La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) —organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros— publicó su informe anual sobre la situación de los cultivos de hoja de coca en Perú, revelando complejas dificultades para frenar la deforestación producto de esta actividad ilícita.
Entre 2020 y 2023, la pérdida de bosque en nuevas áreas cocaleras ha sido significativa, especialmente en zonas fronterizas con Colombia y Brasil. Específicamente en puntos como Bajo Ucayali, Callería (Huánuco), Inambari-Tambopata y Madre de Dios, la deforestación alcanza hasta el 30 %, impulsada directamente por el cultivo de coca.
Sin embargo, la situación es más crítica en áreas protegidas y territorios indígenas. En 2023, Devida informó que el 16 % de la superficie nacional cultivada con coca (14 mil 757 hectáreas) se encuentra en áreas naturales protegidas (ANP) y zonas de amortiguamiento (ZA), áreas que rodean parques nacionales y otras zonas protegidas encargadas de reducir el impacto de actividades humanas y proteger la biodiversidad.
Áreas naturales y territorios indígenas en alto riesgo
Los lugares más afectados son el Parque Nacional Bahuaja-Sonene (Madre de Dios y Puno), la Reserva Comunal Asháninka (Junín y Cusco) y la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul (San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco). En dichas áreas, la deforestación vinculada al cultivo de hoja de coca deterioró más los frágiles ecosistemas.
Por otro lado, el panorama en territorios indígenas también es alarmante. Un total de 17 mil 434 hectáreas de cultivos de coca se encuentran en tierras de comunidades indígenas, representando el 19 % de la producción nacional. Los pueblos Asháninka y Quechuas son los más afectados, concentrando el 57 % de las hectáreas cultivadas con coca.
¿Qué está haciendo el Estado para abordar la situación?
Para responder a esta problemática, el Estado peruano, a través del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (CORAH), eliminó 22 mil 600 hectáreas de coca durante 2023. Sin embargo, el desafío continúa, especialmente en Pichis-Palcazu-Pachitea (Ucayali - Amazonas), Callería (Huánuco) y Huallaga (San Martín), que concentran el 81 % de la erradicación total del año.
Asimismo, Devida sigue trabajando mediante el programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS), enfocado en reforzar las economías lícitas, mejorar la gobernabilidad local y promover la conservación ambiental en las áreas cocaleras. Esto incluye la capacitación en prácticas agrícolas sostenibles, el fortalecimiento de organizaciones de productores y la promoción de asociaciones para el desarrollo ambiental.
No obstante, especialistas consideran que aún es vital ampliar las acciones para revertir la tendencia de los últimos años y proteger tanto los ecosistemas como las comunidades indígenas vulnerables.
En una investigación publicada este mes por Mongabay Latam, Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), comenta al respecto: “Lo que vemos es que las dinámicas de penetración en los territorios indígenas son comunes. Se aprovecha una situación de inseguridad jurídica de las tierras indígenas y unas políticas del Estado que favorecen el posicionamiento de actores foráneos sobre las tierras indígenas”.
Ojo al dato
En 2023, Devida reportó que la superficie cultivada con arbusto de coca fue de 92 mil 784 hectáreas, distribuidas en 21 zonas de monitoreo. Este año se incorporó la nueva zona de Tahuamanu (Madre de Dios). Aunque en años anteriores hubo incrementos, este año se destaca una reducción de 2. 224 hectáreas.
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