Estamos insistiendo en una solución al tema de indemnización. Los beneficios sociales son muy pocos y más de 1800 van a estar desempleados”, concluyó.
La SBS oficializó la disolución de la Caja Sullana en una resolución publicada en el diario El Peruano el 14 de julio, la cual declaró la extinción de la entidad y el inicio de su proceso de liquidación. La norma estableció que la caja será sometida a un régimen especial transitorio bajo el subprograma de facilitación de la reorganización societaria de instituciones especializadas en microfinanzas.
Entre las medidas que regirán desde la disolución, se incluyen la prohibición de iniciar procesos judiciales o administrativos contra la entidad, la ejecución de resoluciones judiciales previas, la constitución de gravámenes sobre sus bienes y la realización de pagos o adelantos con fondos de la empresa en poder de terceros.
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