El Poder Judicial decidió prolongar por 18 meses la prisión preventiva que enfrenta el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por cargos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, a raíz del autogolpe que orquestó en diciembre de 2022, cuando fue destituido.
El fallo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, hecho público este jueves, revocó la resolución de primera instancia que había ampliado la medida coercitiva por 14 meses. El tribunal argumentó que la subsistencia del peligro de fuga justifica la prolongación de la prisión preventiva.
Según el documento, este riesgo es aún mayor, dado que el proceso judicial contra Castillo “tiene un largo tramo para su culminación dentro de un plazo razonable”. El exmandatario se encuentra recluido en el penal de Barbadillo desde el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció en un mensaje a la nación el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto.
Por esa decisión, el Congreso decidió su destitución y, posteriormente, el arresto por su propia escolta. Adicionalmente, pesa sobre él otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.
La resolución señala que, aunque Castillo ejercía el cargo de presidente y previamente era docente de primaria, con domicilio familiar estable, existió una “voluntad clara” de huir del país y acceder a la Embajada de México, a pesar de que días atrás el exgobernante mostró un documento en que la sede diplomática aseguraba que no le dio asilo.
“El contenido de la constancia [...] no es determinante. En efecto, la forma y circunstancias de la detención en flagrancia [...] confirma esta voluntad de alejarse de la justicia penal, más allá de que, tras la detención y prisión preventiva, se indique oficialmente que no se recibió solicitud de asilo por el propio encausado,” se lee en el fallo.
“Lo expuesto permite inferir razonablemente la subsistencia del peligro de fuga, más aún si el proceso tiene un largo tramo para su culminación dentro de un plazo razonable. El recurso defensivo, en este extremo, debe desestimarse. Corresponde prolongar la medida de prisión preventiva”, añade.
El proceso judicial por el autogolpe de Estado se encuentra en la etapa de control de acusación, periodo en el que el juez Juan Carlos Checkley analiza la acusación fiscal y los argumentos de la defensa, para decidir si el caso avanza a juicio. Por este caso, la Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para el expresidente.
Además, ha pedido 25 años de prisión para la ex primera ministra Betssy Chávez, los exministros Roberto Sánchez Palomino y Willy Huerta Olivas, y los oficiales de la Policía Nacional (PNP), Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez, todos presuntos partícipes en el fallido autogolpe. El expremier Aníbal Torres, en tanto, afronta un pedido de 15 años de pena privativa de libertad por rebelión.
Red de corrupción
Independientemente de la decisión de la Corte Suprema, Castillo hubiera seguido tras las rejas por la presunta comisión de delitos de corrupción durante su Gobierno. El fiscal supremo Helder Terán proyectó una pena de más de 31 años de cárcel para el exgobernante, a quien se le imputan cargos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión, con la condena total estimada de 18 años y 4 meses por organización criminal, 6 años y 8 meses por tráfico de influencias y 6 años y 4 meses por colusión.
La investigación también implica a los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, para quienes se ha solicitado prisión preventiva. El expediente abarca presuntas irregularidades en las obras del Puente Tarata II, en San Martín, y otros supuestos casos de corrupción relacionados con Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
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