“El delincuente se siente impune”: Perú vive una de sus peores crisis de inseguridad y advierten que empeorará

Un niño de apenas ocho años corriendo, a inicios de este mes, desesperado detrás de un ladrón, que segundos antes le había robado su celular en una calle del distrito de San Martín de Porres, en la zona norte de Lima, grafica que ya nadie está a salvo de la delincuencia en el Perú. Al hampa tampoco le interesa si al frente está un anciano, una mujer embarazada o una persona con discapacidad. Si posee algo de valor es la víctima perfecta. La criminalidad ahora roba, extorsiona, secuestra o estafa al que tiene y al que no también. Grande o pequeño empresario, un alto funcionario o un modesto mototaxista, un conocido artista o un humilde ambulante. La lógica actual delictiva es la misma: si lleva poco o mucho, igual sirve.

Las más recientes encuestas revelan que la percepción de inseguridad ciudadana es alta, al punto que los peruanos ya no se sienten seguros ni en su casa, pero las cifras oficiales son aún más alarmantes y dan cuenta que no solo es un tema de sensación y temor por la ola criminal, sino que realmente vienen siendo víctimas a diario de los asaltos, extorsiones, secuestros al paso, estafas y otros delitos. Es más, en el tiempo que le tome terminar de leer estos primeros párrafos, al menos dos celulares ya fueron robados en alguna parte del país. Los datos de Osiptel así lo confirman: casi 200 teléfonos móviles son hurtados cada hora en el Perú.

Más preocupante aún es referirse a las estadísticas anuales del INEI. Más de tres millones de peruanos fueron víctimas de robo el año pasado y este 2024 las proyecciones señalan que se espera lo mismo o cifras aún peores. Los expertos, contactados por Infobae Perú, coinciden que el país vive una de sus peores crisis de inseguridad y que, en los próximos meses, varios de los delitos ya mencionados continuarán en ascenso. A su entender, el gobierno de turno quiere insertar en la colectividad una ‘falsa sensación de seguridad’ con espectaculares despliegues policiales, pero la realidad —advierten— es que el panorama venidero es gris.

Este medio comprobó que los vecinos del distrito del Rímac, por ejemplo, han empezado a organizarse de manera activa para intentar frenar esta creciente ola delincuencial que le arrebata celulares, carteras, billeteras, sus ahorros y hasta la vida de algún ser querido, amigo o conocido. Cámaras de videovigilancia, tranqueras de madera, guardianes, sirenas de emergencia y grupos de alerta por WhastApp son algunas de las herramientas contra el hampa.

“Todo lo que hacemos es para protegernos y proteger a nuestra familias”, dice ‘Rafo’, un hombre ya entrado a los 50 años que es llamado así por los vecinos de la Urbanización La Florida, quienes lo reconocen como el ‘guardián’ de la zona. Lleva solo un pito y una improvisada vara, en una zona en la que se han cometido robos a mano armada. “Normal, como te digo, pon mis declaraciones, pero no mi nombre”, nos pide, tal vez como una forma de protegerse.

A parte de las cámaras de seguridad, que han pagado con dinero de su propio bolsillo, los vecinos de esta zona también han colocado luminarias de emergencia para que el hampa no se camufle en la oscuridad de la noche, así como conos y hasta un maniquí vestido con chaleco de seguridad reflectante para espantar a los ladrones. “Mototaxis y motos lineales pasaban y arranchaban los celulares, así ya no se la hacemos tan fácil”, afirma ‘Rafo’, quien durante las madrugadas hace de dos a tres rondas para verificar que todo esté en orden.

“A veces hay apagón en toda esta zona, no hay luz en los postes, ahí salen más los ‘choros’ y hay que estar ‘mosca’”, comenta, tras recordar que alguna vez ya lo amanezaron, pero también para aclarar que él no le tiene miedo a nada ni nadie. “En pandemia, cuando supuestamente todos estábamos encerrados y con policías y militares en cada esquina, me robaron la computadora del carro. Lo dejé estacionado una noche al frente de donde estamos parados y perdí. Ahora ya no lo dejo y lo guardo todo el tiempo en la cochera”, cuenta Raúl Mansilla, un vecino rimense, que lleva viviendo más de 30 años en esta zona.

Así como en el Rímac, los vecinos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Surco, Magdalena y de casi todos los demás distritos de la zona sur, centro, norte y este de la capital peruana también se organizan como pueden para suplir esa ‘ausencia del Estado’ que tanto reclaman y la que los hace sentir ‘abandonados a su suerte’. Lo preocupante es que la lucha vecinal organizada sucede en el momento en que la delincuencia actúa de forma más violenta y salvaje, y con el escalofriante pensamiento de que no hay vida que valga, si se enterpone con sus fines delictivos. La ciudadanía sabe que está expuesta, pero no es una opción quedarse de brazos cruzados.

Para César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), al gobierno de Dina Boluarte ‘hace tiempo’ que el tema de la inseguridad ciudadana en el país ‘se le fue de las manos’, además advirtió que las estadísticass oficiales del INEI no serían las reales, sino que existiría una ‘cifra negra’ de personas que no denuncian y que podría incrementar de forma significativa, por ejemplo, la data del 2023 que revela más 3 millones de peruanos víctimas de robo.

Según Anderson, tampoco sería justo echarle la culpa de toda esta situación solo a la Policía Nacional del Perú (PNP) que, con limitados recursos y poco equipamiento, intenta frenar —algunas veces con éxito— a la delincuencia, pero siendo la principal responsabilidad del actual gobierno que no la potencia y, por el contrario, la expone como institución.

“A mí me preocupa mucho que la gente no obtenga una respuesta adecuada de este gobierno, que no tiene voluntad política. La PNP está carente de recursos básicos como, por ejemplo, armamento moderno y una movilidad adecuada en casos de crisis. Realmente está muy mal la Policía. En Chile hay mucho menos delincuencia foránea, igual que en Colombia, porque ellos sí los tienen bien equipados”, comentó.

Otra de las aristas que mencionó el experto fue el ‘muchas veces fallido’ aparato de justicia, que a través de la figura de algunos cuestionados magistrados, dejan en libertad a ‘raqueteros’ y asaltantes pese a las contundentes pruebas. “Lo otro es la justicia. Los fiscales y jueces liberan a avezados delincuentes como si nada. Ponen en riesgo a la ciudadanía y el delincuente se siente impune ante sus actos delictivos”, refirió.

De acuerdo a Ortiz Anderson, mientras nuestra Policía se debilita, la delincuencia se está fortaleciendo y empoderando con el dinero de los asaltos, robos, extorsiones, secuestros y estafas. “¿Cómo veo el panorama? Pues, muy malo. Esto se va a poner peor y el ciudadano tiene que asumir una cultura de seguridad preventiva como norma de vida en todos los ámbitos. No hay sitio seguro hoy. De los 43 distritos de Lima Metropolitana, en todos se ve el delito”.

“En el corto plazo no va a haber nada de cambios. Recordemos el ‘Plan Boluarte’ que fue una estafa con mucho arte. Nos hablaron de un plan que jamás existió. A este gobierno no le interesa la seguridad de los peruanos para nada, sino ya hubiese actuado. No espero nada importante para reducir número y frecuencia delictiva. Al contrario, lo que temo es que esto se va a seguir incrementado... Esto se va a poner peor y la gente no puede entrar en la falsa sensación de seguridad, que es lo que está ocurriendo. Solo queda cuidarnos nosotros mismos”, aseveró.

Infobae Perú también conversó con Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública y coautor del libro Las economías criminales y su impacto en el Perú, para conocer su análisis sobre el crítico momento que vive el país con la delincuencia a flor de piel.

“Lo que vemos en estos momentos en el Perú es que hay una combinación de crisis institucional con crisis política. En lo primero están todos los problemas que vemos a nivel del Ministerio Público y el Poder Judicial y lo segundo tiene que ver con esta correlación de fuerzas entre el Ejecutivo y Legislativo, en donde, por un lado, el Congreso de la República viene legislando a favor de ciertas organizaciones criminales y el gobierno más bien anda con las manos atadas, hasta cierto punto con complicidad a este tipo de esquemas”, aseguró.

Dentro de la criminalidad urbana que viene golpeando seriamente al ciudadano de a pie, remarcó que el delito de extorsión ‘ha crecido exponencialmente’ y recordó que este viene asociado con el sicariato, que se lleva anualmente decenas de vida.

“Esto es tremendamente preocupante y riesgoso, porque no es solamente la posibilidad de que se pueda ser víctima del ‘raqueteo’ en la calle, sino que ahora está en riesgo la vida de la persona por unos cuantos soles. No solo a grandes empresarios también a mototaxistas y ambulantes. Este delito se ha distribuido por todo el país, como una especie de plaga o algo endémico que puede trancar no solo la tranquilidad pública, sino también la economía nacional”, advirtió.

Además, comentó: “Así como van las cosas, la perspectiva es muy mala. Porque, si tuviésemos un Estado que realmente mira la problemática del ciudadano de a pie, que es robado en la calle, en su casa o en su negocio a través de la extorsión, eso genera un riesgo muy fuerte de que un sector de la población llegue a acuerdos pragmáticos con la criminalidad para que le dejen hacer su trabajo, ante la inacción del Estado. Lo que va a terminar por ocurrir es el fortalecimiento de estas economías criminales, sustentadas en una economía formal que es la del bodeguero o el dueño de algún pequeño negocio, que no le queda de otra que pagar el cupo y tomar algo de aire para seguir trabajando y llevando dinero a su casa”.

En otro momento, Valdés coincidió con que se está buscando de parte del gobierno insertar una falsa sensación de seguridad. “Da la impresión que a la presidenta y al primer ministro los asesora gente especializada en marketing y publicidad. Están manejando la seguridad bajo el intento de campañas publicitarias para trasladar el mensaje de que están haciendo algo, pero en realidad no están haciendo nada en la práctica. Están simplemente publicitando sus operativos, hablando de ciertos mecanismos legales, tratando de confundir a la gente con que la responsable de la criminalidad es la migración, cuando no es verdad“.

En tanto, el exministro del Interior, Rubén Vargas, afirmó a este medio que el Perú está atravesando por “una de las mayores crisis de inseguridad de nuestra historia republicana”. Indicó que esto no solamante por la presencia de crimen organizado local, sino por tres variables específicas: la novedosa fusión de economías criminales, un gobierno a la deriva en esta materia y un Congreso que legisla ‘pro crimen organizado’.

“Lo que esta pasando con este cambio del tipo penal del crimen organizado es alevoso. Es abiertamente un favorecimiento a estructuras criminales, no solamente vinculados a la corrupción, sino también a crímenes predatorios. Porque ahora, de acuerdo a una ley que ya se aprobó en el Congreso, ya no se van a investigar bajo el paraguas de criminalidad organizada a las extorsiones, al secuestro o al robo agravado, solamente van a ser investigadas así las que están vinculadas a las economías ilegales y todos los crímenes predatorios urbanos ya no son criminalidad organizada. Eso es doloso y no puede estar pasando en un país que viene siendo azotado por ese flagelo”, sostuvo para Infobae Perú.

Al igual que Ortiz Anderson y Valdés, Vargas advirtió que la ola de delincuencia generará ‘más zozobra’ en los siguientes meses, pero no solo en los ciudadanos de a pie, sino también en las grandes inversiones, lo que se traduce en un golpe certero a la economía de todo el país.

El actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, acaba de cumplir dos meses en el cargo. En su corta gestión, se ha promovido dos operativos denominados Amanecer Seguro y Retorno Seguro. De acuerdo a información de su sector, con estos se “ha prevenido la comisión de delitos y contrarrestado la delincuencia a nivel nacional, en horas claves”. En sus redes sociales institucionales, además, se publica de forma constante sobre la desarticulación de bandas criminales y la detención de requisitoriados.

En una reciente entrevista a Bethel, Santiváñez reconoció: “Nosotros somos un país que, creo, se estancó en algún momento y que, para poder lograr un desarrollo en el ámbito económico o laboral, necesitamos seguridad. Sin seguridad no hay absolutamente nada, no hay trabajo ni oportunidades, menos desarrollo económico, y es importante establecer el principio de autoridad, lógicamente con el respeto de los derechos humanos, pero para establecerlo era necesario devolverle a la Policía Nacional esa mística que tenía y se había perdido en todos estos años”.

Lo cierto es que, en los hechos, la creciente inseguridad empuja todos los días a los vecinos a organizarse por su cuenta. En la ciudadanía ya caló que hay una impasibilidad de las autoridades y una falta de acciones concretas por parte del Estado para combatir la delincuencia. Los expertos señalan que más allá de espectaculares operativos policiales, que son aparentemente todos exitosos, la población mantiene un sentimiento de vulnerabilidad y de desesperación por obtener protección.

A pesar de que la unión vecinal puede parecer inicialmente una buena noticia, se vuelven evidentes las complicaciones y riesgos asociados. Las personas, en su intento de defenderse, se exponen a situaciones peligrosas que deberían ser atendidas por los organismos de seguridad del Estado. Hasta que no haya voluntad política real, —dicen los especialistas— las patrullas vecinales, la instalación de cámaras y otras medidas preventivas resaltan una preocupante carencia de respuesta gubernamental.