Un patrón une a Dina Boluarte con el Congreso, esa coalición que intenta llegar al 2026: el 90% de peruanos desaprueba a la gobernante y el 94% al Parlamento, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). La jefa de Estado, que pudo haber marcado historia por ser la primera mujer en llegar al máximo cargo del Estado en el país, es más bien histórica por sus niveles de rechazo ciudadano (5%), el más bajo de América.
Hace unos días, The Economist dedicó una publicación en la que cuestionaba cómo Boluarte resiste en medio de estas cifras récord. “La respuesta corta es que ella no dirige el país —reseñaba el medio de prestigio—; los que están a cargo son los legisladores de derecha y centristas que dirigen el Congreso, que a su vez tiene una tasa de aprobación de solo el 4%. [...] Si bien Boluarte a menudo no tiene nada programado en su agenda oficial, los legisladores sí están ocupados”.
Para Joseph Dager, historiador y profesor universitario, los lazos entre Boluarte y el Legislativo se empezaron a gestar incluso antes de que ella asumiera la Presidencia. “Me parece que a medida que avanza el gobierno, esta alianza previa queda más al descubierto y creo que es una de las razones por las cuales, no la única, su popularidad es cada vez menor: 5% para uno, 4% para el otro”, dijo a Infobae Perú.
El historiador subrayó que gran parte de los ciudadanos siente que Boluarte traicionó a Pedro Castillo (2021-2022), de quien fue vicepresidenta en la fórmula de Perú Libre. “No estoy diciendo que se le haya dado un golpe de Estado o algo por el estilo, como los seguidores de Castillo insisten, pero sí que hay un importante porcentaje de la población que siente que Dina terminó dándole un golpe. Esa es una razón para entender su baja popularidad”, explicó.
![Dina Boluarte en su discurso de 28 de julio de 2023. Foto: Presidencia/Flickr](https://www.infobae.com/new-resizer/xgLeLXYtOLYbHeogltz_r6WHVbo=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/HLUFKFOOA5GJVIEDGADN3TUQ4A.jpg 420w)
Hay imágenes que refuerzan esa premisa. En diciembre de 2021, una Boluarte en mascarilla gritaba desde un estrado que “si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente”. Pero dos años después, en septiembre de 2023, lo tildó de “asesino” y pidió “que responda por las muertes” que se produjeron durante las manifestaciones antigubernamentales acontecidas entre diciembre y marzo pasado, por las cuales fue denunciada.
![Pedro Castillo habla junto a la que, en ese entonces era vicepresidenta, Dina Boluarte, ante decenas de sus simpatizantes desde un balcón en la Plaza San Martín, luego de recibir las credenciales de sus cargos.](https://www.infobae.com/new-resizer/b873IFQsd60piuef3L2_XEG0zyk=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NZHCROWMQZERDEIL4RQ37CLATE.jpg 420w)
El Congreso que ahora la apoya fue el mismo que buscó a toda costa la salida de Castillo, quien finalmente fue destituido tras orquestar un autogolpe de Estado en diciembre de 2022, cuando acabó detenido por su propia escolta. Inmediatamente después, ella se calzó la banda presidencial. “Dina Boluarte no entendió el mandato que recibió y estamos pagando las consecuencias”, escribió el periodista Diego Salazar en un artículo publicado en The Washington Post.
“De manera que es un poco difícil que la población entienda cómo es posible que este Congreso ahora sea aliado de la presidenta, así sin ningún arreglo previo”, añadió Dager. Bajo su mirada, Boluarte puso arranque a su mandato “sostenida, contenida y apoyada“ por las bancadas de derecha más radical, anteriormente opositoras a Castillo, “y, curiosamente, por la izquierda cerronista, también radical”, que apoyaba al exmandatario.
“Hay una alianza un poco rara entre la derecha más conservadora y esta izquierda cerronista, a la cual se le va sumando progresivamente el fujimorismo. Ahora tenemos claramente una alianza por el poder entre estos grupos dentro del Congreso y el Ejecutivo”, siguió.
La socióloga Yolanda Roca, experta en género, recordó que, en sus primeros discursos, Boluarte hacía mención de figuras históricas como la prócer Micaela Bastidas. También, prometió abogar por un cambio de políticas que prioricen a las mujeres y poblaciones vulnerables, y sugirió que le daría un respiro a la asfixiante coyuntura política. “Nada más falso. Boluarte no emula a Micaela Bastidas, gran mujer que trasvasó su época e implementó estrategias para rebelarse contra el sistema dominante. No fue la mujer que esperábamos que representara, sino una más del montón, y menos representa a las mujeres”, señaló a Infobae Perú.
Una de las primeras reuniones que mantuvo la mujer más poderosa del país fue con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, actualmente incursa en una investigación que la señala como cabecilla de una red de tráfico de influencias en el Ministerio Público. En febrero de 2023, Boluarte se juntó con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a quien invitó para participar en una ronda de diálogo con los principales representantes de los partidos políticos del país.
Fujimori, tres veces derrotada en las urnas, llegó a la sede presidencial acompañada por el secretario general de su partido, Luis Galarreta, y el portavoz de su agrupación, Miguel Torres. “Hemos tenido una reunión amplia, larga, sincera, donde se ha hecho un análisis sobre la crisis social y política que atraviesa nuestro país y las posibles salidas. Se ha conversado también sobre temas internacionales, de los cuales no puedo dar muchos detalles”, declaró al final de la cita, que se prolongó durante más de una hora y media.
Ese fue el primer acercamiento de Boluarte al partido naranja: le tendió la mano a la heredera política del exautócrata Alberto Fujimori (1990-2000), a quien había criticado con rigor. “Los dictadores ya nos demostraron quiénes son. Son los señores de Fuerza Popular, antes Cambio 90 y ya sabemos cuál es la dictadura de Fujimori”, dijo Boluarte en un debate durante la campaña.
Hoy, según Dager, la coalición entre la mandataria y el Parlamento está cada vez más liderada por el fujimorismo, que se ha convertido en el verdadero detentor del poder. “Es muy probable que al inicio del mandato de Dina, sus asesores tuvieran la ilusión de que tendrían un mayor margen para ejercer el poder en esta alianza, pero a medida que han pasado los meses, nos hemos dado cuenta de que el papel del Ejecutivo es marginal”, explicó.
El papel marginal del Gobierno lo terminó de ratificar el mismo Alberto Fujimori a inicios de este año, pocos meses después de dejar la prisión donde cumplía una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había ordenado que no se ejecutara su excarcelación. “El Gobierno de la presidenta va a continuar hasta 2026, por lo menos Fuerza Popular así lo ha acordado”, dijo el exdictador, quien ahora busca entrar en la carrera presidencial aun cuando está impedido legalmente.
“‘The Economist’ ya ha señalado que Dina sobrevive porque no manda. Y mira que esta no es precisamente una revista de izquierda o algo así; más bien claramente de una derecha liberal, y sin embargo es crítica. Los grupos de derecha radical, usualmente asociados a militares en retiro, afirman que el Congreso debe tener la voz cantante. Utilizan una expresión que no debería usarse en una democracia moderna, donde no hay primeros poderes del Estado, sino equilibrio, vigilancia mutua y balance entre los poderes”, apuntó Dager.
Basta con revisar algunos de los proyectos aprobados por el Parlamento en los últimos meses para notar que esta institución ha actuado según sus propios intereses: intentó destituir a miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Aprobó una ley que devuelve la autonomía a las universidades, lo que desmanteló la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), pilar de la reforma universitaria de 2015. Dio luz verde a la bicameralidad y la reelección legislativa inmediata, medidas rechazadas por más del 85 % de los peruanos en un referéndum de 2018.
Modificó, por insistencia, las modificaciones a la ley forestal y de fauna silvestre que, en opinión de organizaciones nativas y de activistas medioambientales, representan una violación a los derechos de los pueblos indígenas y facilitan la deforestación de la Amazonía. Y aprobó, en segunda votación, la ley que propone limitar la aplicación y alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en abierto desafío a la Corte IDH, que pidió al Estado peruano que la deje sin efecto por la prescripción que significaba para esos casos.
![Pleno del Congreso en una fotografía de archivo. Andina](https://www.infobae.com/new-resizer/-J1OHId02OHqci2CEdxyDy6rMHg=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/UJT655NIUFF7HM6FIAOEQBDNCM.jpg 420w)
Esta última iniciativa, presentada por Fuerza Popular y Renovación Popular, pretende impedir que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en el país.
“Es una dinámica en la que el Congreso aprueba reformas y leyes a su conveniencia, mientras el Ejecutivo, sin una bancada fuerte, no puede reaccionar. [...] Los gestos en política son importantes, y observar una norma desde el Ejecutivo podría indicar que el Gobierno está en contra de una ley específica. Sin embargo, el Ejecutivo simplemente no se enfrenta porque está sometido al Congreso y no quiere dar ningún gesto de confrontación”, consideró Dager.
Si tienen la libertad de aprobar normas, también pueden mostrarse complacientes con la mandataria. Fuerza Popular votó en bloque y en contra de las siete solicitudes de vacancia presidencial presentadas contra Boluarte en menos de dos años e impidió que estos pedidos fueran sometidos a debate y que la mandataria compareciera ante el pleno para responder a diversas acusaciones.
“Ninguna de las mociones de vacancia ha llegado a alcanzar la cantidad de votos como para que siquiera puedan ser discutidas en el pleno. Sucede un escenario muy complicado porque no se ve que de aquí hasta 2026 haya alguna posibilidad de que ocurra algo que determine un fin pronto del gobierno de Dina Boluarte”, continuó el historiador.
Para Danger, no parece haber un detonante que pueda poner fin al periodo de Boluarte antes de tiempo. “Pareciera que el Congreso está más o menos unido en la estrategia de que Boluarte termine su periodo y así los mismos congresistas completen el suyo y puedan ir a la reelección que ellos mismos aprobaron, sin considerar lo expresado por la población en un referéndum previo”, observó.
Pedidos de vacancia, al archivo
El primer pedido de vacancia fue presentado por la congresista Nieves Limachi (Perú Democrático) debido a las muertes en las protestas antigubernamentales. En esa ocasión, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País defendieron en bloque la permanencia de Boluarte en el cargo.
Margot Palacios, vocera de Perú Libre, impulsó una solicitud por los viajes al extranjero de la mandataria sin dejar un vicepresidente a cargo. Posteriormente, Palacios volvió a introducir otro pedido relacionado con el llamado ‘Rolexgate’, que involucra a la presidenta y al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
Por su parte, la parlamentaria Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos Por el Perú) también presentó una solicitud vinculada al Rolexgate. El congresista no agrupado Alfredo Pariona planteó otra vacancia por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, que implica a la gobernante, su exabogado Mateo Castañeda y su hermano Nicanor Boluarte.
Adicionalmente, Cambio Democrático introdujo un pedido debido a la ausencia de Boluarte durante 12 días tras someterse a una cirugía estética. En tanto, Perú Libre continuó con una propuesta centrada en el ‘Rolexgate’ y ‘Los Waykis en la Sombra’. Ninguna fue admitida a debate y todas fueron archivadas.
La socióloga Yolanda Roca señala, por lo anterior, que tarde o tempano veremos a Boluarte tras las rejas. “Lamentablemente, la presidencia está siguiendo políticas en default. La vemos inaugurando algunas actividades, pero no ejerciendo una gestión de gobierno efectiva. Históricamente, va a pasar como una corrupta más. Ambos poderes se alían para unir fuerzas, pero no lograrán mantener esta alianza todo el tiempo”, anotó.
Esta semana, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite una denuncia constitucional contra la presidenta por cohecho pasivo en el caso ‘Rolexgate’. Sin embargo, rechazó una segunda por las muertes ocurridas en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023. En una sesión presidida por Lady Camones, los parlamentarios descartaron esta denuncia con 14 votos en contra y cuatro a favor, pese al informe que recomendaba su procesamiento por delitos de homicidio, genocidio y lesiones graves.
![Dina Boluarte en una fotografía de archivo. Foto: Presidencia Flickr](https://www.infobae.com/new-resizer/SwxG8pymiZwfPMNDEsphkbytxBM=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/23XUO5WICNHH3JZ6FCHZ6KO2PI.jpg 420w)
Previamente, Amnistía Internacional (AI) había presentado un informe en el que señaló que Boluarte puede tener responsabilidad penal por las muertes de manifestantes en las protestas. “El único objetivo del gobierno parece ser durar. En esa medida, congregan ministros inaceptables, como el de Educación y la Mujer, y gestionan de manera absolutamente ineficiente, como el titular de Salud con medicamentos vencidos, o la ministra de Cultura con problemas gravísimos en el Archivo General de la Nación”, agregó Dager.
Morgan Quero (Educación) y Ángela Hernández (Mujer) desataron una ola de repudio por justificar las agresiones sexuales perpetradas por docentes contra escolares del pueblo Awajún, el segundo grupo indígena más numeroso del país. El primero consideró que eran “prácticas culturales”, y sus declaraciones fueron respaldadas por la ministra, quien señaló que “se tratan de prácticas culturales que debemos desterrar”. Cuando le preguntaron a Boluarte, esbozó una sonrisa y no dijo una sola palabra al respecto.
En abril pasado, cuando se encontraba inmersa en plena crisis por el caso de los relojes de lujo Rolex, la mandataria renovó su gabinete al cambiar a seis ministros. Los únicos titulares que continúan en el cargo desde que juró como presidenta son el de Desarrollo Social, Julio Demartini, y la de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar.
“Hay muy difícil posibilidad de que un gobierno así sea sostenible en el tiempo que le falta, porque junto a la ineficiencia, a la impopularidad, tenemos que agregarle, por supuesto, el aumento de la delincuencia, el aumento de la inseguridad, el aumento de la pobreza, que son cifras objetivas”, siguió.
Un Viernes Santo, la puerta de la casa presidencial fue rota a combazos como parte de la investigación abierta por no declarar los relojes de lujo ante el Jurado Nacional de Elecciones. Los parlamentarios conservadores optaron por rechazar el operativo. “La criticable irrupción del Ministerio Público y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) en la residencia de la presidenta, en el caso Rolex, podría haberse evitado si ella hubiera optado por la transparencia”, indicó Jorge Montoya.
![Dina Boluarte en una fotografía de archivo. Foto: Presidencia Flickr](https://www.infobae.com/new-resizer/hsBNeDhd_TMO19o3CVVz52Z7QiU=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/3TWKJR24WFFKTOAOKAGHN2OCPY.jpg 420w)
Patricia Chirinos expresó que todos los peruanos exigen “una respuesta clara y transparente” por parte de Boluarte sobre sus relojes, pero añadió que “este extraño allanamiento es innecesario y más parece ser parte de un show mediático para desviar la atención” de los casos que según ella involucran a ciertos fiscales anticorrupción. Por su parte, Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética del Parlamento, definió el allanamiento como “un espectáculo lamentable, muy distante a la verdadera búsqueda de justicia”.
Después, Boluarte desapareció del lente mediático por 90 días. El presidente del Legislativo, Alejandro Soto, también ha evitado a la prensa. Ambos parecen tener una estrategia similar, esa alianza que se manifiesta incluso en sus patrones de conducta: enfrentan a los reporteros, llaman “noticias tendenciosas” a las investigaciones periodísticas.
“Ningún ruido político nos detendrá, nada nos distrae. Seguimos enfocados en cumplir el encargo de los peruanos: servir a la patria hasta el último día de la gestión, en julio de 2026. Y a pocos días de celebrar un nuevo aniversario de nuestra independencia, hago un llamado a la unidad y unión a todos los hermanos y hermanas de la costa, sierra y selva de nuestro querido Perú”, ha dicho Boluarte recientemente. Parece vivir tan alejada de la realidad que, para ella, todo lo ocurrido se reduce a un simple ruido.