La relación de Dina Boluarte y el Congreso con medios de comunicación, contada por periodistas

Ya nada queda de la presidenta que en sus primeros meses de mandato daba entrevistas a medios de comunicación y aseguraba que su gobierno daría “toda la información necesaria y todas las facilidades” para que los periodistas realicen su trabajo. La mandataria Dina Boluarte, quien en algún momento destacó la “transparencia y predisposición para trabajar con la prensa nacional, regional e internacional”, llega al 28 de julio sin responder a las interrogantes de los medios de comunicación; al mismo estilo que su antecesor Pedro Castillo, a quien se parece cada vez más, pese a que busca tomar distancia.

En lo que va del año, la jefa de Estado no solo se ha mostrado hostil con la prensa, sino que en los eventos oficiales se ha apartado a los medios de comunicación imposibilitándola de acercarse y realizarle preguntas relacionadas a las distintas investigaciones en su contra. En otro pronunciamiento, al retornar de China, cuestionó la labor de los medios de comunicación y pidió que se repitan los logros de su gobierno “las 24 horas, así como se hace con las noticias tendenciosas”.

Si bien, previo a cumplir 100 días sin hablar, realizó una conferencia de prensa, en la que solo respondió a lo que quiso y mantuvo su silencio en preocupantes casos, como el de las violaciones en la comunidad Awajún.

El Congreso de la República mantuvo la misma línea durante la gestión de Alejandro Soto, quien presentó distintos recursos legales contra periodistas. Además de no permitir que se le hagan consultas por sus polémicas, en una de sus últimas sesiones como titular del Legislativo, Soto impidió el acceso de periodistas a la Comisión Permanente.

Por si ello no fuera poco, desde distintas bancadas se impulsaron preocupantes proyectos de ley que atentan contra la prensa. Entre ellos, la modificación del Decreto Legislativo 829, que establece la creación del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, a fin de incluir a representantes del Legislativo y del Ejecutivo en el directorio del IRTP, responsable de TV Perú y Radio Nacional; la denominada ‘Ley mordaza’ que pretende penalizar la difusión de información de colaboradores eficaces a la prensa; la modificación de los artículos 131 y 132 del Código Penal, y el artículo 1969° del Código Civil, con el que se busca elevar las penas de difamación de tres a cinco años, asegurando que “todos los medios difaman y perjudican los derechos fundamentales al honor, la buena reputación y la intimidad de la persona”.

Infobae Perú conversó con los periodistas Mónica Delta, Karina Novoa, José Miguel Hidalgo, Carlos Paredes y Carlos Cornejo, quienes analizaron la situación actual de la dignataria y el Parlamento frente a su labor; así como Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP).

En palabras de la conductora de ‘Punto Final’, los medios de comunicación han sido los más afectados ante el vínculo de extrema necesidad entre el Congreso y la presidenta Dina Boluarte para mantener un ‘statu quo’ que les dé ventajas. Entre ellas, quedarse eventualmente hasta el 2026, aprobar leyes populistas basadas en ‘pan para hoy, hambre para mañana’ o, lo que es peor, impulsar leyes que favorecen a parlamentarios y a otros poderosos que están en aprietos con el Ministerio Público, y que Boluarte y compañía, no van a observar.

“Dirán que es muy duro lo expresado. Dirán que la intención es maledicente. La verdad, ni uno ni otro. Es lo que muchos sentimos al escuchar el nivel de los debates, las casi nulas iniciativas en la dirección correcta y la chatura intelectual de tantos. Sinceramente, quisiera ver algo positivo en quienes representan hoy estos poderes, en la relación de los mismos. Ver una especie de equilibrio que fortalezca la democracia, pero no la observo”, sentenció.

Para Karina Novoa, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo con la prensa se resume a sospechas. “Tienen la oportunidad de responder sobre todos los cuestionamientos, que no son pocos, pero han optado por esconderse; entonces, surgen las sospechas. Dina Boluarte está escuchando a personas que le dicen ‘no contestes’, y así se va alejando cada vez más del pueblo. Eso se refleja en su popularidad, la cual, al no tenerla, también la deja sin legitimidad”.

“Ella sigue con esta impericia que a lo único que le ha llevado es a tener el perfil de una persona que no es capaz para el puesto, porque no hemos salido de esta recesión económica, no hay trabajo; pero además es superflua, porque dejó el puesto tirado para hacerse unos arreglitos y que no puede salir siquiera de Palacio de Gobierno mientras el Perú, ¡ay! Siguió sufriendo”.

Al respecto, José Miguel Hidalgo, reportero de Cuarto Poder, recordó que cuando la jefa de Estado asumió el cargo, dijo que serían un gobierno diferente, pero que la única diferencia es que Pedro Castillo fue sincero al decir que no hablaría con los medios de comunicación, ya sea por sus limitaciones o desacuerdos.

Lamentablemente, el poder del Estado que debería equilibrar las acciones del Ejecutivo también incurre en lo mismo. El saliente titular del Congreso, Alejandro Soto, al mismo estilo que Dina Boluarte, dejó de hablar ante el destape de cuestionamientos en su contra. Entre ellos, el plagio de su tesis para ostentar la maestría y doctorado, compras de terreno, y tener a la hermana de la madre de su hijo trabajando dentro de su despacho.

Además de no responder ante los medios, continuó una larga costumbre de denunciar a todos los periodistas que revelaban hechos en su contra. “Entre ellos, a mí. Aprovechó el miedo que podría dar a través de algunas denuncias, lo cual finalmente no ha logrado, pues hasta ahora ninguna de ellas ha logrado prosperar (...) Tanto Dina Boluarte como el Congreso confunden muy fácilmente el término relaciones públicas con periodismo de investigación, y eso es gravísimo porque para ellos un buen periodista es quien habla bien de su gobierno”, lamentó.

Al igual que Hidalgo, Carlos Paredes hace hincapié en el cambio de Dina Boluarte. Mencionó que, si bien al inicio se mostró más accesible a la prensa que su predecesor Pedro Castillo, ha venido adoptando una postura similar, convirtiéndose en el Castillismo 2.0. “La relación con la prensa se ha vuelto cada vez más distante, sobre todo después del escándalo de los relojes Rolex, tras el cual la presidenta mantuvo un silencio de casi 100 días, y estableció una figura de vocero presidencial a cargo de Fredy Hinojosa, a pesar de que, según la ley, esa función corresponde al primer ministro”.

“Yo diría que no hay acceso a la información pública adecuadamente. Cada vez hay más trabas para que los periodistas cumplan con su trabajo, se criminaliza el periodismo de investigación, se dice que el periodismo tiene una agenda malsana, que solamente están para desacreditar y para no resaltar los logros del gobierno. Aún cuando hay, como en cualquier democracia, distintas posiciones editoriales, la libertad de prensa ha disminuido considerablemente en los últimos años por todos estos factores: opacidad, criminalización de la labor periodística, acoso, y a veces incluso denuncias judiciales, estigmatización; básicamente porque la presidenta no ha sido transparente y clara en brindar ruedas de prensa para responder en los temas de coyuntura. En general, creo que el gobierno de Dina Boluarte está repitiendo algunos errores grosos del gobierno de Castillo en cuanto a opacidad, torpeza y poca transparencia con los ciudadanos a través de las preguntas de los medios”, sostuvo.

Con todo ello, para Carlos Cornejo llegamos a estas Fiestas Patrias con una situación política inédita en la historia de nuestro país. “Siempre hemos tenido Ejecutivos fuertes, o Congresos fuertes, pero que se enfrentaban. Esta vez lo que tenemos es una comunidad de intereses, muchos de ellos subalternos, mafiosos, de grupo.... muy por debajo de los intereses del país, que se han organizado para copar espacios de las instituciones democráticas. Y eso lo hace profundamente peligroso y complejo”.

“La Junta Nacional de Justicia se convierte en otra isla de defensa de la institucionalidad democrática, que ha sido víctima de agravios y ataques, pero en general me lleva a pensar que estamos ante una situación política nueva, difícil de resolver y saludar”, agrega.

Para el director ejecutivo del Consejo Peruano de la Prensa, Rodrigo Salazar, la relación del gobierno de Dina Boluarte con la prensa parece estar marcada por una preocupante opacidad que evoca tanto el “castillismo” como el “fujimorismo”. En términos castillistas, Boluarte ha evitado sistemáticamente responder a las preguntas de los periodistas durante periodos prolongados, superando los 90 días en silencio. Al igual que Pedro Castillo, quien se protegía detrás de cordones policiales, Boluarte ha mostrado reticencia a aclarar múltiples denuncias, como las relacionadas con los relojes Rolex y sus cirugías. La presidenta cataloga a la prensa investigativa como “tendenciosa”, una táctica similar a la de su predecesor para desviar la atención.

Sobre los tintes fujimoristas. mencionó que antes y durante la gestión de Boluarte, se han realizado intentos legislativos para criminalizar a la prensa por cubrir protestas, como si informar sobre los disturbios constituyera un delito contra el gobierno. Ejemplos de estas tácticas incluyen los esfuerzos del exministro del Interior, Juan Santiváñez, por intimidar a periodistas como César Hildebrandt y Marco Sifuentes con amenazas de querellas judiciales.

La evasión de responsabilidades internacionales en materia de libertad de expresión y de prensa por parte del gobierno envalentona a otros poderes del Estado a atacar a los medios. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha tomado medidas legales en contra de periodistas, aumentando la presión sobre los medios.

Considerar que en el último año de la autocracia de Alberto Fujimori hubo menos ataques a la prensa que en el Perú actual es alarmante. Esta situación pone en duda la autenticidad de nuestra democracia, que debería estar fundamentada en el respeto a las libertades de opinión y de prensa. Lo que queda claro es que la administración de Boluarte, en lugar de avanzar hacia una mayor transparencia y responsabilidad, parece estar retrocediendo a prácticas que obstaculizan seriamente el ejercicio libre y crítico del periodismo. “¿Estamos hablando entonces de una democracia ilusoria hoy en día?”, cuestionó.

Para Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), la prensa se encuentra bajo asedio al recibir ataques desde todas las esferas. Desde el Ejecutivo, la presidenta de la República evitó responder preguntas de la prensa durante más de 90 días y se han registrado incidentes de hostilización a periodistas. Ejemplos de esto incluyen el confinamiento de reporteros en una sala durante la cobertura de un simulacro nacional y la retención de periodistas durante la inauguración de colegios en Lima. Además, los ministros han enviado cartas notariales a medios que publican denuncias y han indicado a los periodistas a quiénes pueden entrevistar.

Mientras que, desde el Congreso, la ANP reporta que cada 60 días se presenta un proyecto de ley que impacta la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Uno de los proyectos más polémicos propuso aumentar las penas por difamación, en un contexto donde los periodistas enfrentan frecuentemente procesos judiciales. Otros proyectos intentaron pe”nalizar a medios que divulgaran información de colaboradores eficaces. Un caso alarmante fue la denuncia del Congreso, revelada por este medio, contra el director del programa ‘Cuarto Poder’ por supuesto reglaje, pese a que la persecución periodística en pro de la transparencia no constituye un delito.