PNP de Lima en el primer puesto del ranking de riesgo de corrupción de la Contraloría

El contralor general, Nelson Shack Yalta, presentó los resultados del Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024 donde mostró el nivel de corrupción en cada entidad del Estado. Según su informe, la Policía Nacional del Perú (PNP) de Lima Metropolitana ocupa el primer lugar de entidades del gobierno nacional con más riesgo de corrupción.

La Controlaría de la República estableció que la institución policial que es parte del Ministerio del Interior (Mininter) presentó este año un 75.7 de puntaje de riesgo de corrupción e inconducta funcional que lo ubica en la primera ubicación del top 10 del ranking. Asimismo, establece que, debido a que para esta edición se incrementó el número de indicadores analizados, los resultados no pueden ser comparados con los de años anteriores.

Pero no es la única institución perteneciente al gobierno de Dina Boluarte con este nivel considerado “muy alto” de propensión a la corrupción. El Ministerio de Salud (Minsa) de Lima Metropolitana también se destaca en el quinto puesto del ranking con un puntaje de 72.1. Le sigue el Ejército del Perú, también de Lima y perteneciente al Ministerio de Defensa (Mindef).en el séptimo puesto con 71.6 de puntaje.

Completan la lista con una diferencia mínima otra entidades estatales como Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Instituto Nacional Penitenciario, el propio Ministerio del Interior, y otras universidades adjudicadas el Ministerio de Educación (Minedu).

Cabe mencionar que, para este ranking, la entidad fiscalizadora evaluó variables como las sanciones contra funcionarios, servidores públicos con presunta responsabilidad administrativa, contrataciones sin competencia, ejecutoras con proyectos caducos y abandonados, entre otros.

Este medio ha informado a lo largo del año, un rosario de casos que involucra a miembros de la Policía en actos ilícitos. Situaciones que lamentablemente evidencian una grave problemática de corrupción dentro de la institución.

Hace unos días, un suboficial de la Policía Nacional (PNP) fue arrestado en Huaura, región Lima, acusado de exigir una coima de 50 soles a un ciudadano a través de la aplicación Yape, a cambio de no proceder con su detención por una supuesta denuncia.

Días antes, tres efectivos PNP y un civil fueron detenidos en la comisaría Apolo, distrito limeño de La Victoria, luego de ser acusados de pertenecer a la organización criminal ‘Los Cómicos de Apolo’. La banda se dedicaba a detener personas para obligarlos ir a un cajero automático y retirar dinero a cambio de su libertad. Los involucrados son: Luis Armando Guerra Quispe, Raffo Hevert Romero Romero, César Gregorio Aguilar Lora y Richard Andres Llontop Mamani, a quienes también se le allanaron sus viviendas.

Por esos días, otros dos oficiales de la Policía habían sido detenidos en el distrito de La Tinguiña, en Ica, por orquestar operativos falsos y extorsionar a los intervenidos. Los arrestados son el mayor Juan Pinto Loayza, comisario de la dependencia local, y el suboficial Enzo Ñaccha García. Un tercer agente, identificado como Sandro Canahuari, está actualmente en paradero desconocido.

Estos son solo algunos de los casos que ilustran la magnitud del problema de corrupción que afecta a la PNP, poniendo en tela de juicio la confiabilidad y ética de la institución encargada de velar por la seguridad y el orden público del país.

La institución policial, en su esfuerzo por apartar a los miembros involucrados actos graves, ha procedido a retirar a varios de estos malos elementos. Según el general PNP Víctor Zanabria, se estima que al finalizar el año, 1.500 policías habrán sido retirados (cifra superior a años anteriores), lo que generará un déficit de personal en la fuerza policial a nivel nacional.

Entre las faltas consideradas como “muy graves” al interior de la Policía Nacional, según su reglamento, se encuentran:

• Excederse en más de 5 días calendario en el uso de vacaciones.
• Organizar, dirigir, promover, participar o incitar a huelga, paro, marcha u otras acciones de protesta de índole policial, o intervenir en forma directa en actividades políticas o sindicales.
• Ingresar o facilitar el ingreso de artículos prohibidos en un establecimiento penitenciario.
• Practicar actos de tortura a las personas que se encuentren bajo su custodia.
• Tener relaciones sexuales durante el servicio o en instalaciones o vehículos policiales.
• Pertenecer a un partido político, agrupación o movimiento que desarrolle actividades políticas.