Autoridades de La Libertad solicitarán ampliación de estado de emergencia en Trujillo, Pataz y Virú

Las principales autoridades de La Libertad anunciaron este martes 30 solicitar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ampliar el estado de emergencia por inseguridad ciudadana en las provincias de Trujillo, Virú y Pataz.

Fue la vicegobernadora de La Libertad, Joana Cabrera, quien actualmente reemplaza al gobernador César Acuña en el Consejo de Estado Regional, la que comunicó esta decisión, tomada en la última reunión semanal dedicada a evaluar acciones contra la criminalidad.

Uno de los puntos más resaltantes de la reunión fue la afirmación de Cabrera acerca del impacto positivo del estado de emergencia. Según detalló, esta declaratoria ha permitido acelerar los procesos para ayudar con logística a la Policía Nacional del Perú (PNP) y en otras necesidades cruciales para combatir la inseguridad ciudadana.

Además, la funcionaria regional destacó la importancia de continuar con estas medidas para mantener los avances logrados.

En la sesión se abordó también la necesidad de unificar los criterios con los administradores de justicia, donde Cabrera indicó que es necesario evitar la liberación de presuntos criminales capturados por la PNP, aunque haya evidencias en su contra.

Por su parte, el director de la III Macro Región Policial, general PNP José Zavala, subrayó que el estado de emergencia ha facilitado la implementación de estrategias efectivas para reducir la criminalidad. Zavala pidió la prolongación del estado de emergencia, sugiriendo una duración adicional de 30 a 60 días.

En ese sentido, el funcionario trató de disipar la noción de que Trujillo es una ciudad insegura. “Trujillo no es tierra de nadie, no es lo que la gente cree, que no se puede caminar por la calle. Estamos bajando los índices delictivos, aunque todavía enfrentamos actos de extorsión”.

Subrayó que la percepción de inseguridad no refleja la realidad y que, aunque existen problemas, las medidas están trabajando para mejorar la situación. Para Zavala, abordar el problema de la inseguridad no se limita únicamente a la represión, sino también incluye elementos sociales.

En otro momento, el director de la III Macro Región Policial informó que del 22 al 29 de julio se han detenido a 329 personas y desarticulado a 17 bandas criminales, como resultado de loa 125 operativos realizados en diferentes partes del departamento de La Libertad.

Además, se han detenido a 23 extranjeros por diversos delitos, se retuvo a 16 menores de edad, 64 personas requisitoriadas y un total de 10 personas han sido enviadas al penal. Asimismo, se incautaron 14 armas de fuego, 20 municiones, 2 cacerinas, 554 cartuchos de dinamita y 56 mechas de seguridad.

La situación de inseguridad en la región de La Libertad ha llevado al gobierno de la presidenta Dina Boluarte a declarar en emergencia a las ciudades de Trujillo y Pataz. Esta medida se ha mantenido por más de seis meses, con presencia militar en las calles de ambas localidades.

El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, criticó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y pidió su destitución, argumentando falta de capacidad para enfrentar la crisis. Mariños señaló que cada mes ocurren asesinatos, y denunció que en la última semana hubo un atentado contra una empresa. Para el alcalde, la emergencia decretada no ha dado los resultados esperados en la lucha contra la delincuencia.

“Todos los meses hay asesinatos. Esta semana se produjo uno más y hubo un atentado contra una empresa. Entonces, no está funcionando la emergencia. Lo primero que se debe cambiar es de ministro del Interior, quien ha demostrado una gran incapacidad para afrontar esta problemática y desde la presidencia de la República se deben dar políticas claras, pues hay que ir frontalmente contra la delincuencia, así de simple”, declaró Mariños al diario Correo.

No es la primera vez que Mariños se pronuncia en contra del estado de emergencia. A comienzos de junio, expresó al canal SolTV que las medidas no habían tenido éxito en reducir la criminalidad en su jurisdicción.