La administración de la presidenta Dina Boluarte informó este lunes que los funcionarios venezolanos acreditados en el país deberán abandonar territorio nacional “en un plazo no mayor de 72 horas”, después de que la dictadura de Nicolás Maduro expulsara de Caracas al personal diplomático de siete países latinoamericanos, incluido Perú.
“Debido a las graves y arbitrarias decisiones tomadas hoy por el régimen venezolano, el canciller Javier González Olaechea ha instruido que se comunique a los funcionarios diplomáticos venezolanos acreditados en el Perú que deberán abandonar el país en un plazo no mayor de 72 horas”, se lee en un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En un diálogo posterior con CNN, el canciller mencionó que Perú “no tiene deseos” de romper relaciones con Venezuela, “pero no se descarta” esa decisión. Previamente, el funcionario había condenado la represalia del régimen contra los líderes opositores María Corina Machado, Leopoldo López y Lester Toledo, acusados sin pruebas de intentar adulterar los resultados electorales. Además, anunció acciones coordinadas para proteger la “voluntad popular” en Venezuela e hizo un llamado a la comunidad internacional para estar “alerta” ante esta amenaza.
El Gobierno peruano firmó un comunicado conjunto con Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay para exigir garantías en los resultados electorales y una reunión urgente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En paralelo, la dictadura expulsó a los diplomáticos de estas naciones por pronunciarse sobre una jornada electoral que despertó la esperanza de millones que soñaban con ver a Maduro fuera del poder.
Pese a la gran aceptación del candidato opositor Edmundo Gonzales Urrutia, el oficialismo fue declarado ganador por la madrugada, en medio de acusaciones de fraude debido a la poca transparencia del Consejo Electoral, lo que generó protestas internacionales.
“Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando de reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima, que pretenden desconocer los resultados electorales”, apuntó el canciller del régimen venezolano, Yván Gi.
“Venezuela se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación. El Gobierno enfrentará todas las acciones que atenten contra el clima de paz y la convivencia que tantos esfuerzos han demandado del pueblo venezolano, por lo que somos contrarios a todos los pronunciamientos injerencistas y de asedio con los que en forma reiterada, se intenta desconocer la voluntad del pueblo venezolano”, agregó.
En Caracas se encuentran la embajada y el consulado de Perú, mientras que en Lima el régimen tiene su sede diplomática en la avenida Arequipa, en el Cercado de Lima.
“Es lo que debimos hacer”
Para el excanciller Luis Gonzales Posada, Venezuela ha vivido un fraude monumental. En diálogo con Canal N, mencionó que Perú debió romper relación con el régimen hace mucho tiempo. “No podemos mantener relaciones diplomáticas plenas con una persona acusada por delitos de genocidio y corrupción, porque al hacerlo legitimamos una dictadura”, dijo.
“Maduro simplemente consolida su aislamiento; lo único que le interesa es su espacio político, que incluye a Cuba, Nicaragua, Bolivia, Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Esos son los países que lo sostienen, lo abastecen de dinero y comercian con Venezuela. Mientras los militares no intervengan, Maduro seguirá en el poder”, continuó.
El internacionalista destacó que al dictador “no le importan las marchas, el retiro de embajadores de Caracas ni las denuncias en la OEA”. De igual modo, hizo un símil con Rusia, al indicar que ese país “bombardea pueblos enteros, hospitales, escuelas y reservorios de agua y electricidad en Ucrania, causando la muerte de 300 mil personas y una destrucción valuada en 500 mil millones de euros, sin que haya consecuencias significativas”.