Fiestas Patrias, la celebración más importante del Perú por su independencia que promete impulsar el crecimiento de ingresos del sector turismo y hotelería, parecía verse afectada ante la convocatoria de una huelga indefinida liderada por un grupo de trabajadores de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
El anuncio se da luego de que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) declarara improcedente la manifestación anunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores CAS de la Superintendencia Nacional de Migraciones (SICASMIGRA), y este último afirmó en Infobae Perú que se realizaría.
“Nosotros vamos a subsanar lo que ellos han observado, pero hasta el momento seguimos en pie de lucha y la huelga va en la misma fecha y a las 00:00 horas porque aún no se ha llegado a un acuerdo”, anunció para este medio.
Además, otro grupo sindicalista de Migraciones anunció que evaluaba sumarse a la medida. Se trata del Sindicato de Empleados de Migraciones (Osempe Perú), el cual agrupa a trabajadores del Régimen Laboral D.L 1057-CAS y D.L. 276, y que ha acusado a la entidad estatal que de incumplir con los convenios vigentes para los trabajadores que integran este grupo.
Implicancias de la huelga
La medida sindicalista habría implicado significativas pérdidas para la economía del país, además de generar caos en los servicios migratorios en un periodo crucial para el turismo, ya que son un aproximado de 700 trabajadores a nivel nacional que integran el Sindicato CAS de Migraciones.
Los trabajadores que iban a participar en la huelga son especialistas en política migratoria, responsables del control de fronteras, la emisión de pasaportes y el procesamiento de trámites. Su ausencia habría impactado gravemente en los ingresos y salidas del país, afectando también el flujo de importaciones y exportaciones, y alterando significativamente el turismo interno.
“Al inspector migratorio no lo reemplaza cualquiera, porque debe conocer la política migratoria. Nosotros somos la seguridad nacional. Dejaremos un mínimo de personas, pero no se van a abastecer”, había explicado Yaser Boluarte, secretario general de trabajadores CAS de Migraciones, en diálogo con Canal N.
Hasta el momento se ha plegado a la moción personal que labura en las jefaturas y puestos de control migratorios ubicados en la Provincia Constitucional del Callao y también personal de ciudades de catorce regiones: Lima, Tumbes, Piura, Iquitos, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Huancayo, Pucallpa, Arequipa, Puerto Maldonado, Cusco, Puno y Tacna.
De haberse realizado, se calculaba que las pérdidas diarias habrían superado los dos millones y medio de dólares, ya que se estarían afectando las actividades del principal aeropuerto del país, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, así como las fronteras terrestres y marítimas. “Estaríamos afectando el ingreso y salida de las personas, tanto peruanos como extranjeros. Tenemosla frontera con Tacna, tenemos la frontera con Tumbes, tenemos los puertos del Callao y a nivel nacional. Entonces, estaría teniendo un impacto fuerte a nivel nacional e internacional”, advirtió Boluarte para el citado medio.
Otras de las preocupaciones por esta medida también implicaba a la seguridad ciudadana, ya que delincuentes con orden de captura vigente podrían darse a la fuga al existir menos control en los ingresos y salidas del país. “No hay garantía de que los trabajadores que los reemplacen tengan acceso al sistema de requisitorias. De esta manera cualquier persona con orden de captura vigente podría salir sin inconvenientes, sea por tierra o avión”, señaló Jorge Fernández, exsuperintendente de Migraciones.
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