El gobierno de la primera presidenta mujer del Perú registra un pico histórico de casos de feminicidios y violencia sexual

Dina Boluarte ha resaltado en reiteradas ocasiones, ante los medios de comunicación, la importancia de su género para la historia del país, pues es la primera mujer en asumir la presidencia. Sin embargo, su gestión es también una de las más nefastas en poder reducir las diversas violencias contras las niñas y mujeres, los feminicidios y las desapariciones.

El compromiso de la presidenta por defenderlas, y a las poblaciones más vulnerables, parecen ser palabras al aire, puesto que en las calles las organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos se movilizan contra el régimen. “Este gobierno es peligroso para las mujeres”, se oye. “Ninguna mujer con Dina”, se lee en las pancartas.

Infobae Perú analizó las cifras de violencia de género en 2023 y hasta junio de 2024, durante el periodo de Boluarte como jefa de Estado. Según los datos oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el año pasado ha sido particularmente alarmante, 170 mujeres fueron asesinadas, convirtiéndose en el año con más feminicidios registrados, lo que equivale a casi tres mujeres asesinadas por semana. Además, se registraron 238 tentativas de feminicidio

En lo que va del 2024, la situación continúa crítica, son 93 mujeres asesinadas y 106 intentos de feminicidio ya reportados ante los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional. A través de denuncias que registraron los CEMs, oficinas ubicadas al interior de las comisarías, son más de 77 mil casos de violencia sexual, física, psicológica y económica contra niñas, adolescentes y mujeres adultas registradas tan solo de enero a junio de este año.

Al cierre del 2023, se denunciaron 166,313 casos de diversas formas de violencia contra la mujer. Aunque la cifra podría ser aún mayor, pues el Ministerio del Interior, reportó más de 181 mil denuncias de víctimas.

Estos datos reflejan un incremento significativo en la violencia de género durante el mandato de Boluarte, planteando serias dudas sobre la efectividad de las políticas implementadas para proteger a las mujeres.

Al término del 2023, según las cifras del Ministerio de la Mujer, 30 837 niñas, adolescentes y mujeres sufrieron violencia sexual. Es el año con más denuncias por este delito.

En lo que va del presente año, hasta junio, son 14 mil 348 casos los registrados a través de los Centro Emergencia Mujer. El gobierno ha incumplido con protegerlas. De la totalidad de esta cifra, casi el 68% son menores de edad que han sido agredidas sexualmente.

Un caso emblemático es el de Camila, una niña a la que el Estado le negó el aborto terapeútico tras haber sido abusada por su padrastro. Ha pasado un poco más de un año desde que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas emitiera su fallo, el Estado peruano no ha cumplido con las 10 recomendaciones para resarcir el caso de Camila, una adolescente que fue abusada por su padre y forzada a continuar con su embarazo a pesar de solicitar un aborto terapéutico. En marzo, el Ministerio de Educación le negó una beca para estudios universitarios.

Hace doce meses, Camila conoció el dictamen del Comité de los Derechos del Niño que instaba al Estado peruano a reparar los daños al negarle el aborto terapéutico tras quedar embarazada a los 13 años. Aunque Camila ha alcanzado avances importantes, la implementación del fallo por parte del gobierno ha sido insuficiente.

En marzo, Camila asistió a una reunión con los abogados de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional en el Ministerio de Justicia para delinear sus expectativas de reparación, que incluyen una beca integral para estudios universitarios. A pesar de haber completado su educación secundaria y soñar con una carrera profesional, su situación es reflejo de las dificultades que enfrentan muchas chicas de origen indígena en situaciones de pobreza y desigualdad.

El fallo del Comité de los Derechos del Niño emitido en junio de 2023 buscaba facilitar la reparación a Camila y prevenir que otras niñas enfrenten riesgos similares por embarazos forzados. Entre las recomendaciones, se incluyó la mejora de políticas públicas y modificaciones legislativas para despenalizar el aborto en casos de embarazo infantil, así como adaptar la guía de aborto terapéutico vigente.

En 2017, cuando Camila solicitó la interrupción de su embarazo en Huanipaca, la solicitud fue denegada en los servicios de salud. Posteriormente, tras una pérdida espontánea, fue denunciada por autoaborto. El caso ilustra la necesidad de cambios sistémicos para evitar que más niñas y adolescentes sufran situaciones semejantes o sean criminalizadas.

Lucas Pezo Amaringo, padrastro de Camila, fue liberado por el Poder Judicial en julio del 2023, a pesar de que había pruebas suficientes que indicaban su culpabilidad, incluido el embarazo de la víctima, una niña llamada “Mila”. La menor había sido abusada sexualmente desde los siete años, pero aún no ha encontrado justicia.

Diez meses después de su liberación, Pezo Amaringo continúa prófugo y viviendo en la impunidad, según informó Panamericana Televisión. Existe una orden de captura por violación en su contra que todavía no ha sido ejecutada. “Estoy pidiendo a la presidenta Dina Boluarte que se pronuncie, ella nos prometió varias cosas, yo quiero que ella como presidenta se pronuncie y nos dé una salida ya, que mande al ejército y policías que puedan capturarlo”, declaró un familiar de Mila en una reciente entrevista.

El caso ha generado presión internacional, lo que llevó al Estado peruano a autorizar un aborto terapéutico para la menor, no obstante, se criticó la decisión de permitir la liberación del agresor. Semanas atrás, se reveló que Pezo Amaringo también abusó de la hermana de Mila, una niña de tan solo ocho años, cuando en enero del mismo año la secuestró junto a su madre y dos hermanos.

Según el informe, Lima sigue siendo la región con más casos, sumando 3561 desaparecidas. Otras regiones con altas cifras son Cusco (681), Junín (646), Arequipa (614) y Lambayeque (599).

La Defensoría del Pueblo informó que en 2023 se emitieron 5184 notas de alerta por mujeres desaparecidas en Perú, de acuerdo con su más reciente reporte. El 41 % de las desaparecidas eran mujeres adultas, mientras que 59 % fueron niñas o adolescentes.

La Defensoría ha subrayado el vínculo de estos hechos con delitos como la violación sexual, la violencia familiar, la trata de personas y los feminicidios. En 2022, se documentaron 137 feminicidios en Perú, de los cuales 16 % tuvieron antecedentes de desaparición. En 2023, las cifras aumentaron a 150 feminicidios, con un 21 % de casos previos de desaparición.

En el año 2023, la presidenta destinó S/550,7 millones a las políticas orientadas a la erradicación de la violencia contra la mujer, representando apenas el 0,24% del presupuesto nacional. Esta cifra, cuyo objetivo incluye la prevención, atención y protección de las víctimas, se distribuye a través del Programa Presupuestal 1002, conocido como “Productos específicos para la reducción de la violencia contra la mujer”, y agrupa a nueve ministerios, la fiscalía, el Poder Judicial, gobiernos subnacionales y universidades.

La mayor parte de estos recursos se concentra en entidades del Gobierno Nacional, destacando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con S/222,7 millones, la fiscalía con S/141 millones y el Poder Judicial con S/108,5 millones. En total, estos tres organismos recibieron el 85% del presupuesto del programa. Los fondos se destinan principalmente a la atención de denuncias y a medidas de protección para las víctimas, mientras que los sectores de Salud y Educación recibieron solo el 6% del presupuesto total y reportan menor ejecución de sus recursos.

Un reportaje de Salud con Lupa reveló la agenda legislativa de dos congresistas de la bancada de Renovación Popular que han planteado más de 20 proyectos de ley que significan un retroceso para la educación sexual integral y la igualdad de género. La presidenta, Dina Boluarte, ni una sola vez ha observado las iniciativas legislativas, pese a ser perjudiciales para los derechos de la mujer.

Desde sus despachos y en la Comisión de la Mujer, Milagros Jáuregui y Alejandro Muñante han promovido proyectos de ley que destacan por su alineación con las propuestas de grupos neoconservadores religiosos.

Durante una sesión de la Comisión de la Mujer el pasado 12 de junio, Jáuregui logró que se aprobara el proyecto de ley N° 7579, el cual permite a los padres exonerar a sus hijos de cursos que incluyan tópicos de educación sexual integral. Este proyecto ahora espera ser llevado al Pleno del Congreso junto a otras propuestas promovidas por la congresista, como el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, y el retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La congresista Ruth Luque, en diálogo con Infobae Perú, sostuvo que la presidenta usa su condición de mujer para una sistemática victimización ante posible “acoso político” y así evadir de asumir responsabilidad política. Esto se vio por ejemplo en marzo de este año, cuando Boluarte ofreció un mensaje a la Nación luego que la Fiscalía y la Policía allanaran su vivienda por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones juradas sobre poseer una colección de 14 relojes de lujo, incluyendo al menos cuatro Rolex.

En lugar de responder por las acusaciones, cuestionó a los medios de comunicación tras conocerse el destape de los costosos relojes. “¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa por lo que usa o no una presidenta? Quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación”, manifestó Boluarte.

Juan Carlos Portugal, abogado penalista, fue designado como su nuevo defensor de Boluarte en varios casos penales, tras la renuncia de Mateo Castañeda. Portugal es conocido por haber representado a individuos acusados de delitos graves, incluidos casos de abuso y violación sexual. Entre sus defendidos actuales se encuentra el congresista Freddy Díaz, a quien se le acusa de violar a una de sus trabajadoras y para quien la Fiscalía ha solicitado una pena de veinte años de prisión.

El caso de Freddy Díaz ha causado gran indignación social debido a la seriedad de las pruebas en su contra. Portugal también había defendido anteriormente a Adriano Pozo, sentenciado en 2019 a once años de prisión por intento de feminicidio y agresión contra Arlette Contreras. Pese a la existencia de pruebas contundentes, Portugal consiguió en dos ocasiones la absolución provisional de Pozo antes de su sentencia definitiva y posterior fuga.

La designación de Portugal ha despertado dudas sobre la coherencia entre el discurso de Boluarte y sus acciones. La presidenta ha insistido en su compromiso con las mujeres víctimas de violencia, pero la elección de un abogado con antecedente de defensa de acusados por agresión sexual y feminicidio parece contradecir su postura pública. Portugal, al ser consultado sobre si Boluarte estaba al tanto de su historial, evitó dar una respuesta concreta, explicando únicamente que “la presidenta sabe de su defensa a nivel de los funcionarios públicos”.

Además de Díaz y Pozo, Portugal ha representado en el pasado a figuras controversiales como Nadine Heredia, ex primera dama, acusada de usurpar funciones y uso indebido de recursos del Estado. También ha defendido a Luis Nava, exsecretario presidencial de Alan García, vinculado a sobornos de Odebrecht, y a Ana Luisa Vásquez Aliaga, investigada por conexiones con narcotraficantes y magistrados corruptos.

Las organizaciones feministas rechazan el actual gobierno. El Movimiento Manuela Ramos, una organización feminista con 44 años de existencia, se ha pronunciado sobre la situación en Perú y el accionar del gobierno de Dina Boluarte. Según un comunicado, critican que Boluarte ha “traicionado al pueblo” y a las mujeres al aliarse con sectores “conservadores y antiderechos”.

La agrupación denuncia violaciones a los derechos humanos durante las protestas y demanda un cese al uso de la fuerza letal por parte de las autoridades. Además, rechazan el uso de su condición de mujer como justificación para mantenerse en el poder y solicitan su renuncia.

El movimiento también se pronuncia en contra de la persecución de líderes populares y el uso de medidas que, según afirman, buscan infundir temor en la ciudadanía. Exigen investigaciones imparciales y sanciones para los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, reiteran la urgencia de convocar nuevas elecciones generales y de establecer un nuevo pacto social que redefina las relaciones entre el Estado y la ciudadanía en Perú.