Los 600 días de Dina Boluarte en el poder: dos acusaciones constitucionales, muertes en protestas, caso Rolex y su silencio ante controversias

Este 28 de julio, 32 millones y medio de peruanos presenciarán las actividades protocolares de Fiestas Patrias en uno de los panoramas más preocupantes en el escenario de la político peruano. En el marco de estas actividades, la presidenta Dina Boluarte, —quien, según las encuestas, mantiene una aprobación tan mínima que apenas rebasa el margen de error, y que representa el más bajo en todo América, en palabras editoriales del medio económico The Economist— deberá emitir un mensaje presidencial luego de un año lleno de investigaciones y cuestionamientos sobre su gestión.

En 12 meses, el panorama no solo político, sino también penal de la presidenta del Perú ha enfrentado múltiples controversias y acusaciones, las cuales incluyen el presunto tráfico de influencias, encubrimiento, cohecho, irregularidades laborales y financiamiento ilícito. El desarrollo de las investigaciones en cada uno de estos casos sigue su curso, pero hasta la fecha existen dos casos importantes que han avanzado a tal punto, que finalmente pasaron a convertirse en acusaciones constitucionales de las cuales, una fue aprobada, y otra rechazada. Estos son el caso Rolex, y el caso por las muertes en protestas, respectivamente.

En el marco del caso conocido como “Rolex”, que ha sido uno de los más mediáticos y polémicos en el mandato de la presidenta Dina Boluarte, es importante conocer que consta de dos partes, la acusación de cohecho pasivo impropio y una investigación por enriquecimiento ilícito. Es por el primer hecho, que la Fiscalía de la Nación emitió una primera denuncia constitucional.

En conversación con Infobae Perú, Andy Carrión, abogado penalista considera que en este caso, en el que la hipótesis principal de la Fiscalía de la Nación sostiene que Boluarte habría recibido joyas de lujo como contraprestación por favorecer la asignación de partidas presupuestales al Gobierno Regional de Ayacucho. Para Carrión, desde el punto de vista jurídico, la acusación se justifica porque la Fiscalía ha recopilado pruebas suficientes en una fase preliminar.

Mientras que por el caso de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar o de incorporar información en declaración jurada, la denuncia constitucional ante el Congreso queda pendiente pues este aspecto del caso es más complejo y aún está en proceso de investigación. Ello debido a que, según Carrión, “la acusación de enriquecimiento ilícito suele requerir un análisis más profundo de las finanzas personales y familiares de los implicados, lo cual necesita más tiempo y recursos para ser verificado de manera concluyente”.

El último jueves 18 de julio, el Congreso de la República aprobó admitir a trámite la denuncia constitucional por el caso Rolex en el caso que implica directamente el delito de cohecho, es decir, la existencia de un presunto soborno. Esta acusación deberá seguir su respectivo proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El Congreso tiene que analizar si los elementos presentados sustentan la acusación y luego someterla a una discusión en la Comisión Permanente para, eventualmente, ser presentada ante el Pleno.

Aquí entra en juego una dimensión política, pues, según lo precisado por Carrión, constitucionalmente, no se puede acusar a un presidente en funciones, quien precisa que, según el precedente de Pedro Castillo, la Fiscalía puede iniciar una investigación preliminar, pero no formular una acusación hasta que el presidente culmine su mandato.

Aún si el Congreso lo desee en etapas posteriores a la admisión a trámite de esta acusación constitucional, este puede acogerse a que “ante la imposibilidad constitucional ellos no pueden declarar procedente la acusación”. “Eso no obsta, a que las comisiones hagan suyas las discusiones sobre si amerita o no pasar una acusación, ya luego esto quedará en el Pleno y se decidirá. En el Pleno esto no va a prosperar, al menos hasta que ella culmine su Gobierno por la imposibilidad constitucional”, detalló el abogado.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe determinar si la acusación tiene sustento. Sin embargo, como señala Carrión, “el Congreso de la República está en un ámbito político, básicamente político”; esto significa que las decisiones pueden estar influenciadas por intereses políticos más que por un análisis estrictamente jurídico.

Además, existen aún consideraciones sobre la capacidad constitucional de acusar a un presidente en funciones. Carrión subraya que, “constitucionalmente, no se puede acusar a un presidente de la República en funciones”. Esta limitación constitucional presenta una barrera significativa, lo que sugiere que el Congreso podría optar por dilatar el caso en lugar de tomar una decisión definitiva.

El segundo caso emblemático de acusación constitucional contra la presidenta Dina Boluarte que no logró prosperar en el Congreso, pese a la contundencia de las responsabilidades, se relaciona con las muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno. Las consecuencias directas de no admitir a trámite esta investigación por homicidio calificado, genocidio y lesiones graves impactan con el desarrollo de las investigaciones por las muertes en protestas contra Boluarte.

Estos hechos se enmarcan en un contexto preocupante en el que, desde el Ejecutivo, ya se han desplegado acciones para garantizar lo opuesto al cumplimiento de penas en temas de crímenes de lesa humanidad, tras la aprobación de una nueva ley de Amnistía que prescribe los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde antes del 2002. En un pronunciamiento conjunto con el Congreso, el Ejecutivo mostró una posición en la que desconocía las muertes perpetradas por efectivos militares durante el periodo del Conflicto Armado Interno.

Para conocer qué le depara a los familiares de las víctimas en protestas en una situación así, Infobae Perú se contactó con fiscal Elizabeth Quispe, vocera de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, quien ha destacado la importancia de asegurar la correcta interpretación y aplicación del derecho internacional público en este contexto.

La preocupación central radica en que ciertas acciones y leyes, como la recientemente promulgada Ley de Amnistía, podrían promover la impunidad de crímenes cometidos durante las últimas manifestaciones de diciembre del 2022 y enero del 2023. Como se sabe, la Fiscalía de Derechos Humanos ha estado trabajando para investigar estos casos y garantizar que se haga justicia.

Según Elizabeth Quispe, “La preocupación rectoral es que el mensaje que enviamos con esta Ley de Amnistía es de impunidad. Las muertes y las violaciones de derechos humanos durante las protestas pueden quedar sin respuesta judicial adecuada”. Esta preocupación es compartida por organizaciones de derechos humanos que argumentan que la amnistía podría establecer un peligroso precedente.

En ese sentido, la Fiscalía de Derechos Humanos ha emitido varios pronunciamientos advirtiendo sobre el riesgo de que se vulneren los derechos a la verdad y al acceso a la justicia. Estas leyes, si bien no podrían interrumpir investigaciones cruciales, podrían dar paso a una incertidumbre jurídica y un mensaje negativo a la población. Quispe subraya: “Desde el momento en que se ha conocido que ya este proyecto 2961/2023 pasaba de la comisión ya había una preocupación latente”.

Las muertes en protestas han tenido un impacto significativo en la opinión pública y en la percepción del gobierno de Boluarte. De hecho, el último informe revelado por Amnistía internacional refiere que, teniendo en cuenta el último antecedente de Alberto Fujimori —un gobernante implicado en asesinatos a ciudadanos en situaciones de alta conflictividad social— la responsabilidad penal que recaería contra la jefa de Estado es la de autora mediata de crímenes de lesa humanidad.

La incertidumbre sobre la posibilidad de justicia para las víctimas y sus familias generó tensión y descontento entre la población. Por ello, la fiscal Elizabeth Quispe describe el estado actual como “un momento de valentía que deberá asumir el Ministerio Público para poder hacer no solamente la interpretación correcta de las normas, sino también la aplicación correcta del derecho internacional público”.

La Ley de Amnistía no solo tiene un impacto sobre los casos actuales, sino que también afecta la percepción de la justicia en el futuro. Si se permite que violaciones de derechos humanos queden impunes, esto podría debilitar la confianza del público en el sistema judicial y en las instituciones gubernamentales encargadas de proteger estos derechos.

Ahora bien, el caso Rolex vino acompañado con una serie de revelaciones relacionadas con el hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, quien es señalado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) como el líder de una organización criminal llamada ‘Los Waykis en la Sombra’. Estos hechos y los intentos de sancionar al equipo de la Diviac que protagonizó el allanamiento a su domicilio suscitaron el inicio de una nueva investigación por el presunto delito de encubrimiento.

Estos, relacionados con la desactivación del equipo especial de la Diviac. Al ser consultado por este caso, Carrión desplegó un punto crucial en su análisis. Si bien este equipo jugó un papel vital al apoyar a la Fiscalía en investigaciones delicadas y allanamientos, el letrado detalló que su independencia y falta de control financiero generaron controversia.

Carrión critica la decisión de desactivar el equipo en el momento en que estaban investigando a figuras poderosas, incluidas personas cercanas a Boluarte: “La oportunidad ha hecho que precisamente se gatille esta investigación en contra de la Presidenta y del ex ministro también respecto a la desactivación del equipo especial de la Diviac”. Y en ese sentido, considera que “la investigación por obstrucción a la justicia sí tiene futuro”.

En un informe anterior, se pudo llegar a la conclusión de que el principal motivo por el que otros casos en los que se investiga a Dina Boluarte no han avanzado tiene mucho que ver con la relación entre la entonces fiscal Patricia Benavides, quien fue destituida por su implicancia en la existencia de una presunta estructura criminal llamada “La fiscal y su cúpula de poder; y la jefa de Estado.

Ahora, la salida de Benavides del cargo han puesto a la cabeza del Ministerio Público a un nuevo personaje, sobre el que el letrado muestra sus apreciaciones. Según Carrión, a pesar de las limitaciones de su mandato interino, el fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena Campana ha avanzado en investigaciones clave y “ha formulado también acusaciones en contra de Dina Boluarte. Eso es enfrentarse también al poder de turno y ha venido formulando acusaciones contra otros funcionarios”.

Si bien Carrión consideró que Villena, como fiscal interino, enfrenta limitaciones en su capacidad para implementar reformas significativas, también precisó que este “tiene menos de un año. Es un fiscal interino que tiene seis, ocho meses (...) eso limita en gran medida una especial reforma”. A pesar de estas limitaciones, Villena ha realizado cambios importantes, incluyendo la remoción de fiscales asociados con irregularidades y casos de corrupción.

Casos como los del fiscal Marco Huamán, quien quedó directamente involucrado en investigaciones de las muertes en protestas —y de quien posteriormente se pudo conocer, según partes fiscales, que había hecho de representante de Patricia Benavides ante la presidenta Dina Boluarte mediante su asesor Óscar Nieves; o la fiscal Marena Mendoza, quien se hizo cargo de fiscalías importantes en la época de la destituida exfiscal de la Nación, son ejemplos de destituciones y remociones necesarias.

No obstante, la evaluación completa del desempeño de Villena y la Fiscalía requiere considerar tanto las acciones realizadas como las limitaciones estructurales y políticas. Carrión concluye: “Distinta sería mi evaluación si es que fuera un fiscal elegido ya para un período específico; pero dentro de sus limitaciones, yo creo que sí ha venido cumpliendo con la labor encomendada”.

Sea como fuere, tanto el caso Rolex como el caso de las muertes en protestas suponen dos investigaciones cruciales que pintan la imagen de la presidenta en distintos ámbitos y niveles. Mientras que en el primer caso la decisión de que se avance en la acusación depende completamente del Congreso; y todos los avances de este girarán en torno a negociaciones políticas dentro del Perú; en el caso de las muertes en protestas, la crítica se traslada hacia el ámbito de las relaciones políticas internacionales.

Esto último debido a la denuncia ante la Corte Penal Internacional presentada por la Asociación pro Derechos Humanos y la Federación Internacional por los Derechos Humanos. Se trata de una denuncia que se va alimentando conforme la presidenta siga optando por acciones que socaven diferentes voces que la cuestionan por su injerecia en el asesinato de 49 peruanos en las manifestaciones contra su Gobierno; y, si bien este es un proceso largo, de tomarse una decisión ante esta instancia, el Ejecutivo deberá rendir cuentas ante el Sistema Internacional de Justicia, así como optar una posición ante estas instituciones supranacionales.