La gestión de la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, es altamente cuestionada en Piura. No solo los ciudadanos de los distritos no confían en el cumplimiento de sus promesas, sino que incluso los alcaldes de la región consideran que no pueden confiar en que los proyectos de saneamiento se realicen.
Esta semana, la titular del Ministerio de Vivienda acudió a la región Piura para reafirmar que en el mes de octubre se iniciará la convocatoria para iniciar el proceso de licitación del Proyecto ‘96 AAHH’ de Piura y Castilla, que beneficiará a casi medio millón de ciudadanos en tres distritos.
Sin embargo, este proyecto ya fue suspendido en el año 2023 por graves deficiencias en el proceso. Hasta tres funcionarios fueron destituidos de sus cargos por un presunto favorecimiento a una empresa china que finalmente ganó la licitación, pero que luego fue declarado como desierto debido a las deficiencias mencionadas previamente.
Es por eso que los alcaldes de los distritos Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle; y de La Unión, Percy Yamunaqué, expresaron serias dudas sobre el cumplimiento de la promesa de la ministra de Vivienda, a la que pidieron garantías que permita asegurar que el proyecto finalmente se ejecutará
Luego del anuncio realizado por la ministra Pérez de Cuéllar en el auditorio de la sede del Gobierno Regional de Piura, el alcalde Febre Calle cuestionó la credibilidad de la titular del Ministerio de Vivienda. “¿Qué nos garantiza que efectivamente estos proyectos se van a ejecutar? (…) Nos han engañado tanto que, en realidad, la credibilidad, la palabra ya no tienen tanta validez. Yo soy muy escéptico y ese es el sentimiento que tiene nuestra población”, sostuvo al medio local Cutivalú.
“Yo le hubiera preguntado a la ministra ¿qué tal si en octubre nuevamente se cae? ¿Qué otras alternativas hay? ¿Cuál es el plan b? (...) Creo que deberíamos tener alternativas porque la población ya se cansó tanto tiempo de vivir en condiciones totalmente precarias”, indicó el burgomaestre.
La crítica también se produjo por parte del alcalde de La Unión, Percy Yamunaqué, quien lamentó la demora en la ejecución de un proyecto tan importante para la región Piura. “Para mí esto es un cuento. Ya llevamos un año y medio y hasta ahorita el Ministerio de Vivienda no ha avanzado nada con respecto a la ejecución del proyecto de agua y alcantarillado de La Unión, que está abandonado por más de 15 años(...)”, dijo.
Proyecto de saneamiento incluirá a 11 asentamientos humanos adicionales.
Aunque el proyecto original involucraba beneficios para 94 asentamientos humanos, durante la asistencia de la ministra de Vivienda a la región Piura, se indicó que el proyecto que será licitado en octubre de este año incluirá a 11 asentamientos humanos adicionales, lo que hará una suma total de 105.
“Hemos conversado con el gobernador regional y apostamos por esta modalidad, creo que es lo mejor que le puede pasar a Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, de estos 94 asentamientos humanos que ahora se incluirá 11. Va a contar con nosotros con el tema de saneamiento físico legal, vamos a aportar para que esto se haga rápido”, afirmó el alcalde de Piura, Madrid Orue.
Piden la renuncia de la ministra de Vivienda
A inicios de julio, en declaraciones al medio regional Cutivalú, el secretario general de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores de Salud Administrativos (Fenutssa), Wilder Farfán Tarque, indicó que en caso de que se postergue el otorgamiento de la buena pro -algo que ya pasó antes- la ciudadanía acatará un paro provincial antes del 28 de julio.
“El mismo Ministerio de Vivienda y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) estuvieron presentes el 29 de abril y firmaron un acta de compromiso con acuerdos establecidos y fechas definitiva donde ellos se comprometieron (...) su palabra (de la ministra Hania Pérez de Cuéllar) no tiene valor. En uno de los puntos que ellos mismos redactaron nos dijeron que la planta de agua potable iba a ser convocada a licitación la última semana de mayo. Ya estamos julio. Están inclumpliendo sus acuerdos (...)”, indicó a la radio.
Ante este incumplimiento, el vocero indicó que se ha tomado la decisión de acatar una medida de fuerza como un paro provincial como último recurso para llamar la atención sobre el pedido hecho por la comunidad hace varios meses.