En el Día Mundial contra la Trata de Personas, se dio a conocer que, en Perú, se registran aproximadamente 5.400 denuncias anuales por este delito; es decir, lo que equivale a 15 acusaciones diarias. Estos datos, provistos por el Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público, indican que —entre 2018 y abril de 2022— se contabilizaron más de 29 mil 400 denuncias.
Así lo reveló la organización a favor de los derechos humanos CHS Alternativo. Además, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, del total de víctimas, el 36,2% son menores de edad y el 72% fueron captadas mediante falsas ofertas de trabajo.
Las mujeres son las principales víctimas
También resaltó que el 82% de los casos involucró explotación sexual y laboral, el 85% de las afectadas son mujeres, y en el 15,5% de las situaciones el tratante era un conocido, cónyuge, familiar o tutor de la víctima.
Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y director ejecutivo de CHS Alternativo, destacó que —aunque se han realizado mejoras normativas significativas y se cuenta con una Policía y Fiscalía especializadas contra este crimen y una comisión multisectorial— aún queda mucho por hacer. Precisó que el incremento de la criminalidad organizada ha llevado a que el delito crezca y se diversifique, lo que ha afectado principalmente a la población migrante.
En este contexto, advirtió que uno de los mayores problemas es la falta de presupuesto, que limita la eficiencia de las autoridades para enfrentar este delito. Según una investigación de la organización, para financiar la investigación, persecución, atención a víctimas y prevención del crimen, se necesitarían más de 1.100 millones de soles, pero el presupuesto específico asignado por el Estado apenas alcanza los 5 millones de soles.
Presupuesto insuficiente
Valdés también mencionó que la trata de personas está presente en todo el país y que este delito mueve unos 1.300 millones de dólares anuales, situación que lo convierte en la segunda economía ilegal más lucrativa del Perú, después de la minería ilegal.
De acuerdo a lo precisado, una víctima de explotación sexual genera —para los tratantes— aproximadamente 28 mil soles al año, mientras que en explotación sexual se movilizan unos 800 millones de dólares anuales y en explotación laboral, unos 700 millones de dólares.
La alarmante comparación de las ganancias de los explotadores con la inversión del Estado muestra que solo se destina 0,12 céntimos de sol por cada peruano para combatir este delito, cifra que palidece ante las ingentes ganancias de los delincuentes.
Rendición de cuentas en el Congreso
El director ejecutivo de CHS Alternativo instó a que las autoridades rindan cuentas ante el Congreso de la República sobre la lucha contra la trata de personas, tal como estipula la Ley 29918. Según su perspectiva, esto es esencial para identificar las necesidades y asignar más recursos a esta problemática.
Desde el año 2018, la información sobre el trabajo del Ejecutivo en este ámbito no se ha hecho pública, situación que Valdés atribuye a la “vorágine política” y la pandemia. Sin embargo, recalcó la importancia de dar a conocer los balances sobre la problemática, los compromisos estatales, las dificultades económicas y los avances logrados.
Recientemente, según trascendió, el Congreso aprobó un dictamen que permite que solo dos comisiones parlamentarias —y no el Pleno del Congreso— sean informadas sobre las acciones del premier y los ministros de Interior y Mujer y Poblaciones Vulnerables en relación con este delito. Esta decisión, a juicio del directivo, representa un retroceso significativo, dados los vínculos de la trata de personas con la criminalidad organizada, la minería ilegal y la extorsión.
El directivo enfatizó la responsabilidad del Congreso de corregir esta medida y reforzar la lucha contra el crimen para proteger a la ciudadanía.