Presidenta Dina Boluarte insiste en operativos contra minería ilegal, pero no aborda raíz del problema

En su mensaje presidencial por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte abordó el problema de la minería ilegal en el país, destacando los esfuerzos y acciones emprendidos por su gobierno para combatir este delito que amenaza la riqueza natural y la biodiversidad del Perú.

Sin embargo, algunos especialistas consideran que dichas medidas aún no son suficientes para erradicar completamente esta actividad ilícita, que ya supera en cifras monetarias al narcotráfico.

Boluarte informó que en 2023 se realizaron un total de 729 operativos a nivel nacional contra la economía ilegal. Además, detalló que, solo en los primeros cinco meses del año, se ejecutaron 481 operativos para destruir 1.336 campamentos, 6 plantas procesadoras y 502 pozas utilizadas para la extracción ilegal de minerales, así como la incautación de 17 mil 451 cartuchos de dinamita, entre otros materiales.

La mandataria fue enfática al asegurar que estas acciones continuarán de manera permanente hasta lograr la desarticulación completa de las organizaciones criminales que promueven la minería ilegal.

En cuanto a la protección de las comunidades indígenas y de áreas naturales protegidas amenazadas por la actividad ilícita, Boluarte anunció la instalación de cinco puestos policiales en zonas clave.

Específicamente, en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (Loreto), la Reserva Comunal Amarakaeri (Sector Setapo), la Reserva Comunal Tuntanain (Amazonas) y la Reserva Nacional Tambopata (Madre de Dios).

En total, estos puntos cuentan con la presencia de 50 efectivos policiales y 12 efectivos de la Marina de Guerra del Perú con el objetivo de reforzar la seguridad y la vigilancia en estas regiones vulnerables a la actividad minera ilegal.

En ese marco, la jefa de Estado señaló la formación de un Grupo de Trabajo compuesto por quince instituciones que se encuentran actualizando la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal, grupo encargado de fortalecer y coordinar mejor las acciones para enfrentar este problema de manera más efectiva.

No obstante, a pesar de dichos anuncios, diversos especialistas en materia ambiental, organizaciones indígenas y miembros de la sociedad civil consideran que las medidas presentadas por la presidenta no son suficientes para solucionar de raíz el problema de la minería ilegal.

Pues, argumentan que, aunque los operativos y la presencia de fuerzas del orden son necesarios, se requiere una estrategia más integral que incluya, entre otros aspectos, la generación de alternativas económicas sostenibles para las comunidades afectadas por la actividad ilícita y una mayor inversión en educación y concienciación sobre los impactos negativos de esta práctica.

César Ipenza, abogado especialista en delitos ambientales, señala diversas barreras que dificultan frenar la minería ilegal en el país, como la falta de un mecanismo de trazabilidad del oro extraído.

Esta ausencia permite que el oro ilegal se mezcle con el oro de mineros registrados en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), evadiendo cualquier proceso penal.

Asimismo, el especialista menciona que la falta de información cruzada entre la producción y venta de oro en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo) —necesario para rastrear la producción y comercialización del oro— refleja la falta de compromiso del Gobierno para enfrentar la actividad ilícita. Esto debido a que no se ha implementado desde su aprobación en 2021.

En la misma línea, la corrupción en la cadena de valor de la minería de pequeña escala en el territorio nacional es otro punto débil. Desde la extracción hasta la comercialización, la fiscalización y el control de insumos como combustible, mercurio y cianuro son esenciales.

De acuerdo a Ipenza, si no se controla adecuadamente el origen del oro, la minería ilegal seguirá prosperando bajo una fachada de legalidad.

Finalmente, el abogado en materia ambiental enfatiza que la actividad ilícita no solo es una cuestión económica, sino que tiene profundos impactos sociales, ya que perjudica a las comunidades, fomenta el trabajo infantil y la explotación laboral, perpetuando la pobreza y la desigualdad.

Por ello, es necesario se implemente un enfoque integral que incluya la formalización de mineros, el control de insumos, la implementación de sistemas de trazabilidad y la creación de incentivos económicos sostenibles.