Crisis de salud en el Perú: carencias, corrupción y deficientes gestiones que amenazan el derecho a la atención de calidad de los peruanos

En el Perú, la salud es un derecho fundamental que el Estado tiene la obligación de garantizar a todos sus ciudadanos mediante el acceso a servicios de salud de calidad, atención oportuna y programas de prevención. Sin embargo, esta meta no siempre se alcanza, y ello es palpable en cualquier establecimiento de salud bajo la administración del gobierno peruano.

Centrándonos en los servicios de salud en Lima y en regiones que son administrados y supervisados por el Ministerio de Salud (Minsa), se observan numerosos cuestionamientos sobre su capacidad y eficiencia para garantizar los derechos en salud. Según datos consultados por Infobae Perú a la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) recogió más de 50 mil solicitudes entre enero y septiembre de 2023 de denuncias realizadas por pacientes que vieron su derecho vulnerado al acudir a alguno de los establecimientos de salud del Estado.

A ello, se suma el desabastecimiento de un aproximado de 30 mil 700 medicamentos esenciales en los hospitales, postas de salud, centros de salud estatales a nivel nacional, así como millones de soles perdidos por medicamentos vencidos, cobros indebidos o por perjuicios por irregularidades en las construcciones y mejoras de los establecimientos médicos de diferentes categorías, demostrando que la incapacidad y la corrupción está en todos los niveles de este sector.

Pese a que el gobierno garantiza la afiliación de los más vulnerables al Seguro Integral de Salud (SIS), cuyo objetivo es brindar cobertura médica a quienes no pueden costear servicios privados o carecen de otro tipo de seguro, la falta de infraestructura hospitalaria, profesionales de la salud, la burocracia y diversas deficiencias estructurales y administrativas limitan la efectividad de este sistema.

De acuerdo con la prestigiosa revista CEO World, el Perú ocupa los últimos puestos en el ranking de ‘Países con los Mejores Sistemas de Atención Sanitaria’. El estudio ubicó al país inca en las últimas posiciones de los 110 países debido a su bajo puntaje en los criterios evaluados: calidad general del sistema de atención médica, infraestructura de los centros de salud, competencia de los profesionales de la salud, disponibilidad de medicamentos y preparación gubernamental.

Al Minsa, que en los últimos cuatro años ha tenido un total de seis ministros, no le ha sido suficiente ver la situación catastrófica que se vivió durante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. La entidad gubernamental sigue enfrentando graves deficiencias que lo han colocado como una de las entidades del Poder Ejecutivo con mayor peligro de corrupción, según un ranking de Contraloría.

César Vásquez, el ministro que lidera el Minsa, tampoco se escapa de estos cuestionamientos. Para Víctor Zamora, quien fue ministro de Salud en el gobierno de Martín Vizcarra, la situación actual amerita que Vásquez renuncie al cargo. Ha pasado poco más de un año desde que asumió la delantera del Minsa, y si bien la precariedad de la salud en el Perú es un problema que persiste desde hace años, las acciones del actual ministro solo demuestran poca capacidad para manejar la crisis que enfrenta este ministerio y todo el sistema de salud.

En entrevista con Infobae Perú, Zamora hace mención a tres principales elementos que han llevado a la gestión Vásquez a una crisis. Estos son: la carencia de liderazgo, la crisis de la gestión pública en salud y la corrupción en todo el sector.

“La primera es la carencia de liderazgo, no existe una propuesta de qué hacer con el sistema de salud. En segundo lugar, hay una crisis aguda de gestión pública en salud que se ve reflejada en casi todos los aspectos de la gestión: sanitaria, financiamiento, equipamiento, infraestructura, recursos humanos, insumos médicos y la gestión cotidiana de los de los servicios. Y el tercero, la penetración de la corrupción que no es solamente la colusión, el robo, sino ‘el compadrismo’ en el ministerio con la designación de funcionarios que no son los idóneos para el cargo y que son el reflejo de la repartija del Estado en general, y del Ministerio de Salud en particular, entre grupos políticos de poder y grupos de intereses”, explica.

Henry Rafael, analista político y docente de la Escuela de Posgrado de la UPC, sostiene que el tema de “la repartija” es un problema visto incluso en gestiones anteriores, desde el gobierno de Martín Vizcarra. Sin embargo, señala que el sector Salud entró “en UCI” en el gobierno de Pedro Castillo, quien comprometido con el pago o cuota de poder a Perú Libre, el partido que lo llevó a la presidencia, designó a personajes cercanos a Vladimir Cerrón.

Al ministro Vásquez le llueven cuestionamientos no solo por el desabastecimiento de medicinas, sino también porque el dominical Panorama expuso una lista de funcionarios que ingresaron a ocupar importantes cargos en el Minsa y en el Congreso poco después de que Vásquez pasara a formar parte del Poder Ejecutivo. Estas personas figuran como exaportantes de su campaña en el año 2022, cuando postuló al Gobierno Regional de Cajamarca con el partido de Alianza para el Progreso (APP).

Además, se le suma otra polémica por la aprobación del Decreto Supremo Nº 013-2024-SA que dispone que el Examen Nacional de Medicina (ENAM), y de otras carreras de salud, sea reemplazado por una prueba que estará ahora a cargo del propio Minsa y que ya no será requisito aprobarlo para ingresar al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) sino solo para la distribución de las plazas por órden de méritos. “Es decir, las mejores notas escogerán las mejores plazas”, mencionó el ministro en RPP Noticias dejando claro que quienes desaprueban irán a las plazas libres.

Aunque Vásquez ha señalado que este cambio responde a su decisión de romper un negocio en el examen nacional a cargo de las asociaciones de facultades de ciencias de la salud, las cuales cobran una tarifa a quienes lo rinden; lo cierto es que genera temor en otros grupos, entre ellos los propios egresados, porque hay una sensación de que en el Minsa se maneja las cosas con favorecimientos e intereses políticos. Además, el decreto otorga a los colegios profesionales participación en la elaboración y administración de los exámenes, lo que ha sido recibido con escepticismo por parte de las facultades que temen por la transparencia y la calidad de la evaluación.

Otro de los cambios gestionados por César Vásquez y que ha provocado polémica es que en la resolución se permite el ingreso al serums a profesionales de la salud que desaprobaron o no rindieron el examen nacional. Esta medida ha generado manifestaciones, especialmente entre los jóvenes médicos que ya son serumistas, quienes consideran que atenta contra la meritocracia y la calidad de los profesionales destinados a las zonas más remotas del país. Además, critican que el Minsa debería centrarse en mejorar las condiciones laborales de los que ya son serumistas, como el cumplimiento de los pagos atrasados desde mayo, en lugar de aprobar “medidas abruptas” que deterioran la calidad del servicio de salud.

Vásquez ha alegado que todas estas decisiones son parte de sus esfuerzos para destrabar el ingreso de más personal de salud a los hospitales y postas del Minsa a nivel nacional, lo cierto es que, independientemente de la justificación del ministerio o las quejas de los profesionales, este conflicto termina perjudicando más a la población en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Tal como menciona el exministro Zamora, esta población necesita urgentemente profesionales de salud que cubran la demanda, pero también requieren personal altamente capacitado para garantizar la calidad de la atención en cumplimiento de su derecho.

“Se suma eso a una serie de denuncias previas. Por ejemplo, la denuncia que hiciera en julio la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva en que habían señalado el abandono en que se encuentran las unidades de cuidados intensivos. Eso que nos costó tanto en la pandemia construir está abandonado, pero no solamente las camas. Se suma la denuncia que hiciera en su momento Ojo Público referente a las 400 plantas de oxígeno que se instalaron y de las cuales la mitad están paradas, abandonadas, malogradas o simplemente sin funcionar. Y el no haber avanzado en la expansión de nuestro Sistema de Atención de Emergencias. Lima Metropolitana solo tiene una decena de ambulancias. Esta situación fue denunciada por el Dr. Carlos Malpica en mayo de este año y que, por haber señalado que el sistema de salud todavía carece de elementos básicos para atender estas cosas, fue obligado a renunciar”, sostuvo Zamora para este medio.

Está también el mencionado desabastecimiento de medicamentos a nivel nacional que, pese a las reiteradas advertencias de los directores de varios hospitales, la situación no ha sido resuelta por Vásquez de manera efectiva ni en el tiempo esperado, según las críticas de varios políticos. Como consecuencia, pacientes con cáncer, VIH y otras enfermedades que requieren tratamiento, así como quienes llegan por emergencias, no tienen acceso a los fármacos indispensables. Se ha reportado incluso la escasez de insumos básicos como inyectables, sueros y medicamentos como paracetamol y amoxicilina en más de 8 mil establecimientos de salud del Minsa.

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), que es la entidad del Minsa que se encarga de gestionar las compras de estos medicamentos e insumos médicos, es la principal responsable de este problema que pese a ser expuesto, niega que exista tal situación al igual que el propio ministro. Además los propios altos funcionarios del centro de compras del Minsa habían reconocido que se compró una cantidad menor de estos fármacos para este 2024 y que el resto de presupuesto se gastó en cubrir deudas, designando la responsabilidad de comprar el resto de medicamentos a los gobiernos regionales, que han demostrado nula capacidad para asumir esta responsabilidad. En consecuencia, la problemática del que todo el Perú es testigo hoy.

Vásquez ha respondido a esta situación crítica alegando que hay “intereses oscuros”, haciendo referencia a los laboratorios farmacéuticos que están siendo investigados por Indecopi por presunta colusión en los concursos públicos para contrataciones de venta de medicinas al Estado.

Para Muñóz, el problema recae en la falta de comunicación oportuna y actualizada en todo este proceso de adquisición que atraviesa varias instancias. “Uno de los problemas clave radica en cómo se determina la cantidad de medicamentos necesarios. Esta estimación se basa en registros históricos en lugar de considerar la demanda insatisfecha o el número de personas que acudieron sin poder encontrar el medicamento,” explicó.

Además, hay que tener en cuenta la inestabilidad que enfrenta el Cenares, situación que sin duda es parte del origen de este problema. “El ministro de Salud lo que ha hecho es, a través del ‘compadrasmo’, entregar la gestión del medicamento a personas ajenas a este complejo problema de manejar los medicamentos y los insumos farmacéuticos. Solo en Cenares hemos tenido 7 directores, 5 de los cuales han sido nombrados durante la gestión del señor Vásquez. Él ha nombrando personas traídas de su entorno personal político y partidario. Cenares era una institución ciertamente con problemas, pero que necesitaba ser fortalecida, no debilitada y abandonada. Eso es lo que pasa actualmente”, fue la crítica de Víctor Zamora en diálogo con este medio.

“Entonces, es una gestión que va sumando y es desastrosa por donde uno lo vea, independientemente de nuestra posición política o personal. Lo que estoy señalando son elementos tangibles de la realidad. Sin ir más lejos, en enero de este año, cuando tuvimos el fiasco de las vacunas vencidas y el ministro salió a decir, bueno, hemos tenido un error comunicacional, ni él mismo sabía que ya las vacunas monovalentes eran de nuevas generaciones. Hoy, seguimos usando la bivalente, una vacuna que ya no se usa en el resto del mundo; la seguimos utilizando para que el ministro no se vea involucrado en un tema de eliminar vacunas compradas”, añadió.

Víctor Zamora destacó también que no se debe olvidar que el ministro de Salud dejó caer el Decreto de Urgencia 007 sobre medicamentos genéricos en farmacias particulares, el cual fue reemplazado por una norma en el Congreso que eliminó el acceso obligatorio a un listado de estos medicamentos. Pudo haberlo expandido, pudo haberlo extendido en el tiempo, pero no. Hoy día, las peruanas y los peruanos no tenemos la herramienta para exigir en la farmacia que nos dé un medicamento genérico de bajo costo”, sostuvo.

La crisis que se vive hoy en la gestión del ministro Vázquez es una agudización de un problema crónico que Perú arrastra desde hace décadas. El sistema de salud peruano es uno de los más precarios de América Latina, uno de los más débiles y más abandonados. Según Zamora, se invierte poco en salud, y de lo poco que se invierte, se utiliza mal, “se devuelve dinero año tras año en distintas gestiones o simplemente se roba. Es un sector profundamente abandonado”, indicó.

“Ningún gobierno, incluyendo mi gestión, ha sido capaz de establecer una dirección clara para el sistema de salud. Aunque hubo esfuerzos, como la propuesta de construir un sistema público único de salud y aumentar el presupuesto durante la pandemia de 20.000 a 30.000 millones de soles, estos fondos aún son insuficientes. La fragmentación del sistema y el mal uso de los recursos impiden mejoras sustanciales. Es necesario un liderazgo sectorial que garantice que el dinero invertido se traduzca en servicios de calidad para la población”, mencionó.

Zamora recordó que la última vez que se trató de coordinar la infraestructura de salud a nivel nacional fue durante la gestión de la doctora Midori De Habich (2012-2014), quien implementó un Plan Nacional de Infraestructura acordado con los gobiernos regionales y municipales. La última vez que se impulsó un plan para asegurar a la población en términos de salud fue durante la gestión del doctor Óscar Ugarte (2008-2011), cuando se implementó el Aseguramiento Universal de Salud. Además, destacó que el esfuerzo más reciente por cubrir a la mayor cantidad de personas se realizó durante la gestión de la doctora Mercedes Thomas.

“Pero fueron gestiones aisladas. En la mayor parte de los países, esta conducción debe ser de un estadista, de un presidente. La reforma de salud de Estados Unidos la dirigió Barack Obama; en Colombia, se está haciendo una profunda reforma del sector salud que la está dirigiendo el propio presidente Petro; y así el presidente Lula en Brasil. En cambio, en nuestro país, la señora Dina Boluarte está totalmente ajena a lo que pasa en este sector, no le interesa y, si le interesa, no tiene un equipo que le dé una orientación. Para terminar, durante los últimos cuatro años, desde el inicio de la pandemia, hemos tenido como 15 ministros de Salud, cuatro presidentes y tres congresos. En ese entorno político, es muy complicado que podamos, como país, sacar el sistema de salud de esa situación, al menos de forma rápida”, puntualizó.

Zamora señaló que urge que el Minsa declare en emergencia el abastecimiento de medicamentos y libere de las trabas administrativas al Cenares para que así se pueda adquirir medicamentos en el mercado nacional e internacional de manera expédita. Esto permitiría abastecer rápidamente a los establecimientos de salud, en un plazo estimado de dos a tres meses.

“Es necesario que actuemos con los medicamentos como si estuviéramos en pandemia porque en realidad es lo que está pasando con todos nuestros establecimientos desabastecidos. Necesitamos liberarnos de las trabas administrativas burocráticas financieras y salir a comprar”, señaló.

Ante la pregunta de este medio sobre la propuesta que el ministro Vásquez hizo a fines del 2023 para que los profesionales de la salud atiendan en dos entidades a la vez, Zamora respondió:

“La respuesta académica es no, no debería ser el caso; pero la respuesta práctica es que no tenemos alternativa con 900 profesionales de cuidados intensivos para un país de más de 30 millones de habitantes. Hoy, se duplica la cantidad de tiempo que estos profesionales atienden a la gente, y no solamente atienden en el sistema público Minsa sino también en el sistema privado de salud, y a veces en el sistema público Fuerzas Armadas y de la Policía. Como somos un país precario, la salida sigue siendo de emergencia, parches”.

“Un profesional de cuidados intensivos, luego de su turno, debe descansar para continuar atendiendo con calidad en su siguiente turno descansado y eventualmente pueda estudiar, actualizarse, pero no se puede por la situación que vivimos. Esta persona termina un turno de 12 horas y se mete a un turno de 8 horas extendidas en otro hospital y termina lo que se llama ‘quemándose como profesional’. Lamentablemente, eso induce al error, a lo que muchos pacientes se quejan: ‘estos doctores indolentes, ni siquiera nos saludan’. Esos profesionales están agotados, tienen cuatro años de pandemia, de dengue y una situación compleja en sus hospitales, trabajando en condiciones muy precarias. La precariedad no es solo para los pacientes, la precariedad también es para los prestadores que se enferman por las largas horas trabajadas y con equipos malogrados, etc.”, finalizó.