Trujillo: Fiscalía liberó a denunciado de asesinar a policía en retiro

El Ministerio Público liberó a Brayner Cesias Ruiz, de 20 años, una persona detenida por posesión de drogas, un arma y dinamita, quien también está acusada del homicidio de un policía retirado en Trujillo, región La Libertad.

Él había sido acusado, junto a dos personas, de pertenecer a la banda criminal ‘Los Raqueteros de Indoamérica’. Fue detenido en un automóvil con 70 envoltorios de PBC, un cartucho de dinamita y un arma de fuego que intentó desechar.

El capitán Juan Cabrejo Flores, jefe del Departamento de Investigación de la Criminalidad (Depincri) Norte, señaló que los argumentos del fiscal para no ampliar la detención del acusado no son hechos, sino sus interpretaciones. Denunció que es la segunda vez que cuestiona el trabajo policial.

A pesar de este hecho, Cabrejo Flores aseguró que continuarán luchando contra la criminalidad y persiguiendo a quienes operen al margen de la ley.

Cabe resaltar que este evento retrasa la investigación del homicidio del superior PNP José Gálvez Ysique, quien fue asesinado a los 58 años durante un robo de mercancía en un vehículo donde trabajaba como guardia de seguridad en febrero de este año. El lamentable hecho ocurrió en el distrito de La Esperanza.

El pasado 12 de junio se presentó en el Congreso un nuevo proyecto de ley que modifica las leyes de la carrera fiscal y judicial, con el objetivo de imponer sanciones severas, incluyendo la destitución, a jueces y fiscales que liberen a presuntos criminales.

La iniciativa, denominada “Ley que sanciona los errores judiciales y fiscales”, fue presentada por la parlamentaria de Perú Libre, Katy Ugarte. El proyecto legislativo propone la inclusión de una nueva falta muy grave tanto para jueces como fiscales, que busca asegurar investigaciones efectivas por parte del Ministerio Público y sanciones justas por parte del Poder Judicial.

Esta nueva ‘falta muy grave’ se aplicaría a jueces que concedan o a fiscales que permitan la liberación de personas investigadas por delitos graves como terrorismo, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, corrupción de funcionarios, delitos ambientales, feminicidio, violación sexual u organización criminal.

Según la normativa actual, las faltas muy graves pueden resultar en sanciones que van desde un mínimo de cuatro meses hasta seis meses, o la destitución del juez o fiscal. Con la implementación de esta nueva ley, los funcionarios judiciales podrían perder sus cargos si se demuestra su negligencia en estos casos.

Actualmente, las instancias responsables de aplicar sanciones a jueces y fiscales por estas faltas serían la Junta Nacional de Justicia, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, o la Autoridad Nacional del Ministerio Público. Sin embargo, si el proyecto es aprobado, también podría involucrarse la Escuela Nacional de la Magistratura.

Este proyecto de ley fue solicitado por el presidente del Poder Judicial. En la exposición de motivos, la congresista Ugarte cita las declaraciones del presidente del Poder Judicial, quien en marzo afirmó que tanto jueces como fiscales trabajan de manera independiente, pero tienen que responder por la liberación irregular de delincuentes.

Estas declaraciones surgieron en un contexto de creciente inseguridad ciudadana y desconfianza en el Poder Judicial y la fiscalía. Una encuesta de Datum publicada en marzo reveló que el 85% de los peruanos no confía en estas instituciones, considerándolas corruptas.

El presidente del Poder Judicial también sugirió declarar como organizaciones terroristas a las bandas criminales que amenazan la seguridad y, previa definición legislativa, solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas para combatir la criminalidad en todo el país.