Pedro Castillo sustentará nuevo recurso ante el Poder Judicial para evitar el juicio por rebelión este jueves

El proceso judicial en contra del expresidente Pedro Castillo y varios de sus exministros — entre ellos, los extitulares de la PCM, Betssy Chávez, Aníbal Torres, el exministro del Interior Willy Huerta, y el congresista Roberto Sánchez— por el presunto golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 avanza hacia la posibilidad de un juicio oral, pero se enfrenta un nuevo recurso planteado por la defensa del exjefe de Estado que será visto este jueves. A partir de las 9:30 a.m. los abogados de Castillo presentarán un último intento de sobreseimiento en la etapa de control de acusación, con el fin de evitar que se lleve a cabo el juicio por el cargo de rebelión, que podría significarle hasta 34 años de prisión.

Desde mayo, el caso ha estado bajo la supervisión del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien evalúa la validez y suficiencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía de la Nación, en un caso que, en la actualidad, se encuentra en la etapa de control de acusación. El fiscal Alcides Chinchay, encargado del caso, acusa al expresidente Pedro Castillo y a los exministros Betssy Chávez, Roberto Sánchez, Willy Huerta y Aníbal Torres de orquestar una conspiración para cerrar ilegalmente el Congreso y hacerse con el control del sistema judicial del país.

Aparte del grave cargo de rebelión, a Castillo también se le imputan delitos de abuso de autoridad y perturbación del orden público, factores que elevan la solicitud de pena a 34 años de prisión. Las sanciones solicitadas para los demás acusados oscilan entre los 15 y 25 años, ajustándose según la gravedad de sus presuntos delitos y consideraciones particulares como la avanzada edad de Aníbal Torres.

Desde el lado de la defensa de Castillo Terrones, su abogado Walter Ayala precisa que el proceso está profundamente politizado y carece de pruebas sólidas para sustentar la acusación de rebelión. Y es que, durante la etapa de control de acusación, las defensas han presentado varias objeciones tanto formales como de fondo.

De hecho, durante todo este proceso, la acusación ha sido devuelta hasta tres veces para su corrección y evaluación, hecho que ha suscitado la demora en el trámite del caso. Y, pese a la insistencia de los abogados de Pedro Castillo Terrones, el juez supremo Juan Carlos Checkley, determinó que el delito de rebelión puede ser juzgado sin la necesidad de probar la presencia de armas o violencia directa por parte de los acusados, siempre que hayan contribuido con actos esenciales a la presunta conspiración.

Como se sabe, el pasado 7 de diciembre de 2022, día señalado en la acusación contra el exmandatario, Pedro Castillo anunció en cadena nacional mediante un Mensaje a la Nación, la disolución del Congreso y la reorganización del sistema judicial, medidas que generaron caos e incertidumbre en el país. Poco después de dicho anuncio, Castillo fue detenido y destituido por el propio Congreso en una sesión de emergencia. Desde entonces, el caso ha estado bajo la constante atención pública y mediática, dado que se trata de una acusación sin precedentes en la historia reciente del país.

El destino judicial de Castillo y sus exministros sigue siendo incierto. Las decisiones que tomen el juez Checkley y la Corte Suprema en los próximos meses serán cruciales no solo para los acusados, sino para el desarrollo de las siguientes elecciones del 2026, en donde Castillo ha mostrado su interés de participar como un aspirante al Congreso. La audiencia de este jueves podría ser un punto decisivo.