El exjuez de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos Montalvo, quien enfrenta una sentencia de 12 años de prisión desde 2021 por integrar la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, es el único colaborador eficaz del caso de corrupción. Según un informe periodístico de La República, el estado de salud del acusado no es el mejor, y ello podría influir en sus capacidades para dar pruebas y corroborar los actos ilícitos que involucran a 90 personajes públicos.
El sentenciado recibe tratamiento psiquiátrico en la prisión debido a un cuadro de ansiedad, confirmó su abogado Adolfo Olaechea Plath, al medio impreso. La defensa además sostiene que la condición del exjuez del Callao no impactará en su rol como colaborador eficaz. Sin embargo, la fiscalía ha mostrado preocupación por las dificultades que Ríos ha tenido para corroborar los hechos en sus testimonios.
La testificación de Ríos Montalvo es clave, pues a través de su colaboración eficaz, ha reconocido por lo menos 18 de 40 actos delictivos, que involucran a altos funcionarios cómo César Hinostroza, al empresario Mario Mendoza Díaz y a los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), según difundió una investigación de Ojo Público.
El fiscal supremo Franklin Tomy López comunicó a la fiscal Magaly Quiroz que Ríos, que además de su tratamiento en salud mental, está recibiendo asistencia para problemas gastrointestinales y dentales. Fuentes cercanas al caso han sugerido que estas condiciones de salud podrían estar afectando sus capacidades en las audiencias.
También el fiscal Andy Rodríguez Domínguez señaló públicamente que Ríos Montalvo ha cambiado de versión en varias ocasiones durante las investigaciones, complicando el trabajo del equipo especial del caso.
El caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, ha entrado en una fase decisiva. La colaboración del exjuez permitió a los fiscales abrir expedientes en 40 casos de corrupción. No obstante, su credibilidad ha sido puesta en duda debido a incoherencias en sus declaraciones.
La defensa de Ríos insistió en que estas condiciones no afectan las declaraciones de su defendido. Subrayó que todos los hechos denunciados por Ríos han sido “plenamente corroborados con medios probatorios” por la Fiscalía Suprema de Corrupción de Funcionarios.
Un dato adicional es que el exjuez enfrenta una investigación por un presunto caso de difamación tras acusar falsamente al abogado José Luis Castillo Alva. Su abogado ha desestimado la acusación, argumentando que Castillo Alva ya había sido sometido a prisión preventiva por su presunta involucración en actos de tráfico de influencias.
Preocupantes retrasos en el caso Los Cuellos Blancos
Una de las más grandes redes de corrupción en la justicia peruana continúa enfrentando retrasos significativos en el proceso de transcripción de los audios que constituyen las pruebas principales. Esta red, descubierta en 2018 por el equipo de IDL Reporteros, involucró a altos funcionarios del sistema judicial en la negociación de nombramientos y ascensos de jueces y fiscales a cambio de favores personales.
Según un recuento hecho por Ojo Público, en septiembre de 2022, el Ministerio Público informó que, a pesar de haber procesado solo el 15% de las más de 63.000 grabaciones telefónicas, se comprometió a conformar un equipo dedicado a trabajar exclusivamente en los audios restantes. Sin embargo, a principios de marzo, se reveló que la transcripción de los audios no había avanzado significativamente, según declaraciones del coordinador del Equipo Especial Cuellos Blancos, Jorge Díaz Cabello.
En enero de 2023, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, anunció que la fase de escucha y selección de las grabaciones había concluido, identificando 13.801 audios con contenido penal. Benavides indicó que la transcripción finalizaría para mayo, pero hasta la fecha no ha habido actualizaciones oficiales sobre ese progreso.
En el mes de marzo, el Ministerio Público suspendió las actividades de la Oficina de Peritajes, área clave con peritos lingüistas involucrados en la transcripción. Esa suspensión fue levantada posteriormente, pero la reestructuración de la oficina ha causado una sobrecarga laboral debido a la no renovación de varios contratos de empleados, ralentizando aún más el proceso.