Desafíos, cuestionamientos y polémicas de los ministros que Dina Boluarte mantiene aún en sus carteras: ¿Por qué no los cambia?

Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú el 7 de diciembre de 2022 y este 28 de julio cumplirá más de año y medio en el cargo. Durante su mandato, el gabinete ministerial experimentó numerosos cambios debido a cuestionamientos sobre su desempeño, renuncias, crisis políticas y reestructuraciones internas, entre otros motivos. Infobae Perú consultó a cuatro especialistas en política para obtener su perspectiva sobre los ministros más cuestionados, los desafíos futuros que deberán enfrentar y por qué aún la mandataria los mantiene al frente de importantes carteras.

Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia, el Ministerio del Interior ha tenido seis cambios en su liderazgo al acumular un total de 6 funcionarios. César Cervantes ocupó inicialmente el cargo, seguido por Víctor Rojas Herrera. Vicente Romero Fernández lo sucedió, y luego fue el turno de Víctor Torres Falcón. Posteriormente, Walter Ortiz Acosta asumió el puesto. Actualmente, Juan Santiváñez Antúnez es el titular del Mininter desde el 1 de abril de este año.

Gastón Rodríguez Limo, quien estuvo al mando de esta cartera durante el Gobierno de Martín Vizcarra (24 de abril al 15 de julio de 2020) y también un breve paso durante el mandato de Manuel Merino (12 al 17 de noviembre de 2020), explicó la razón por la cual hay tanta rotación de representantes en este sector.

De la misma forma, explicó que el Ministerio del Interior es especialmente complicado, comparado con una caja de dinamita que “puede explotar en cualquier momento, debido a su responsabilidad sobre la integridad de todos los peruanos”.

La inseguridad en Perú, caracterizada por asesinatos, robos y asaltos, afecta tanto a peatones como a negocios en la vía pública. Esta situación ha llevado a un incremento en la percepción de peligro de los ciudadanos.

Según los datos recopilados por el INEI en la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales de 2014 a 2023, el Perú ha retrocedido casi siete años en la lucha contra la inseguridad ciudadana, ya que niveles similares a los de 2017. Este retroceso se atribuye al aumento del porcentaje de la población urbana mayor de 15 años que ha sido víctima de algún delito.

Según Rodríguez Lima, este problema se debe a que “falta de liderazgo conductual y un gobierno perdido caracterizan la situación. Las medidas tomadas, como declarar estados de emergencia, carecen de logística y planificación adecuadas, lo que impide su sostenibilidad. Tras 30 o 40 días, los policías regresan a sus jurisdicciones originales y las calles quedan desprotegidas”.

Para combatir la delincuencia, Gastón explica que todo parte de un liderazgo conductual del más alto nivel. “La misma presidenta debió involucrarse en esto. Sentar al Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Defensa, Ministerio del interior, Ministerio de Justicia y al INPE”, menciona.

Bajo la dirección de Juan José Santiváñez, el Ministerio del Interior (Mininter) implementó el operativo Amanecer Seguro en diversas regiones del Perú y distritos de Lima Metropolitana. Este megaoperativo se enfoca en la identificación de personas indocumentadas, llevándolas a las comisarías correspondientes, y en la detención de individuos requisitoriados por la ley.

Con respecto al papel de Santivañez, Rodríguez Limo resaltó que “es un ministro que, a diferencia de sus predecesores recientes, se muestra proactivo y decidido a hacer las cosas bien”. “Le he recomendado que las acciones del Ministerio del Interior se mantengan dentro de sus competencias y no invadan áreas que corresponden al comando policial. Aparte de eso, el ministro está desempeñando su labor de manera adecuada”, añade.

Sin embargo, las últimas denuncias en su contra ante un posible reglaje contra el periodista Marcos Cifuentes, director de ‘La Encerrona’, y su papel en la desactivación de la Diviac y su crítica al equipo de policías que apoyaba al Ministerio Público a través del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), ha hecho que esté en el ojo de la tormenta, que la presidenta Dina Boluarte pretende esquivar y seguir manteniendo a un cuestionado ministro en un golpeado ministerio del Interior.

Durante el Gobierno de Dina Boluarte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha tenido varias ministras. Grecia Rojas Ortiz ocupó el cargo hasta el 13 de enero de 2023, seguida por Nancy Tolentino Gamarra, de tendencia independiente, quien ejerció hasta el 1 de abril de 2024. Desde esa fecha, Ángela Hernández Cajo asumió la posición.

Como se recuerda, la integrante del Consejo de Ministros, recibió ola de críticas al referirse sobre el caso de las denuncias sexuales en la comunidad Awajún ya que sostuvo que “se trata, efectivamente, de prácticas culturales que debemos desterrar”.

La titular de la cartera afirmó que sus palabras fueron malinterpretadas cuando se refirió a las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero. En una entrevista con RPP, señaló que se reunió con representantes de las comunidades de Condorcanqui para aclarar sus palabras y lamentar el malentendido pero sin ofrecer disculpas explícitas. Ella subrayó que sus comentarios estaban en contra de la violencia sexual.

Al respecto, Ana Jara, quien ocupó el cargo del Ministerio de la Mujer (11 de diciembre de 2011-24 de febrero de 2014), (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú 24 de febrero de 2014-22 de julio de 2014) y presidenta del Consejo de Ministros (22 de julio de 2014-2 de abril de 2015) durante el Gobierno de Ollanta Humana expresa su malestar por el desempeño de Hernández.

Otro de ellos problemas que el Perú enfrenta es el lamentable incremento en los casos de violencia contra la mujer en 2024. Hasta la fecha, 57 mil 550 mujeres han sido atendidas en los Centros de Emergencia Mujer CEM, según informó el MIMP. Este número refleja un promedio diario de 378 afectadas.

El informe reveló que la mayoría de las víctimas, el 65,6 %, son ciudadanas entre 18 y 59 años. Además, el 29,1 % de los casos corresponde a niñas y adolescentes, mientras que el 5,3 % involucra a adultas mayores.

De acuerdo con el MIMP se ha creado una mesa de trabajo para erradicar el feminicidio y la violencia de género con el fortalecimiento de los Centros Emergencia Mujer (CEM) y priorizando la igualdad de género.

Sin embargo, Jara Velásquez explica que el ministerio “debería desempeñar un papel más activo, ya que hay un marco legal que condena a los agresores, sin embargo, en algunos casos no se cumple o no se aplica”.

De acuerdo con la abogada, “cualquier campaña de fortalecimiento debe avanzar. La prevención de la violencia requiere educación y empoderamiento económico de las mujeres”.

Otra de las carteras importantes y pilares en el desarrollo del país es la de Educación, ministerio que ha sufrido varios cambios de rostro: Patricia Correa, Óscar Becerra, Magnet Márquez Ramírez, Miriam Ponce Vértiz y, finalmente, Morgan Quero, quien asumió como ministro desde abril de 2024 y que en las últimas semanas sus lamentables declaraciones, sobre la denuncia de violaciones a niños y niñas de la comunidad Awajún, ha sido duramente criticado y se ha exigido a la presidenta su salida.

Quero, consultado sobre las denuncias de violencia sexual cometida por docentes contra escolares entre 2010 y mayo de 2024, afirmó recientemente que buscarán “algún tipo de solución para zanjar la situación”, incluso si se trata de una “práctica cultural”. En algunos casos, los agresores han contagiado a las víctimas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Quero precisó que “es una práctica cultural [que] lamentablemente sucede para ejercer una forma de construcción familiar, vamos a ser prudentes, pero también exigiremos una respuesta a la población. Si estas niñas han sido violadas, no nos va a temblar la mano”.

Tras esas declaraciones, el titular del Minedu desató una ola de críticas por parte de legisladores, activistas y académicos tras sugerir que las agresiones sexuales denunciadas. Sin embargo, días después mencionó que sus palabras fueron tergiversadas y que “no existe justificación alguna para actos tan atroces” como los ocurridos desde hace 14 años en las residencias estudiantiles en Amazonas

De la misma forma, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció medidas estrictas contra los docentes denunciados por violación sexual que pertenecen a la de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Condorcanqui, en Amazonas, a estudiantes. Según la cartera, una de las acciones llevaría a que estos maestros sean “bloqueados” en los sistemas de Recursos Humanos para evitar que sean contratados o nombrados.

Al respecto, Ana Jara considera que las declaraciones de tanto el ministro Quero como la ministra Tolentino ha sido graves y que deben asumir la responsabilidad de sus acciones. “En el Congreso de la República hay quienes promovieron su interpelación y ahí es cuando han reculado al señalar que no sabían lo que decían, pero es inaceptable”, precisa.

Asimismo, cataloga que “el titular del Minedu interviene frecuentemente en situaciones fuera de su competencia”. “Debería respetar la autoridad de la presidenta de la República y del presidente del Consejo de Ministros. Además, intenta justificar lo injustificable en cada crisis política autogenerada, lo cual es desafortunado. El sector Educación es muy complejo y no se soluciona únicamente con infraestructura o grandes colegios”, explica.

El sector Salud ha tenido hasta ahora a dos ministros. Rosa Gutiérrez, asumió el cargo el 10 de diciembre de 2022 y lo dejó el 15 de junio de 2023. Posteriormente, César Vásquez Sánchez fue designado como su sucesor y es el actual titular.

Uno de los principales problemas que afectó el Perú este año fue el dengue. El Ministerio de Salud (Minsa), por medio de su Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, informó que hasta el momento se registran 250 mil muertes por dengue durante este 2024 y más de 250.000 casos.

Para hacer frente a esta situación, se anunció el Plan de Prevención y Control del Dengue 2024, el cual incluye un presupuesto extraordinario de 107 millones 585,222 soles dedicados a reforzar las actividades de control de larvas, identificar y eliminar criaderos del mosquito y realizar fumigaciones en zonas críticas.

El Gobierno emitió recientemente un decreto de urgencia para otorgar facultades económicas especiales para combatir el dengue, permitiendo al Minsa, al Instituto Nacional de Salud (INS) y a varios gobiernos regionales y locales disponer de fondos adicionales.

Se aprobó un fondo de S/46 millones 134,048 para fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar la capacidad de respuesta, además de organizar la campaña “Cole seguro, sin dengue y sin zancudo” y fumigar viviendas en las regiones más afectadas.

Sin embargo, la Contraloría General de la República advirtió sobre la escasez de personal en seis centros de salud en Piura y la falta de áreas designadas para pacientes con fiebre, así como condiciones que favorecen la proliferación del vector. También se identificaron deficiencias en los hospitales de Lima Norte, incluyendo falta de personal, recursos, estrategias de vigilancia y problemas de infraestructura.

Al respecto, Omar Neyra Colchado, doctor en Salud Pública, master en Docencia e Investigación, cirujano Dentista, especialista en Rehabilitación Oral, con experiencia de 21 años, en la gestión y dirección de proyectos de salud y educación, opina que el “Gobierno de Dina Boluarte muestra poco interés y desidia, reflejados en la insistencia en gestiones sin resultados.

El especialista explicó que “las medidas y estrategias en salud pública se evalúan por sus resultados, y los actuales son los más desastrosos en la historia del Perú. El número de contagios y fallecidos en los primeros seis meses ya supera las cifras del 2023, un año que también representó una crisis sanitaria sin precedentes. Las estrategias de la gestión actual fueron insatisfactorias, lo que explica los índices de salud alarmantes”.

Con respecto a la función de Vásquez, Neyra Colchado comentó que “la gestión es desastrosa, como lo evidencian los indicadores, por ejemplo, no hay medicamentos en los hospitales. El problema radica en que el dinero se distribuye entre numerosas unidades ejecutoras, que adquieren suministros a precios elevados, lo que aumenta las posibilidades de corrupción. Esto resulta en un fracaso”.

Por su parte, con respecto a los pendientes a futuro, argumentó que “el trabajo y fortalecimiento del primer nivel de atención primaria es fundamental. Entre el 70 y 80 % de los casos deben resolverse en esta etapa y así, se evita la saturación en hospitales”.

Alex Contreras Miranda ocupó el cargo de ministro de Economía hasta el 13 de febrero de 2024 y luego, fue sucedido por José Arista Arbildo, quien se mantiene actualmente al frente del MEF.

El decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Carlos Adrianzén Cabrera menciona que tiene una visión dual respecto al titular del sector. Lo considera uno de los mejores de su generación, con una excelente trayectoria, pero se esperaba mucho más de él.

En mayo pasado, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), y José Arista, ministro de Economía y Finanzas (MEF), emitieron opiniones importantes sobre la economía peruana tras la recesión de 2023, cuando el país no registró crecimiento económico por primera vez en décadas.

El primero, en un simposio de minería, criticó el predominio de lo político en el MEF y la aprobación de leyes económicas sin la debida observación técnica, como los proyectos de retiro de AFP y CTS. El titular, aunque inicialmente reacio a comentar, sugirió que el BCR debería reducir la tasa de interés de referencia del 5.75 % para facilitar la reactivación económica y mejorar el mercado hipotecario y crediticio.

Sobre este intercambio de palabras, Adrianzén explicó que “es de muy mal gusto que el ministro de Economía critique al BCR por cumplir con su labor de defender la estabilidad monetaria. Supongo que Arista siente vergüenza por su crítica, dado que su gestión tampoco ha sido destacable”.

El especialista señaló que, con respecto al futuro de este sector, es que “la inversión extranjera y minera, que suele atraer otras inversiones, no han florecido bajo la gestión del ministro. En el ámbito tributario, se comenta que busca utilizar facultades para aumentar los impuestos, lo cual sería contraproducente para la recuperación de la inversión en Perú”, detalla.

El economista también opinó que el aumento de la remuneración mínima vital (RMV) es perjudicial para quienes pretende beneficiar, ya que encarecer el costo laboral por encima de la productividad llevará a muchos a perder su empleo formal y caer en la informalidad.

Desde su nombramiento como titular de la PCM, Gustavo Adrianzén no ha dudado en defender a capa y espada a Dina Boluarte, sus acciones y criticó una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide la aprobación de un proyecto de ley en Perú, calificándola de sin precedentes y perjudicial para la soberanía nacional. En el Consejo de Ministros, se decidió coordinar con el Poder Judicial y Legislativo para rechazar la disposición.

Cabe precisar que dicho organismo ordenó no aprobar el proyecto que protegería a autores de delitos de lesa humanidad antes de 2002, afectando a víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. No obstante, antes, hace algunos años, el primer ministro defendió cumplir con esta institución judicial para evitar desacreditar al país.

Al respecto, Ana Jara criticó estas postura del jefe del gabinete. “Desde el ámbito jurídico y constitucional, Adrianzén ha cuestionado nuestro compromiso con los tratados internacionales de Derechos Humanos a los que Perú está adscrito. Esto pone en duda su idoneidad como primer ministro, ya que se espera coherencia y no cambios de opinión tan radicales en el ejercicio del poder. No tengo nada más que resaltar de su gestión”, precisó.

Con respecto a las expectativas a futuro que tiene sobre el mandato de Andrianzén, Jara Velásquez recomedó que “se aborde la deficiencia en el abastecimiento de medicinas, ya que más de 20 millones de afiliados al sistema de salud se ven afectados”.