El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, exigió este jueves a la presidenta Dina Boluarte disponer el cierre inmediato de fronteras ante la creciente ola delictiva que afecta al país. “He tenido varias conversaciones con la señora presidenta y no entra en el tema. Si el principal problema es la seguridad, ahí hay que poner todas las balas”, mencionó durante la entrega de 600 motocicletas para el Serenazgo de la capital.
El burgomaestre consideró que estos fondos podrían utilizarse también para la compra de más vehículos automotores y cámaras de vigilancia, así como para la creación de un programa de recompensas que incentive a los ciudadanos a colaborar con la Policía Nacional (PNP).
“Aprovecho para invocar a la señora presidenta a no invertir más dinero en Petroperú. [...] Con ese dinero se pueden comprar motos con una modalidad que estamos usando aquí, cámaras no solo para Lima sino para todo el Perú. Se puede tener un programa de recompensas para trabajar con la PNP y dar información sobre dónde están las guaridas de delincuentes”, señaló.
De igual modo, propuso implementar la deportación inmediata para delincuentes extranjeros capturados en flagrancia. “[Para que los lleve] en bus desde Lima o cualquier ciudad directamente a su lugar de origen esa misma noche [...] No es tan difícil si hubiera voluntad política. Y cierre de fronteras inmediato para que no entre más gente que no es bienvenida en el Perú”, concluyó.
En julio de 2023, Boluarte anunció la incorporación de la figura de la expulsión de extranjeros detenidos en flagrancia al Código Penal para frenar la delincuencia. También propuso modificaciones al artículo 30° del Código Penal para aplicar la expulsión a extranjeros con penas suspendidas o condicionales y sancionar a quienes faciliten el tránsito irregular de personas en el país.
Para dar viabilidad a estas medidas, presentó al Parlamento un proyecto de delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por 120 días. La presidenta destacó que su Gobierno facilitó la regularización de extranjeros mediante un permiso temporal y una amnistía de multas.
“No vamos a tolerar que delincuentes extranjeros vengan a cometer sus fechorías, ni que vengan a amenazar a nuestros policías”, expresó en referencia al combate de la PNP contra bandas criminales integradas por extranjeros.
Según datos oficiales citados por la agencia EFE, no es preciso que los migrantes sean los principales responsables de la criminalidad en Perú, como afirmó Boluarte. La mayoría de los internos en cárceles del país son ciudadanos peruanos (96 %), mientras que solo el 4 % son extranjeros, incluido 2.464 venezolanos, lo que representa el 2,7 % del total de prisioneros.
De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Perú residen más de 1.500.000 venezolanos, de los cuales solo el 0,16 % está encarcelado. Mientras que por cada 100.000 peruanos, 261 se encuentran en centros penitenciarios, entre los venezolanos la cifra es de 164 por cada 100.000.
Revocatoria
López Aliaga, quien tiene un 69% de desaprobación ciudadana, enfrenta actualmente un proceso de revocatoria iniciado por el economista Ciro Silva, quien recibió el kit de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en junio. Para proceder, deben recolectarse al menos 1.9 millones de firmas antes del 12 de octubre. Según Ipsos, un 57% votaría a favor de su destitución.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocará a la consulta popular de revocatoria de autoridades regionales y municipales el 10 de marzo del próximo año, para aquellos que cumplieron los requisitos legales. El 11 de marzo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) remitirá al JNE el padrón electoral preliminar, y el JNE aprobará el padrón definitivo el 21 de marzo.
Ese mismo mes, el 30, la ONPE realizará el sorteo de los miembros de mesa encargados de la consulta, que se llevará a cabo el 8 de junio de 2025 en las localidades que aprobaron la solicitud de revocatoria.