Ernesto Blume y Domingo García Belaunde asumen defensa de Dina Boluarte ante el TC

Mandataria requirió de ambos juristas para insistir en la anulación de la diligencia de allanamiento a su vivienda, ubicada en el distrito de Surquillo, por el ‘caso Rolex’

Juristas defenderán a la presidenta ante el Tribunal Constitucional. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Domingo García Belaunde y Ernesto Blume se acreditaron como los abogados de la presidenta Dina Boluarte en un proceso de habeas corpus presentado ante el Tribunal Constitucional. Esta acción busca anular las actuaciones derivadas del allanamiento realizado en la residencia de la mandataria en Surquillo el pasado 29 de marzo, en el marco del denominado ‘Caso Rolex’.

“Al amparo del artículo 31 del Código Procesal Constitucional, nos apersonamos a la causa a pedido expreso de la beneficiaria para coadyuvar en su defensa, luego de haber obtenido dos pronunciamientos adversos en las dos instancias anteriores”, se lee en el documento suscrito por ambos letrados al que tuvo acceso RPP Noticias.

Asimismo, indicaron que se reservan el derecho a fundamentar más ampliamente su demanda con nuevos elementos de convicción que, según ellos, confirmarán una posible persecución en contra de la presidenta “que se ha establecido como se ve de la denuncia constitucional presentada al Congreso de la República por el fiscal de la Nación en funciones, que no se ha dado cuenta que tal denuncia es insostenible al tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución”.

El habeas corpus fue inicialmente interpuesto por el abogado Marco Riveros Ramos en favor de Boluarte. No obstante, la presidenta desautorizó a Riveros, aclarando que no forma parte de su equipo legal y que no lo autorizó a presentar el recurso. Este proceso llegó al Tribunal Constitucional después de haber sido declarado improcedente por el juez Juan Carlos Núñez Matos el 17 de abril y la Segunda Sala Constitucional de Lima el 6 de mayo en primera y segunda instancia, respectivamente.

Allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte continúan a estas horas de la madrugada. Canal N

Ello, al argumentar que el requerimiento de allanamiento no implicaba una detención ni una amenaza a la libertad individual de Boluarte, conforme al artículo 7.1 del Código Procesal Constitucional. El tribunal superior añadió que la autorización del allanamiento no era una resolución “firme”, ya que no se agotaron los recursos internos disponibles.

“Investigación podría caer si TC admite demanda”

El abogado penalista James Rodríguez advirtió en diálogo con Canal N que la investigación de la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte podría colapsar si el Tribunal Constitucional (TC) aprueba el habeas corpus presentado por la defensa legal de la mandataria en el caso ‘Rolex’.

Agregó que dicha decisión afectaría a otros casos de allanamiento realizados por la gestión del fiscal Villena, generando una situación de impunidad que sería perjudicial para la estabilidad jurídica del país. Según el abogado, esta situación podría socavar la legitimidad de la diligencia fiscal.

Juan Carlos Villena asumió de manera interina la Fiscalía de la Nación tras el escándalo de Patricia Benavides. Foto: Fiscalía

Además, Rodríguez se refirió a la falta de presencia del titular del Ministerio Público en el operativo, lo cual es señalado por la defensa de la jefa de Estado como una violación del debido proceso legal. No obstante, él considera que este argumento carece de fundamento. Rodríguez recalcó que el allanamiento fue ordenado por el Poder Judicial y ejecutado por la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional del Perú conforme a la legislación vigente.

“Tiene un conflicto natural de interés a todas luces, sin embargo, es su derecho de ejercer en la defensa de que ellos consideren, así sepan que es una demanda que carece de todo sentido y fundamento; y lo que busca finalmente esta demanda es anular el allanamiento y que sería muy peligroso que el TC frente a estos argumentos débiles y sin razón, les dé finalmente la razón o lo declare fundado”, manifestó el abogado penalista.

En esa línea, expresó su preocupación por la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se vea influido por intereses políticos, lo que podría debilitar el marco jurídico del país. Concluyó señalando que es el Congreso de la República quien sostiene políticamente a la presidenta actual.

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