El 30 de julio, se hizo pública la captura del empresario maderero Segundo Villalobos Guevara, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del líder indígena kichwa, Quinto Inuma Alvarado.
El detenido fue llevado a la Comisaría de Tarapoto, región de San Martín, suscitando diversas reacciones y conmoción en los deudos del defensor ambiental.
Al respecto, el abogado Juan José Quispe, a cargo del caso, conversó con Infobae Perú y subrayó que el hecho ha generado una ansiedad palpable en la familia de Inuma, quien luchó por años contra la tala ilegal en los bosques de su comunidad nativa, Santa Rosillo de Yanayacu.
Asimismo, indicó que se espera que la orden de detención, expedida por un juez de Lima, sea ejecutada de manera efectiva.
Esto, a fin que el proceso judicial en curso se desarrolle de manera adecuada y se recojan todas las evidencias necesarias, cumpliendo los siete días de detención preliminar en la capital, donde se desarrolla la investigación.
Las heridas abiertas e impacto emocional en la familia de Inuma
Por otro lado, el abogado defensor resaltó que el impacto emocional del caso es evidente, especialmente en Kevin Inuma, hijo del defensor indígena fallecido.
En esa línea, el abogado subrayó también que la familia de Inuma y su comunidad continúan expuestas a un riesgo considerable frente al avance de la tala ilegal.
Además, aún temen que los responsables del crimen, ocurrido el 29 noviembre del año pasado, puedan eludir la justicia. “Es una herida que no cicatrizará sin una sentencia condenatoria”, dijo Quispe.
Reiteran ineficacia del Ministerio de Justicia para proteger defensores
Por otra parte, Quispe manifestó su preocupación sobre el manejo de recursos por parte del Estado, especialmente en cuanto a la gestión de la Policía Nacional del Perú (PNP), para implementar de manera eficaz el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.
La herramienta legal, liderada por el Ministerio de Justicia desde 2021, vincula a otros siete ministerios y a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
Cabe recordar que este mecanismo ha sido rechazado por diversos representantes de la sociedad civil y organizaciones indígenas tras denunciar que no logra detener los asesinatos de líderes indígenas en el país, que ya suman 35 desde 2013, debido al avance de las economías ilegales, tales como el narcotráfico, la minería y la tala ilegal en la Amazonía peruana.
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