Impacto de la minería ilegal y la división en comunidades indígenas amazónicas en Perú: los desafíos y omisiones del Gobierno de Dina Boluarte

Hace cuatro años, en el departamento de Amazonas, la Cordillera del Cóndor, una cadena montañosa de más de 900 kilómetros que forma parte de la frontera entre Perú y Ecuador, fue oficialmente reconocida como territorio ancestral de las naciones indígenas awajún y wampís.

Esta decisión fue tomada por el 11° Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima el 2 de julio de 2021, después de seis años de litigio impulsado por la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), que reúne a 63 comunidades nativas awajún en defensa de sus derechos y la protección de sus tierras frente a actividades ilegales, como la minería ilegal, la cual viene afectando a la población indígena desde hace más de trece años.

En el país, esta economía ilegal genera más pérdidas que el narcotráfico: más de S/22.700 millones al año, lo que equivale al 2,5 % del producto bruto interno (PBI). Esto pone en peligro la seguridad nacional, la biodiversidad, el medio ambiente, los derechos humanos y la vida de los ciudadanos.

En El Tambo, un sector ubicado en la Cordillera del Cóndor —ubicado en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui—, las fuerzas armadas han buscado erradicar la minería ilegal mediante varios operativos a lo largo del tiempo para acabar con la extracción ilícita de oro.

Sin embargo, a la fecha, los grupos dedicados a esta actividad continúan realizando socavones y sacando piedras y rocas hacia Ecuador para procesarlas y extraer el metal precioso, generando contaminación en las cabeceras de cuenca, donde nacen los cursos de agua para consumo humano que abastecen a las comunidades awajún y wampís.

Así lo detalla el abogado Gil Inoach Shawit, Pamuk (presidente) del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), que comprende los departamentos de Amazonas, Loreto, Cajamarca y San Martín, conformando el segundo pueblo originario amazónico demográficamente más numeroso del Perú, después de los asháninka.

No obstante, esta situación no solo genera daños ambientales y el asesinato de líderes y comuneros awajún opuestos a la actividad ilícita —tales como Lorenzo Wampagkit Yampik (2020), Genaro Comisario Bitap (2022) y, más recientemente, Ricardo Kinchukui Shimpujat (2024)—, sino también heridas sociales complejas reflejadas en divisiones y enfrentamientos violentos entre las comunidades nativas.

La socióloga Angie Mera, de Forest Peoples Programme, explica que la incursión de las economías tanto legales como ilegales en la Amazonía —incluyendo la deforestación por parte de empresas madereras, la tala, la minería ilegal y el narcotráfico— responde a la percepción de que la selva es un espacio vacío que necesita ser desarrollado, ignorando las visiones de vida de las comunidades indígenas.

Por ello, el impacto que pueden generar las economías en la región amazónica no es solo de tipo ambiental. Una vez que estas se adentran en los territorios indígenas, las comunidades corren el riesgo de ser fragmentadas internamente.

En muchos casos, los ciudadanos se ven obligados a integrarse a estas actividades —a menudo bajo extorsión— en un contexto de vulnerabilidad económica y necesidad de enriquecimiento rápido. Este proceso divide a las familias, roba la paz y la armonía comunitaria, según la especialista de Forest Peoples Programme.

En este contexto, el presidente del Gobierno Awajún indica que, por ejemplo, algunos docentes han influido en esta fragmentación, siendo acusados de presuntamente coludirse con los mineros ilegales, quienes realizarían pagos a estos a cambio de organizar y respaldar actividades a favor de la economía ilegal desde hace aproximadamente dos años.

Como resultado, este problema se ha trasladado a las escuelas, donde los profesores señalados por involucrarse en la organización de la minería ilegal habrían transmitido a los estudiantes un mensaje de complicidad y aceptación de las prácticas ilícitas, en medio de una situación de hambre y migración forzada.

En respuesta a este panorama, las autoridades awajún están impulsando distintas iniciativas para informar a los jóvenes sobre el impacto negativo de este delito en sus tierras ancestrales, aunque la inacción del Estado dificulta los avances para erradicarlo completamente.

Las denuncias contra estos educadores a menudo no prosperan, asegura el presidente del GTAA, lo que perpetúa la impunidad y facilita la continuación de las actividades ilegales en el territorio indígena.

Larry Gutiérrez, comunicador del Gobierno Awajún, quien acompaña activamente las actividades e interdicciones contra la minería ilegal realizadas por las autoridades del pueblo indígena, reafirma lo dicho por el Pamuk.

En ciertas comunidades, los profesores actuarían como intermediarios entre los mineros ilegales y la población. Según Gutiérrez, esto se debe a que la figura del docente se percibe como una de autoridad y conocimiento. Por tal razón, cuando los grupos dedicados a la actividad ilícita buscan establecer sus operaciones, se dirigen primero a los educadores para establecer un diálogo y ganar la confianza de la comunidad.

En este proceso, los maestros, a través de asambleas, explican los beneficios que la minería ilegal podría traer ante la falta de otras alternativas económicas, resaltando la precariedad de las escuelas, que carecen de infraestructura adecuada, entre otras dificultades vinculadas a la falta de acceso a recursos básicos, detalla el comunicador.

En ese sentido, las comunidades quedan en una posición difícil, entre el abandono estatal y las promesas de mejoras inmediatas por parte de los mineros ilegales.

El Gobierno Awajún también ha sido informado de que algunos docentes permitirían el uso de instalaciones escolares para ocultar equipos vinculados a la economía ilegal.

“Los motores, demasiado pesados como para ser transportados sin ayuda, son escondidos en el bosque. También esconden las dragas —máquinas acuáticas utilizadas para extraer oro de los ríos u otros cuerpos de agua—, todo para evitar que las destruyan, porque eso es lo que hacen las Fuerzas Armadas cuando encuentran estas máquinas”, relata el periodista.

En cuanto a la posible implicación de algunos docentes como intermediarios para la entrada de mineros ilegales en el territorio awajún, Lizardo Orihuela Yampis, director de la Unidad de Gestión Educativa Local Intercultural Bilingüe Cenepa, conversó con Infobae Perú para esclarecer estos hechos.

Orihuela indicó que estos acontecimientos se dieron a conocer en marzo del año pasado, cuando se reportó un aumento en la llegada de mineros ilegales a las comunidades, lo cual provocó enfrentamientos y, más recientemente, la trágica muerte del comunero Ricardo Kinchukui Shimpujat.

Sin embargo, durante 2024, no se han registrado nuevos casos de ingreso de mineros ilegales a las comunidades a través de docentes. “Por el momento no hay ningún docente que tenga una balsa o vínculo con los mineros en este año”, afirmó.

Asimismo, aclaró que algunas comunidades han tomado medidas contra los docentes involucrados con los mineros ilegales, ajustadas a las denuncias presentadas ante la Fiscalía Ambiental de Santa María de Nieva, aunque hasta el momento no se ha recibido ninguna comunicación oficial que confirme la complicidad de los profesores.

Aun así, para abordar esta situación, las autoridades educativas de la UGEL Cenepa, que reúne a 599 docentes —la mayoría de la etnia awajún—, han mantenido reuniones con los profesores, subrayando la importancia de no involucrarse en actividades que deterioren el medio ambiente y desestabilicen al pueblo awajún. Estas reuniones buscan desincentivar cualquier colaboración con los mineros ilegales y promover la protección del territorio.

Por otro lado, en relación a los motivos detrás de la posible implicación de los profesores, Orihuela sugirió que esta podría estar relacionada con intereses personales o económicos. “De repente, hay maestros que quieren hacer su negocio o que tienen hijos que estudian en la ciudad”, acotó.

Las autoridades awajún, basándose en su derecho a la libre determinación reconocido por la Constitución, han comenzado a implementar sanciones para frenar esta situación.

En junio, tras una reunión histórica de tres días en la comunidad nativa de Belén, situada en el distrito de Río Santiago (Condorcanqui, Amazonas), el Gobierno Awajún, con la participación de apus y otras autoridades indígenas, aprobó la primera Acta de Asamblea Comunal para sancionar y denunciar penalmente a miembros de comunidades que faciliten o participen en la minería ilegal.

La disposición rige específicamente para el sector Bajo Santiago, ubicado cerca de la cuenca del río Marañón (Amazonas), uno de los puntos más vulnerables de su territorio, donde se reporta de manera permanente la presencia de la minería ilegal.

En ese marco, el Gobierno Awajún está trabajando en intensificar sus estrategias de concientización, especialmente entre los jóvenes, y en reforzar la importancia de la defensa del territorio, pese a que la influencia de los mineros ilegales sigue siendo amplia debido a los incentivos económicos inmediatos que estos ofrecen.

Sobre este tema, la socióloga Angie Mera explica que las formas de resistencia y autoprotección de las comunidades nativas —como la firma de esta acta para combatir la economía ilegal en el territorio awajún— son importantes en igual medida que sean reconocidas por el Estado.

Esto contribuiría a fortalecer la protección de manera articulada de los pueblos indígenas, respetando sus formas autónomas de organización y planeación territorial.

Por su lado, el presidente del Gobierno Awajún, Pamuk Gil Inoach Shawit, comenta: “Creo que llegará un momento en que el pueblo decida autorganizarse. Pienso que es la única manera de erradicar la presencia ilegal. Es decir, enfrentarlo con nuestros propios mecanismos. Para evitar esos riesgos, siempre se comunica con el Estado para que actúe, pero el Estado solo responde a coyunturas y deja las cosas sin resolver. Ese sistema no ha funcionado hasta ahora. Estamos creando un programa de seguridad territorial donde progresivamente estamos capacitando a policías comunitarios. Hemos institucionalizado a los policías comunitarios y formalizado un mecanismo de vigilancia ambiental”.

“Además, hemos realizado tres capacitaciones: una en Nazaret, por Amazonas; otra en Loreto; y otra en el mismo Amazonas, en el sector Nieva. La idea es formar policías comunales, capacitarlos. Planeamos contar con 5.000 policías comunitarios en cinco años”, agrega el Pamuk.

Adicionalmente, la socióloga Angie Mera enfatiza que, para reforzar esa protección, es necesario que los procesos de titulación de tierras dejen de ser obstaculizados por la corrupción, la falta de recursos y la burocracia estatal.

Los pueblos indígenas, al titular colectivamente sus tierras ancestrales, pueden gestionar de manera más efectiva su territorio y resistir las invasiones por parte de individuos dedicados a las economías ilegales, indica la especialista.

César Ipenza, abogado especializado en derecho ambiental, conversó con Infobae Perú sobre este tema y otros efectos inadvertidos de las economías ilegales, especialmente la minería ilegal, en las comunidades indígenas.

Según Ipenza, el mayor impacto radica en la desarticulación de las estructuras comunales tradicionales, una situación que ocurre, en parte, debido a la división entre los miembros de las comunidades, donde algunos apoyan la actividad mientras otros se oponen, como explicaba la socióloga Angie Mera.

El especialista también indica que la entrada de personas foráneas, facilitada por ciertos grupos dentro de las comunidades, no solo contribuye a la fragmentación social, sino que permite la infiltración de mineros ilegales en el territorio awajún.

Esto podría generar la desaparición de las estructuras comunales, la afectación de los modelos tradicionales de vida indígena y la pérdida de conocimientos ancestrales sobre plantas y animales.

En esa línea, Ipenza resalta otras dificultades que impiden detener la minería ilegal en el país. Una de ellas es la ausencia de un mecanismo de trazabilidad del oro extraído —es decir forma de conocer la ruta desde dónde se extrae el metal precioso hasta su venta final — en ninguna región del territorio nacional, tanto en la minería de pequeña escala como en la minería informal e ilegal.

Esto, en particular, hace más compleja la lucha. Según el abogado especialista, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) permite que un minero inscrito adquiera oro de ilegales y lo pase como suyo.

Asimismo, el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo) no cruza información de la producción real con lo que se vende. En ese sentido, Ipenza no ve un verdadero compromiso del Gobierno en la lucha contra la actividad ilícita.

Ipenza subraya que, en primer lugar, es crucial que el Estado asuma el rol para el cual ha sido designado, garantizando el cumplimiento de la ley y proporcionando un marco de acción que evite estas situaciones.

Si bien el proceso de formalización de los mineros a través del Reinfo ha sido una herramienta importante en los esfuerzos por regularizar la actividad minera en pequeña escala, se ha constatado que este registro es presuntamente utilizado por mineros ilegales para disfrazarse de informales, eximiéndolos de cualquier proceso penal a fin de operar con impunidad.

Por tal razón, es urgente sincerar dicho registro y determinar quiénes son verdaderamente mineros formales, diferenciándolos de aquellos que utilizan el registro como un escudo de impunidad.

Adicionalmente, la aprobación del Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo) es otra medida que está pendiente desde junio de 2021.

Este registro es necesario para rastrear la producción y comercialización del oro, pero hasta ahora no se ha implementado. Además, para que estas regulaciones sean efectivas, se necesitan recursos adecuados a fin de fortalecer la política persecutoria de la minería ilegal.

En 2022, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de su Proyecto Prevenir, realizó un estudio en el que se identificaron los riesgos de la corrupción a lo largo de la cadena de valor de la minería de pequeña escala en Perú.

Según el informe, la corrupción permea diversas fases del proceso minero, desde la extracción hasta la comercialización, afectando tanto a las comunidades indígenas como al medio ambiente.

En respuesta a estos hallazgos, USAID detectó que uno de los puntos más débiles en la lucha contra la minería ilegal es la fiscalización y el control de los insumos utilizados en las zonas mineras. Entre ellos está el combustible, el mercurio y el cianuro.

Además, el control de la comercialización del oro es una pieza fundamental en este rompecabezas. Pues, si no se fiscaliza adecuadamente su origen, la minería ilegal seguirá prosperando bajo la fachada de legalidad.

Finalmente, el abogado César Ipenza subraya que es importante que la actividad ilícita sea vista no solo como una cuestión económica, sino también por sus profundos impactos sociales, ya que amenaza la salud y el sustento de las comunidades. Además, fomenta el trabajo infantil y la explotación laboral, perpetuando ciclos de pobreza y desigualdad.

Por eso, el Estado no puede limitarse a esporádicas operaciones de interdicción. Se requiere un enfoque integral que incluya la formalización de mineros, el control de insumos, la implementación de sistemas de trazabilidad y la creación de incentivos económicos sustentables, subraya el especialista en materia ambiental.

Acerca de este mismo punto, el presidente del Gobierno Awajún concluye: “El Estado peruano debe trabajar para fortalecer el sistema de justicia indígena, de manera que las ilegalidades tengan sus propias sanciones mediante un protocolo especial de entendimiento entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Tenemos una propuesta que pronto lanzaremos, cómo establecer un sistema de justicia fuerte para sancionar los malos comportamientos de los propios comuneros frente a los impactos que ocurren”.

Infobae Perú consultó con el Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), sobre sus posibles soluciones para abordar la minería ilegal, aquella que se realiza sin autorización administrativa o en zonas prohibidas, lo que constituye un delito conforme al artículo 307-A del Código Penal peruano.

En primera instancia, la cartera liderada por Rómulo Mucho respondió que, ante la ineficacia del Reinfo, el sector ha propuesto un nuevo proyecto de ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal, diseñado para regularizar la actividad minera y concluir con el proceso de formalización en curso, buscando un marco normativo más eficiente y justo que el Reinfo.

Asimismo, el ministerio reconoció que el desplazamiento de la actividad ilegal se observa en todo el país, lo que intensifica los desafíos para las autoridades.

También, comentaron que el proceso de comercialización de minerales enfrenta serios problemas en cuanto a la verificación de su origen, lo que complica su regulación.

Por ello, se requiere que los compradores verifiquen la procedencia de las sustancias, pero la ausencia de un sistema integrado y confiable impide una correcta supervisión de las transacciones.

Esta medida es reconocida como uno de los grandes desafíos actuales en la lucha contra la minería ilegal. Por tal razón, desde el ministerio se conformará un equipo interinstitucional que involucrará a diversas entidades públicas para abordar la ruta del oro. De esta manera, se buscará mejorar la transparencia y el control en la cadena de valor de este metal.