Impunidad, negligencia e indolencia: el Gobierno de Dina Boluarte y su papel frente a las denuncias por violencia sexual contra niñas y niños awajún

Como la ‘madre de todos los peruanos’ y una ardua defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Así se presentó Dina Boluarte cuando asumió la presidencia en diciembre del 2022. Sin embargo, las acciones que ha puesto en marcha durante su Gobierno han evidenciado una realidad totalmente distinta: desde la promesa rota a la menor identificada como ‘Mila’ hasta su negativa para responder sobre los casos de violencia sexual en contra del pueblo awajún.

Precisamente, sobre estas últimas denuncias, la gestión de la mandataria ha sido sumamente rechazada y, probablemente, haya mermado en su —ya de por sí ínfimo— índice de popularidad, lo que era de esperarse con dos ministros emitiendo declaracios estigmatizantes y racistas, así como la declaración de una representante del Poder Judicial sobre la falta de recursos asignados por el Estado a la región Amazonas.

Todo salió a la luz cuando, a finales de mayo del 2024, una lamentable realidad fue revelada: 524 docentes habían sido denunciados por abusar sexualmente de niñas y niños awajún desde el 2010 hasta la actualidad; sin embargo, apenas 111 de ellos lograron ser destituidos.

Hoy, a través de un documento oficial de Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) al que Infobae Perú tuvo acceso, que —del 2012 al 2024— se atendieron 442 casos de violencia sexual en el CEM de la provincia de Condorcanqui, lugar señalado por Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, como uno de los más graves. Del total de ellos, 248 corresponden a menores de entre 0 a 13 años y 142 a víctimas de 14 a 17 años.

No obstante, el manejo de todo el caso no ha hecho más que despertar críticas en contra de la falta de voluntad política para resguardar la integridad de la niñez peruana.

En conversación con Infobae Perú, Matut Micaela Impi, vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), califica a Dina Boluarte de “apática” y “ausente” debido a la postura que ha tenido desde que salieron a la luz las denuncias por violencia sexual en contra de niñas y niños en la región de Amazonas, una realidad que si bien no inició en su gestión, sí era su responsabilidad enfrentar.

La representante del GTAA considera que es lamentable que la población indígena y el respeto de sus derechos se encuentren tan aislados de la agenda política nacional, lo que no solo sale a relucir en el contexto de casos de abuso sexual infantil, puesto que también queda reflejado al abordar problemáticas del medio ambiente y todo lo que relacionado con su territorio. “Es una pena que, como presidenta, no tenga esta empatía, esa intención de priorizar y trabajar a favor de las mujeres, de los pueblos indígenas y también en la protección de los derechos humanos”, rechaza.

Esta postura crítica es también compartida por Elena Burga, integrante del equipo técnico de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y docente que defiende la interculturalidad, así como los derechos de los pueblos indígenas. Para Infobae Perú, ella enfatiza su rechazo a la indiferencia y condescendencia que ha caracterizado a los Gobiernos peruanos en cuanto a las amenazas y situaciones de riesgo a las que se encuentran expuestos los pueblos originarios.

Sin embargo, quizá lo que resulta más ofensivo de la respuesta del Estado a las ya mencionadas acusaciones por abuso sexual infantil es el pronunciamiento —estigmatizante y racista— que tuvieron dos ministros de carteras que deberían estar enfocadas en la defensa de esta población, como es el caso del Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la cual indicaba que lo ocurrido podría obedecer a una especie de “prácticas culturales”. En experiencia de la docente, dichos comentarios, a su vez, exponen el desconocimiento y falta de interés que impera dentro de la gestión actual sobre lo que ocurre en Amazonas y la mayoría de regiones del país.

“Negligente, con rasgos de diferencia y discriminatorio”, es la frase que, por su parte, utiliza Rocío Gutiérrez, subdirectora de la organización feminista Manuela Ramos, para referirse al papel que ha jugado el Gobierno de Dina Boluarte en la erradicación de cualquier forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes de uno de los pueblos originarios del país.

Teresita Antazú, reconocida lideresa yanesha que lucha por los derechos de los pueblos originarios y miembro del Consejo Directivo de Aidesep, señala la gravedad de las faltas cometidas por el Gobierno de Dina Boluarte durante el manejo de los casos de violencia sexual contra niñas y niños awajún, razón por la que —a mediados de junio y en apoyo de otras nueve organizaciones regionales— se exigió la renuncia de los titulares del Minedu y el MIMP, como consecuencia de los comentarios discriminatorios vertidos en los medios de comunicación. “El acoso y el abuso sexual no son prácticas culturales, ni de ahora ni de antes”, asevera en diálogo con Infobae Perú.

Ella afirma que, para empezar a hablar de reparación, se debió separar —en primera instancia— a los docentes que tenían investigaciones y que fueron señalados de cometer abusos sexuales. Incluso, precisa que hay algunos profesores cuyas acusaciones son conocidas, pero que —por alguna razón— se mantienen en las aulas de clase.

La defensora de los derechos de los pueblos originarios exige “medidas ejemplares” para poner fin a la impunidad, puesto que no se trata de casos aislados. Desde su experiencia con Aidesep, narra que, durante sus visitas a las comunidades, han detectado que la ineficacia en la atención a las denuncias es uno de los principales obstáculos que deben enfrentar las víctimas. “El profesor, al siguiente día, viene tranquilo a enseñar a pesar de que hay una denuncia. Entonces, ahí tiene que haber una manera en que el Estado tome acción”, continúa.

Todo lo acontecido durante los últimos meses, sumado al abandono que aqueja a los pueblos originarios por parte del Estado desde hace muchísimos años, lleva a Antazú a descartar la posibilidad de si quiera pensar en hablar de justicia.

Para Burga, a su vez, es clave continuar exigiendo lo que es justo, especialmente porque es el propio Estado el encargado de reparar a las familias, a las niñas, niños y adolescentes que han sido violentados. “Y que siguen siendo abusados por la ineptitud de todos los distintos niveles del gobierno, de los distintos órganos del Estado para actuar y para protegerlos”, considera.

La docente que defiende y difunde la interculturalidad expone la urgencia, y relevancia, de que haya una reparación, sobre todo porque la “indiferencia del Ejecutivo tampoco debe significar que uno deje de exigir”.

En esa línea, Gutiérrez considera válidas las críticas a los viajes realizados por los ministros Morgan Quero y Ángela Hernández a la región Amazonas —ya sea por la tardanza con la que se dieron, por la falta de reunión con los líderes que denunciaron estos abusos, por su ausencia en las provincias con mayor índice de denuncias o por su corta estadía—; no obstante, reconoce que sí fue importante que concretarán las visitas, puesto que sirven para que haya una atención política y un reconocimiento de las autoridades a la problemática.

Sumado a ello, es enfática al indicar que este primer paso no va a arreglar el problema, sino que lo que tiene que ocurrir ahora es que el Gobierno implemente acciones que formen parte de todo un plan diseñado específicamente para atacar la incidencia de abusos sexuales. “Hay un diagnóstico muy claro de cada uno de los sectores: en educación, por ejemplo, desde los mecanismos de reconocimiento y separación de docentes que ya tienen denuncias, que están procesados o que han recibido sentencia y que no debieran tener un puesto en las escuelas de la zona”, afirma.

La dotación permanente de recursos a las escuelas y a las residencias estudiantiles —que permitan una instancia más digna para las niñas de adolescentes—, y un proceso de selección de personal más riguroso —a fin de garantizar que sea idóneo y que esté capacitado— son algunas de las acciones claves que debieron emprenderse con urgencia. Sobre este último punto, la subdirectora de Manuela Ramos resalta que debe asegurar que quienes sean contratados cuentan con formación en interculturalidad, con el objetivo de que reconozcan que la violencia sexual es un problema que está vinculada a la alta vulnerabilidad de las niñas y adolescentes en cualquier parte del país, pero sobre todo en la Amazonía y en las zonas rurales, donde las niñas tienen que alejarse de casa, recorren distancias amplias para llegar a la escuela o deben quedarse en hogares transitorios para poder acceder a la escuela.

Para el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) —cuya jurisdicción se extiende por Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto—, la organización comunitaria ha sido clave para poder constituirse en el 2022 y su papel para enfrentar las problemáticas que aquejan al territorio continúa vigente en la actualidad.

De esta manera, a su vez, las comunidades, cansadas de tantas injusticias y de la ausencia del Estado, replican dichas acciones y se articulan entre ellas para poner orden a través de sus autoridades comunales, así como de la elaboración de reglamentos y estatutos internos. “Muchas veces, en la Fiscalía, en la justicia ordinaria, el que menos tiene no alcanza la justicia esperada”, explica Impi.

A la par, el GTAA, apenas fue conformado, inició el proceso de creación del Código de Justicia Awajún, el Código de Convivencia Comunitaria Awajún y el Código Procesal Penal Awajún, cuya primera consulta fue aprobada y ahora sigue el ‘proceso nutrición’, a fin de recibir las recomendaciones que correspondan. Sin embargo, a pesar de contar con normas establecidas al interior de su territorio, de acuerdo a la autoridad, el objetivo final es trabajar en comunicación con la Fiscalía y el Poder Judicial para que prime el mutuo entendimiento respecto a cuándo y cómo hay que intervenir en las comunidades, sobre todo con acciones que tengan en cuenta la pertinencia cultural.

Y algunas de las problemáticas que más preocupación causan entre funcionarios y ciudadanos son el abuso sexual infantil y la violencia de género, cuya erradicación se posiciona como una prioridad. Con esto en mente, surgieron iniciativas como la Ordenanza Territorial N.° 6, que data de noviembre del 2023 y aún se halla en el periodo de sensibilización, a fin de “garantizar la libertad para elegir pareja y proteger la integridad física y psicológica de la mujer awajún”; es decir, que prohíbe los matrimonios y uniones forzadas, al tiempo que establece límites y requisitos para concretar formalmente un vínculo.

La vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo Awajún resalta que, además de los castigos e inhabilitaciones que puedan darse en contra de los agresores, el Ministerio de Educación también debe hacerse responsable de garantizar que los profesores que ingresan a las instituciones que se ubican en territorio indígena van a ofrecer una formación de calidad, dentro y fuera de las aulas de clase.

Además, la autoridad no se muestra muy convencida de que las víctimas de los delitos de violencia sexual ejercidos por docentes vayan a encontrar justicia, puesto que existen muchos obstáculos que derivan de la burocracia en torno al proceso legal, el cual suele terminar por desgastar y revictimizar a las afectadas.

Por ello, hace un llamado para que se establezcan nuevos protocolos que permitan atender los casos de violencia sexual desde el momento en el que estos sean reportados. Para cumplir con la consigna, menciona que será vital contar con la cantidad necesaria de especialistas que puedan responder a dichas emergencias a fin de corroborar y emitir el certificado médico correspondiente.

Otro de los puntos clave a implementar, de acuerdo a su testimonio, es la contratación de intérpretes que faciliten el proceso para las víctimas. Ella resalta que, pese a que en el 2022 ganaron una demanda al Centro de Emergencia Mujer para que puedan implementar traductores, el pedido aún no ha sido materializado.

Finalmente, Antazú se une a esta postura y explica que el rol de independencia que han asumido los las comunidades ha sido el producto de años de desatención y olvido, pese a que —en su momento— consideraron que algunos de los presidentes electos podrían marcar una diferencia y concretar, por fin, el inicio de la reparación de sus derechos. No obstante, ni siquiera la pandemia logró que se convirtieran en prioridad para el Gobierno de turno, lo que llevó a que las comunidades se articularan, nuevamente, para activar mecanismos de protección y prevención.

Es increíble pensar que uno de los momentos más complicados que le ha tocado vivir al mundo en los últimos años haya sido asumido en esas condiciones por los pueblos originarios del Perú, cuyo aporte a la economía e identidad nacional es tal que no puede ser cuatificado.

Las denuncias por violencia sexual en contra de las niñas y niños awajún, así como de la nación wampis, que comparten espacio geográfico y enfrentan obstáculos similares, es una problemática que requiere atención inmediata, pero —además— es una señal de alerta al estado de abandono y desatención en el que se encuentran los pueblos indígenas del país, una realidad que es ampliamente conocida por los Gobiernos y que, al final del día, no les interesó resarcir.