La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso rechazó este jueves tramitar la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte por las 77 muertes en protestas antigubernamentales, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad. En la misma jornada, la SAC admitió la acusación conocida como ‘Rolexgate’, donde Boluarte es acusada de cohecho pasivo impropio.
El informe de calificación sobre los decesos en las manifestaciones, ocurridas entre finales de 2022 e inicios de 2023, fue desestimado con 14 votos en contra. La denuncia, presentada por la extitular del Ministerio Público, Patricia Benavides, atribuía a Boluarte el presunto delito de homicidio calificado y lesiones graves, e incluía también al ex jefe del Gabinete Alberto Otárola y a los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero.
En una votación posterior, los legisladores decidieron admitir la acusación presentada en mayo pasado en relación con varios relojes de lujo que Boluarte lució sin haber declarado. Según la fiscalía, la mandataria habría recibido del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tres relojes Rolex, un par de aretes de oro con diamantes y una pulsera ‘Bangle’ con 94 brillantes, con el propósito de realizar actos propios de su cargo.
La compra de joyas por parte del gobernador coincidió con sus visitas a Boluarte en Palacio de Gobierno. Posteriormente, de acuerdo con la investigación, el Ejecutivo emitió varios decretos de urgencia y supremos que beneficiaron al Oscorima y su región, lo que sugiere una acción dolosa al recibir los objetos como “donaciones”.
En marzo pasado, un reportaje de La Encerrona reveló que la gobernante poseía una colección de relojes de lujo no declarados a la autoridad electoral, lo que llevó a la apertura de la pesquisa en el Ministerio Público. Inicialmente, Boluarte afirmó que los relojes eran fruto de su esfuerzo, pero semanas después admitió que eran un préstamo de su amigo Oscorima y reconoció que aceptar dicha donación fue un error político.
Acusación por muertes
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desestimó la denuncia por muertes en protestas el mismo día en que Amnistía Internacional (AI) afirmó que Boluarte podría tener responsabilidad penal al no haber hecho lo suficiente para detener el uso desmedido de la fuerza. Madeleine Penman, investigadora para América del Sur de AI Américas, señaló que Boluarte “sabía lo que estaba pasando”.
A fines de 2023, la exfiscal Patricia Benavides presentó una denuncia en el Congreso contra la presidenta, apenas un mes después de que el Ministerio Público extendiera por ocho meses adicionales la investigación por las muertes. Boluarte calificó la denuncia de Benavides como una “deleznable maniobra política” para distraer a la ciudadanía y subrayó que la magistrada debería responder por su presunta implicación en una red criminal.
De igual modo, expresó su extrañeza por la acusación, dada a conocer justo después de allanamientos y detenciones del equipo de Benavides por presuntos actos de corrupción.
El informe de AI destaca que, aunque la jefa de Estado negó haber tenido contacto directo con los comandantes y minimizó su papel en la represión estatal, se reunió en varias ocasiones con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía durante los tres meses de protestas, lo que le dio múltiples oportunidades para condenar el uso ilegítimo de la fuerza y ordenar un cambio de táctica.
AI realizó un análisis jurídico basado en conceptos de la Corte Suprema, fallos de 2009 y el derecho penal del país, de modo que concluyó que se cumplen los cuatro requisitos que comprobarían la autoría mediata de la mandataria en estos sucesos.
El Poder Judicial ya ha declarado improcedente la demanda de amparo presentada por Boluarte contra la Fiscalía, una decisión que agota la vía judicial para anular la denuncia por las muertes en protestas que pedían su dimisión y el cierre del Congreso.
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