Dina Boluarte defiende acciones en protestas ante informe de Amnistía Internacional que la señala como posible responsable de muertes

La presidenta Dina Boluarte defendió este jueves las acciones de su Gobierno durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, en respuesta a un informe de Amnistía Internacional (AI) que la señala como posible responsable penal de las muertes de manifestantes.

“Tienen ante ustedes un gobierno que destaca su labor y mantiene su compromiso de trabajar junto al sector privado para seguir impulsando el desarrollo que la patria requiere. Nuestro país ha venido entre tropiezos y avances. Solo aquel 7 de diciembre, cuando asumí el gobierno, ustedes fueron testigos de la situación en la que recibimos el país y nos enfrentamos a 500 manifestaciones, todas ellas violentas”, afirmó durante un discurso por el aniversario de Adex Perú.

Boluarte destacó la importancia de evitar la inestabilidad política y señaló que una eventual dimisión suya —una de las demandas de las manifestaciones— sería perjudicial para el progreso del país. “Es muy fácil decir ‘mañana vacancia’ y ‘pasado renuncia’. En esa situación de vaivén, sin mirar un norte, ningún país avanza. Nosotros hemos mantenido firmes en esa responsabilidad que asumí aquel 7 de diciembre”, apuntó.

Amnistía Internacional había indicado previamente que la mandataria podría tener responsabilidad penal por las muertes de manifestantes, ya que no hizo lo suficiente para evitar más fallecimientos. El documento detalla que, aunque Boluarte negó contacto directo con los comandantes y minimizó su papel en la represión estatal, se reunió varias veces con los líderes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP), lo que le dio la oportunidad de condenar el uso ilegítimo de la fuerza y ordenar un cambio de táctica, pero no lo hizo.

AI llevó a cabo un análisis jurídico basado en conceptos de la Corte Suprema, el cual incluyó las 29 reuniones del Consejo de Ministros. En ellas, la gobernante no tomó medidas para cambiar de táctica y se centró en proteger la propiedad. La organización tampoco encontró pruebas que vinculen a las víctimas con organizaciones criminales o terroristas, y señaló que el discurso gubernamental sobre la violencia de los manifestantes proporcionó un marco habilitador para los actos ilegales de las fuerzas de seguridad.

El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, ya había rechazado “rotundamente cada uno de los apartados” del informe. “Lo negamos, en principio, más aún cuando de manera indebida y absolutamente inconsecuente se le pretende atribuir a la presidenta una responsabilidad mediata” en los hechos ocurridos durante las protestas, declaró en una rueda de prensa.

Adrianzén destacó que el Gobierno ha respondido ante los organismos internacionales sobre estos sucesos, que Boluarte se ha pronunciado sobre las víctimas y que el Ejecutivo se ha solidarizado con los deudos. También afirmó que el informe “no hace sino ratificar el sesgo político” con el que se elaboró otro documento de AI el año pasado, que mencionaba “racismo letal”.

En una sesión presidida por la congresista Lady Camones, los parlamentarios desestimaron la propuesta de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, con 14 votos en contra, a pesar de que el informe recomendaba dar trámite a la acusación por presuntos delitos de homicidio, genocidio y lesiones graves.