Casi 60 defensores de la Amazonía están amenazados de muerte por defender sus territorios y sus derechos

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha reportado que casi 60 líderes ambientales se encuentran amenazados o criminalizados por defender la Amazonía.

“La base de datos ahora está en proceso de actualización y hay regiones que aún no nos envían sus informes. Esa cifra es mayor”, afirman los dirigentes a La República.

Solo en seis regiones (Amazonas, Pasco, Cusco, Loreto, Ucayali y San Martin) hay 35 activistas que son intimidados y hostigados por cuidar sus territorios.

Por otro lado, en Junín, Pasco, Iluánuco y Cusco se encuentran los otros 22 peruanos que se encuentran en peligro. El diario informa que ellos están siendo investigados, procesados y denunciados por imputaciones que no tendrían fundamento.

Actualmente, el hermano del asesinado líder kichwa Quinto Inuma, Manuel Inuma Alvarado, se ha quedado como el jefe de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín, para defender los bosques de dicha región.

Luego de que Quinto Inuma perdiera la vida el pasado 29 de noviembre del 2023, su esposa Betty Mandruma, su hijo Kevin Inuma y otros familiares cercanos tuvieron que abandonar su residencia.

En la comunidad quedaron otras personalidades, pero que también están amenazadas, como Edgar Inuma, presidente de las rondas comunales; Meister Inuma, el viceapu; Clorimiro Diaz, fiscal de la comunidad; y Winston Tapullima, jefe de rondas.

Sin embargo, según el medio, también se está dando un fenómeno de desplazamiento forzado, donde los líderes comunales han tenido que abandonar sus tierras y permanecer en el exilio, para proteger a sus familias y sus propias vidas.

Durante una conferencia de prensa organizada por la Aidesep, la lideresa ashéninka Tabea Casique denunció la falta de un plan gubernamental para asistir a los hijos de 35 líderes indígenas asesinados en el Perú. En ese sentido, el Estado no habría implementado medidas específicas para apoyar a estas familias en aspectos como educación y protección.

Casique afirmó que se necesitan reparaciones tanto individuales como colectivas, las cuales deben incluir la participación activa de las comunidades indígenas. También enfatizó la urgencia de medidas preventivas para proteger a los líderes que enfrentan amenazas debido a la expansión de economías ilegales, como la minería y la tala ilegal.

Por otra parte, subrayó que el clima de miedo que estas actividades generan es una violación constante de los derechos humanos de las comunidades indígenas.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) confirmó que no existe un programa específico que aborde la problemática de manera integral. Esto deja a los niños en un estado de vulnerabilidad extrema, sin acceso a recursos básicos como la educación y el cuidado emocional.

El líder indígena Mariano Isacama fue asesinado el 22 de julio de 2024, según Marcelo Odicio, presidente de la Federación de Comunidades de Kakataibo (Fenacoka). La necropsia realizada en Pucallpa, Ucayali, reveló que murió de un disparo en la cabeza.

Marcelo Odicio explicó a Canal N que este asesinato se suma a otros cinco homicidios de líderes Kakataibos desde 2020. Manifestó, además, que las comunidades indígenas enfrentan múltiples desafíos en sus territorios y denunció la inacción del Estado peruano. Puntualizó que, si no se encuentra justicia, las comunidades buscarán maneras de defenderse.

La región de Ucayali ha sido señalada por su peligrosidad debido al aumento del narcotráfico, lo que ha sido reportado tanto a nivel nacional como internacional. Las comunidades indígenas han denunciado este problema, subrayando los riesgos que enfrentan diariamente.

Durante una conferencia de prensa, Jorge Pérez, presidente de la Aidesep, manifestó la intención de solicitar armas al gobierno para defenderse si el Estado no actúa. También declaró en emergencia los territorios indígenas para controlar las rutas del crimen organizado.