La inacción del Ministerio de la Mujer frente a los casos de violencia y la falta de protección a los más vulnerables

“Quisiéramos que las jóvenes elijan bien con quien estar, porque ellas deben estar conscientes que merecen vivir libre de violencia [...]”, fueron las palabras de la exministra de la Mujer, Nancy Tolentino, al anunciar el fallecimiento de Katherine Gómez —joven de 18 años quien murió quemada en el Cercado de Lima por su expareja tras decidir terminar la relación sentimental—. “Se trata, efectivamente, de prácticas culturales que debemos desterrar”, reafirmó la actual titular de este sector, Ángela Hernández, frente a las denuncias de violaciones sexuales a niñas y niños en la comunidad awajún.

Dos titulares que lograron llegar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para proteger, defender y velar por el bienestar de las personas más vulnerables, pero sus polémicas declaraciones solo lograron generar rechazos. Actualmente, Hernández enfrenta una moción de censura que podría dejarla fuera del cargo, destitución que dependerá de la decisión del Congreso de la República.

El caso awajún es uno de los últimos que ha indignado a la población, debido a que estas denuncias se conocieron años atrás, pero hubo pocas acciones de parte de los gobiernos a lo largo de los diversos periodos. En la actualidad, Perú tiene a su primera presidenta del Perú tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo, pero no ha sido sinónimo de cobijar a los más vulnerables, a pesar de que Dina Boluarte se autoproclamó la “madre de todos los peruanos”.

Gloria Montenegro, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cuestiona las acciones de la mandataria frente a su silencio y también de los que integran el Ejecutivo. Para la extitular, la evaluación se extiende más allá de un solo caso, ya que varios incidentes sugieren una tendencia persistente. Afirma también que la dependencia del gabinete con el Parlamento agrava la situación, puesto que este último ha mostrado un reducido interés en los temas.

Absalón Frank Urbina, Edgar Ninasivicha, Meyer Edinson Orihuela Laus, Christian Rojas y otras personas más se encuentran siendo investigados por el presunto delito de feminicidio al ser los principales sospechosos de asesinar a sus parejas. En lo que va del año, se han reportado 93 feminicidios a nivel nacional, según el programa Aurora del MIMP.

Lima es la región con el mayor número de casos, contabilizado en 29, seguida por Cusco con 9 casos, Cajamarca e Ica, ambas con 7, Arequipa y Huánuco, cada una con 5 reportes.

Asimismo, de acuerdo con estos datos, se observa que el 49,46% de los agresores son parejas actuales de las víctimas, mientras que un 18,28% corresponde a sus exparejas. Un porcentaje similar del 18,28% son personas desconocidas. Además, el 7,53% son conocidos y el 6,45% son miembros de la familia.

En tanto, se registraron 106 tentativas de feminicidios en estos primeros seis meses de 2024. Estas cifras demuestran que el Perú sigue siendo un país inseguro para las niñas, niños, adolescentes y mujeres.

De esta manera, las palabras dichas por Tolentino sobre escoger bien a una pareja dan un giro y culpan a las mujeres por ser agredidas. Sin embargo, ninguna persona tiene derecho a decidir por otra, asesinarlas, quemarlas vivas o golpearlas.

El caso de Katherine Gómez refleja la poca acción de la justicia para actuar en estos reportes. La madre de la joven de 18 años tuvo que esperar 312 días para que el feminicida confeso fuera extraditado de Colombia hacia el Perú, debido a que el Poder Judicial ordenó su captura cuando ya había cruzado la frontera. Es decir, un camino largo que recién comenzó el 30 de enero, cuando pisó territorio nacional.

Por otro lado, la autoridad que debería velar por la seguridad de la población se ha convertido en uno de los principales sospechosos de la muerte de una madre. El alférez de la Policía Nacional (PNP), Christian Rojas, es acusado de asesinar a su expareja, pero antes habría cambiado el arma con su colega. Intentó no dejar ningún rastro, pero las imágenes de seguridad del que sería su vehículo cerca al lugar del crimen lo colocan como el principal feminicida.

Casos que en este 2024 se han continuado reportando a los canales de atención de la cartera. Un registro que evidencia que la violencia de género continúa en el Perú.

Los canales del MIMP se encuentran disponibles para proteger a las víctimas de violencia. Es así como hasta la fecha, se han atendido 77 mil 898 casos de violencias en el Centro de Emergencia Mujer (CEM). De este número, 33 mil 002 están relacionados con agresión psicológica y 30 mil 225 con la agresión física.

La Línea 100 atendió 72 mil 350 consultas a nivel nacional y en el Servicio de Atención Urgente se reportaron 4.228 casos de violencia familiar, sexual y otros de alto riesgo.

Infobae Perú accedió a un informe técnico del MIMP sobre las acciones desarrolladas en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas. En este se señala que en octubre de 2023 se acude a la zona para implementar una Mesa de Trabajo frente a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, la cual se hace efectiva en 2024.

El servicio del CEM Condorcanqui, desde el 2012 a mayo de 2024, ha atendido 1.847 casos de violencia física, 567 de violencia psicológica, 442 de violación sexual y tres casos de violencia económica y patrimonial. Sin embargo, cuando se conocieron estos reportes, el ministro de Educación, Morgan Quero, manifestó que se trataría de “prácticas culturales”, pero luego de varios días tuvo que pedir disculpas por sus declaraciones.

De la misma manera, Miloslavich subrayó la urgencia de tomar medidas concretas para garantizar los derechos de los menores de edad en la comunidad. Además, criticó a las autoridades por falta de políticas efectivas en zonas donde enfrentan carencias significativas.

Es en estas denuncias que lejos de contar con una presidenta de la República que condene los actos de violencia unos segundos en una conferencia de prensa luego de mantenerse en silencio por varias semanas, prefiere dar pase al ministro de Educación. Boluarte tampoco rechazó las declaraciones de los titulares de las carteras por calificarlas como “prácticas culturales”.

Los cuestionamientos se ampliaron cuando Boluarte no rechazó las declaraciones de varios ministros que calificaron el abuso sexual como “prácticas culturales”. Esta actitud ha generado críticas hacia su gestión y falta de claridad en su postura sobre la violencia.

En la región Amazonas, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) han reportado diversos casos de atención desde enero hasta mayo de 2024. El CEM Bagua registró un total de 58 casos, mientras que la Comisaría Bagua atendió 111 incidentes en el mismo período. En el CEM Bongará se contabilizaron 169, y en Chachapoyas, el CEM correspondiente tuvo 65 casos reportados.

Por otra parte, el CEM Condorcanqui atendió 93 situaciones de emergencia, mientras que el de Luya gestionó 76 casos. La Comisaría Rural Sectorial de Lamud registró 98 casos atendidos. En cuanto al CEM Rodríguez de Mendoza, se reportaron 85 casos, y en Utcubamba se registraron 96 casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer.

La situación de la menor de 11 años generó preocupación. ‘Mila’ quedó embarazada como resultado del abuso sexual perpetrado por su padrastro, Lucas Pezo Amaringo. Tras acceder al aborto terapéutico, se revelaron múltiples fallas en el manejo de su caso.

Una funcionaria intentó disuadir a la madre de ‘Mila’ para que no interrumpiera el embarazo, y los derechos de la menor no fueron comunicados. Además, las autoridades judiciales inicialmente liberaron a Pezo Amaringo al no encontrar “indicios suficientes” de su culpabilidad. Esto cambió un mes más tarde, cuando el Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva para el agresor.

La Junta Médica del Hospital de Loreto en un inicio negó a ‘Mila’ el aborto terapéutico. Una segunda evaluación en Lima finalmente aprobó el procedimiento. Desde entonces, la menor estuvo en aislamiento, sin contacto con familiares que querían visitarla.

En mayo, la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvo conocimiento de que Lucas Pezo Amaringo, el agresor de ‘Mila’, había regresado al hogar de la familia para atacar a su madre y hermanas. Este hecho evidenció la vulnerabilidad en que quedó la familia después del ataque inicial y la ineficacia de las medidas de protección.

A pesar de las promesas realizadas por la presidenta Dina Boluarte, el gobierno ha mostrado una preocupante ineficacia para hacer seguimiento y brindar apoyo continuo a las víctimas de abuso. En agosto se cumple un año desde que la niña de 11 años accedió a su derecho.

Hasta la fecha, la presidenta Dina Boluarte no ha visitado el distrito de Condorcanqui. El ministro de Educación y de la Mujer fueron a la zona luego de un mes de conocerse las denuncias de abusos sexuales por docentes, quienes fueron destituidos.

Al titular Morgan Quero se le visualizó participando en una ceremonia de la Universidad Señor de Sipán junto al gobernador de La Libertad, César Acuña, días antes de visitar el lugar. Es así como se le criticó por su acción tardía para llegar a esta comunidad.

Además, refiere que es necesario que el enfoque territorial se trabaje junto al de los derechos humanos, debido a que se integra el enfoque de género. Es así como enfatiza la importancia de la educación sexual integral, a pesar de que desde el Congreso se busque impedir.

En otro momento, indicó que cada ministro ha incorporado personal sin las competencias necesarias, favoreciendo a quienes apoyaron sus campañas electorales. Según Montenegro, “la entrada de estos funcionarios no especializados ha dificultado los avances en varios sectores del gobierno, destacando la necesidad de contar con personal técnico que conozca los sectores y pueda ejecutar correctamente las políticas públicas.”

Otro de los episodios que generaron rechazos fue una carta notarial hacia la conductora Magaly Medina por el Ministerio de la Mujer al ser acusada de reforzar estereotipos de género. Sin embargo, la misma acción no se realiza para rechazar violaciones sexuales a escolares e incluso se ha llevado a estigmatizar a la comunidad.

Para Miloslavich, el Programa Aurora y otros del sector deben ser “reestructurados”. “Le pediría a la ministra de la Mujer que tomara en cuenta la propuesta sobre la reestructuración del programa. Son metodologías, estrategias que después de tantos años deben ser mejoradas”, continuó.

En su primer mensaje a la Nación, Boluarte habló brevemente de las medidas para frenar la violencia de género. Durante su intervención, se comprometió a impulsar el proyecto de ley que modifica el artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal, con el objetivo de que las requisitorias dictadas por el Poder Judicial no caduquen hasta la efectiva detención de las personas.

Este proyecto fue aprobado, pero no se mencionaron otras acciones frente a los reportes de violencia de género. Cabe recordar que las propuestas del sector continúan siendo insuficientes en la lucha contra este problema. Es así como estos casos mencionado solo reflejan la situación de los más vulnerables.

Un silencio de la primera presidenta del Perú que no solo se refleja en la violencia de género, sino también en torno a otros sectores. En su mayoría, Boluarte ha decidido no responder preguntas a los periodistas por más de dos meses e incluso contratar a un vocero. Es así como un mensaje a la Nación no reflejará acciones que ayuden a mitigar la violencia, si a diario no se trabaja para aplicarlas.