En el marco de Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte ofreció un extenso y controversial discurso que ha generado distintas reacciones y críticas. El Mensaje a la Nación, que se esperaba como una oportunidad para abordar temas clave y presentar anuncios importantes, se prolongó de manera inusual —con una extensión de casi cinco horas—, dejando un sinsabor en la esfera pública.
La comunicadora Mabel Huertas, directora de 50+Uno Análisis Político y Estrategia, señaló que las más de 30 mil palabras dichas por Boluarte han sido un esfuerzo “realmente innecesario”.
“Aquí no solo se ha perdido tiempo, sino también la oportunidad de colocar anuncios importantes mejor fundamentados como, por ejemplo, la creación de un nuevo ministerio de infraestructura o el cambio de nombre del Ministerio del Interior”, declaró Huertas a Infobae Perú.
Boluarte intentó vender narrativa de estabilidad política
Asimismo, comentó que el extenso discurso de la mandataria no solo fue difícil de seguir para los legisladores presentes en el hemiciclo, sino también para sus propios ministros, especialmente para el Canciller Javier González-Olaechea, quien se quedó dormido en pleno mensaje.
No obstante, aun así, eso no fue precisamente lo que llamó más la atención de la intervención de la Jefa de Estado. Pues, uno de los puntos que más controversia ha generado es la percepción de que Boluarte intentó vender una narrativa de estabilidad política.
En palabras de Huertas, “nos quiere vender una narrativa de estabilidad política cuando todos sabemos que su estabilidad depende de un Congreso tan impopular como ella”.
Esta declaración, según la especialista, resume la desconfianza que persiste sobre la relación entre la presidenta y el Poder Legislativo, ambos con bajos niveles de popularidad y cuestionados por la ciudadanía.
Discurso vacío, sin análisis y meas culpas
El contenido del discurso también ha sido motivo de análisis. Muchos esperaban que Boluarte abordara las leyes polémicas aprobadas por el Congreso, tales como la ley de Amnistía que prescribe delitos de lesa humanidad que entra en desacato ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), así como para hacer un mea culpa por las investigaciones en las que está comprometida.
Entre ellas el Caso Rolex —la investigación de corrupción en curso sobre el presunto enriquecimiento ilícito y la falta de declaración de propiedad de los relojes de lujo por parte de Boluarte— y, por otro lado, las presuntas violaciones graves a los derechos humanos que involucran la muerte de más de 50 ciudadanos durante las manifestaciones en contra del ascenso de la mandataria al poder.
Según un informe publicado el jueves 18 de julio por Amnistía Internacional, la presidenta participó en al menos 29 reuniones del Consejo de Ministros sin solicitar medidas específicas para detener los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas y la PNP.
Además, según este documento, la Jefa de Estado tenía la capacidad de encausar las acciones de los ministros de Defensa e Interior, quienes tienen responsabilidad directa sobre estos cuerpos de seguridad.
Sobre ello, Madeleine Penman, representante de Amnistía Internacional, señaló en una reciente conferencia de prensa que Boluarte tuvo múltiples oportunidades para cambiar las tácticas utilizadas durante las protestas, pero no ejerció su autoridad para hacerlo.
Es así que el mensaje a la Nación por 28 de julio pareció ser un: “aquí no pasó nada”, de acuerdo a Huertas. Pues, la falta de autocrítica y el silencio sobre este y otros temas polémicos decepcionaron a quienes esperaban un enfoque más proactivo y responsable, resaltó la periodista.
“No criticó al Congreso y sus leyes populistas y antitécnicas y tampoco hizo mea culpa de los grandes escándalos e investigaciones en las que está comprometida”, concluyó Huertas.
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