Escándalo de corrupción en Cañete: abogado y asistente fiscal son detenidos por favorecer procesos judiciales

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal Cañete llevó a cabo un operativo de investigación, donde se detuvo a un asistente administrativo del Ministerio Público de Mala y un abogado vinculado a la zona judicial. Para las autoridades, los intervenidos pertenecerían a la presunta organización criminal ‘Los influyentes del Sur’.

Los detenidos fueron identificados como Luis Enrique Cárdenas Rocca (asistente) y el abogado Anderson Manuel Rondón, a quienes se les acusa del presunto delito del tráfico de influencias. Este operativo, autorizado por una orden judicial, se centra en investigar un supuesto favorecimiento dentro de un proceso judicial gestionado en la fiscalía penal de Mala.

Uno de los mencionados habría ofrecido a la denunciante en ayudarte para que el fallo culmine a su favor. La intervención se realizó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) con la finalidad de llevar a cabo, de ser necesario, el descerraje en los domicilios autorizados.

El operativo a cargo de la PNP y el personal del Ministerio Público para su detención preliminar de ambos funcionarios también incluyó el allanamiento de sus viviendas. En uno de los videos difundidos por las autoridades, se visualiza la intervención de uno de ellos en su auto.

Las autoridades refieren que tendrían implicancias en manipular el curso de varias investigaciones con el propósito de beneficiar a criminales que operan en el sur de Lima. No obstante, no se descarta que más personas estén involucradas en el delito.

Según el medio local ARV+ Noticias, algunos funcionarios han decidido cambiar sus números de teléfono y solicitar adelanto de vacaciones, lo que podría estar relacionado con el temor a ser descubiertos como parte de la red de corrupción.

Por otro lado, de acuerdo con la publicación en el diario El Peruano, Rondón Ruiz fue nombrado el 13 de enero como fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Cañete y en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cañete. Sin embargo, en noviembre de 2022 se dio por concluida.

Un caso que aún se encuentra en investigación por el Ministerio Público para conocer las implicaciones de los acusados.

Según la página del Gobierno del Perú, el tráfico de influencias es un delito que se configura cuando una persona utiliza su influencia o simulada para beneficiar a un tercero. Este acto implica recibir, hacer, prometer o aceptar un donativo, promesa o beneficio.

Las sanciones establecidas por la ley incluyen una pena privativa de libertad que varía entre 4 y 6 años, junto con una inhabilitación de 180 a 365 días de multa. Si el delito es cometido por un funcionario público, la pena aumenta a un plazo entre 4 y 8 años de prisión, además de una inhabilitación que puede oscilar entre 365 y 730 días-multa.

La normativa busca penalizar tanto a quienes utilizan su acceso e influencia sobre funcionarios para obtener beneficios como a los mismos funcionarios que se prestan a estas prácticas.

Cualquier ciudadano que necesite denunciar un posible acto de corrupción o falta de ética cometido por personal de una entidad estatal ahora puede hacerlo a través de la Plataforma de Denuncias Ciudadanas, habilitada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El servicio tiene como objetivo evidenciar situaciones que infringen la ética y la ley. Entre estas situaciones se encuentran actos de soborno, nepotismo, malversación de fondos y cualquier otra violación a los códigos de conducta y normas legales establecidas para los funcionarios públicos.

Puedes ingresar al siguiente enlace para llenar el formulario: https://www.gob.pe/21129-denunciar-un-presunto-acto-de-corrupcion?child=882