Dina Boluarte anuncia medidas para proteger la Amazonía, pero omite crisis de líderes indígenas amenazados

Inversiones millonarias sin protección. La crítica situación de los defensores de la Amazonía quedó fuera del discurso presidencial, mientras Boluarte destacó acciones ambientales y económicas

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Según una investigación de Ojo Público, entre 2022 y 2021, según la actualización de datos del portal Geobosques, la pérdida de bosque amazónico del país incrementó en 11%. Pasó de 137.976 a 146.575 hectáreas deforestadas. Fotos: Mongabay Latam
Según una investigación de Ojo Público, entre 2022 y 2021, según la actualización de datos del portal Geobosques, la pérdida de bosque amazónico del país incrementó en 11%. Pasó de 137.976 a 146.575 hectáreas deforestadas. Fotos: Mongabay Latam

Durante el mensaje a la nación, la presidenta Dina Boluarte anunció una serie de medidas para promover el desarrollo económico, social y ambiental en las regiones amazónicas del país.

Entre los puntos más importantes, confirmó que para julio de 2025 se ejecutarán acciones para proteger más de un millón de hectáreas de bosques de comunidades nativas y campesinas en 10 regiones, con una inversión que supera los 26 millones de soles.

Además, anunció la asignación de 4.8 millones de soles para impulsar planes de negocios en áreas naturales protegidas en 19 departamentos, a favor de más de 4.000 familias de comunidades indígenas, con un enfoque particular en mujeres emprendedoras.

Asimismo, comunicó la aprobación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático al 2050 para el tercer trimestre de 2024, lo que permitiría al país alcanzar la neutralidad de carbono y generar beneficios netos por 140 mil millones de dólares.

Este año entró en vigencia la Ley 31973, denominada 'Ley Antiforestal', que instaura disposiciones para acelerar la deforestación. La transformación de la Amazonía afecta a los pueblos indígenas directamente, pero su impacto en el cambio climático impacta a toda toda la población. Foto: Mongabay Latam
Este año entró en vigencia la Ley 31973, denominada 'Ley Antiforestal', que instaura disposiciones para acelerar la deforestación. La transformación de la Amazonía afecta a los pueblos indígenas directamente, pero su impacto en el cambio climático impacta a toda toda la población. Foto: Mongabay Latam

Romper el estigma sobre el VRAEM

Por otro lado, sobre el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) —una región ubicada entre las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín frecuentemente asociada con la violencia debido al avance de las economías ilegales, como el narcotráfico—, la presidenta destacó su belleza y potencial económico.

Boluarte hizo un llamado a las organizaciones públicas y privadas, exhortándolas a enfocarse en la recuperación de esta área.

Las intervenciones propuestas incluyen la construcción de infraestructura como puentes, carreteras, aeropuertos, universidades, colegios y conectividad digital, así como la tecnificación agraria, que permite que el agricultor modernice o mejore la calidad de su cultivo, aumente la producción o reduzca gastos a mediano y largo plazo.

En el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la acuicultura transforma la industria pesquera local. Foto: Devida
En el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la acuicultura transforma la industria pesquera local. Foto: Devida

¿Qué dijo sobre la protección de la Amazonía?

En esa misma línea, otra propuesta destacada en el discurso de la mandataria fue la creación del Sistema de Vigilancia Amazónico y Nacional (SIVAN) y del Sistema de Protección Amazónico y Nacional (SIPAN).

Esta acción —presentada como un proyecto de ley— busca aprovechar la tecnología para vigilar y proteger la Amazonía de diversas actividades ilícitas.

La presidenta solicitó al Congreso el tratamiento urgente del proyecto, asegurando que ambos sistemas complementarán las tareas de las fuerzas del orden en su lucha contra amenazas y riesgos. También, se convertirán en instrumentos cruciales para proteger la región amazónica peruana.

Río Pastaza el 11 de junio de 2024, en el Datem del Marañón, en la Amazonía norte peruana, Perú. Foto: EFE/ Paula Bayarte
Río Pastaza el 11 de junio de 2024, en el Datem del Marañón, en la Amazonía norte peruana, Perú. Foto: EFE/ Paula Bayarte

Finalmente, la presidenta abordó el desarrollo de ciudades de frontera sostenibles, con especial atención a las zonas limítrofes amazónicas. En coordinación con el Ministerio de Defensa, se ha diseñado un proyecto para el desarrollo de ciudades sostenibles en las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla en el departamento de Loreto.

Con ello, se busca mejorar las condiciones de vida en centros poblados fronterizos, que son puertas de ingreso al Perú a través del río Amazonas y el río Putumayo.

No mencionó a líderes indígenas amenazados

En paralelo, Boluarte no mencionó palabra en su discurso sobre la alarmante situación de casi 60 defensores de la Amazonía que se encuentran amenazados de muerte por proteger sus territorios y derechos.

Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), 35 líderes han sido intimidados y hostigados en las regiones de Amazonas, Pasco, Cusco, Loreto, Ucayali y San Martín, mientras que otros 22 en Junín, Pasco, Huánuco y Cusco enfrentan investigaciones y denuncias infundadas.

Fotografía cedida este martes por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), de indígenas durante el Segundo Encuentro de Defensores y Defensoras Indígenas. EFE/Aidesep
Fotografía cedida este martes por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), de indígenas durante el Segundo Encuentro de Defensores y Defensoras Indígenas. EFE/Aidesep

Únicamente, mencionó la aprobación de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040 y las medidas de protección implementadas por el Mecanismo intersectorial para los defensores de derechos humanos dirigidas a 244 personas el año pasado.

Y, aseguró que el Gobierno continuará fortaleciendo el mecanismo y dotándolo de recursos. Cabe recordar que líderes y lideresas indígenas amenazados han advertido que esta herramienta legal, encabezada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y que vincula a otros siete ministerios y a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), no funciona debido a la falta de presupuesto y logística.

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