A raíz del asesinato del líder indígena, Mariano Isacama, quien fue hallado muerto en la ribera del río Yurac, en el distrito de Aguaytía, el pasado domingo; catorce organizaciones de pueblos originarios de la Amazonía peruana se pronunciaron en conjunto para anunciar que declaran sus territorios en emergencia a parir de hoy. Esto para intentar combatir con sus propios recursos la incursión de criminales vinculados a economías ilegales en estas zonas.
La medida es respaldada por más de 2.400 pueblos indígenas vinculados a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), además de los líderes del Gobierno Territorial Autónomo Awajún y Wampis, la Nación Ese Eja y el Consejo Shipibo Konibo Xetebo.
Durante una conferencia de prensa, el presidente de Aidesep, Jorge Pérez, afirmó que la actividad de estos criminales amenaza la vida de los miembros de los pueblos indígenas en sus propios territorios. “Las comunidades están viviendo momentos muy difíciles. Se vuelve insostenible la vida en donde el narcotráfico y las actividades ilegales desbordaron y coparon el territorio”, indicó.
Sin embargo, la medida tiene otro motivo de gran relevancia: El gobierno de la presidenta Dina Boluarte no habría tomado acciones que ayuden a las comunidades indígenas a mejorar la seguridad en sus territorios.
“Hay otro tema muy importante: la impunidad, el silencio, la falta de acceso a la justicia, llena a nuestros hermanos de desesperación. Esto hace que se adopte la idea de actuar de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Llevar adelante la justicia indígena, llevar adelante el control y la vigilancia de nuestro territorio”, aseguró Pérez.
Durante el periodo que dure el estado de emergencia -inicialmente establecido como ‘indefinido‘- las comunidades anunciaron que se realizarán coordinaciones para tomar el control de las vías de acceso por donde “entran y salen las actividades ilegales y todas las personas vinculadas a ellas. No hay otra medida”.
Comunidades indígenas hacen responsable al Estado por su situación
En un comunicado difundido en la cuenta oficial de X (antes Twitter) de Aidesep, se indicó que los pueblos indígenas “nos vemos en la obligación de ejercer nuestro derecho a la legitimidad y utilizar los medios en la misma proporción con la que nos atacan y responsabilizamos al gobierno por las consecuencias”
“Hay una llamada intrínseca al Estado que dejamos muy claro (...) estamos pensando solicitar al Gobierno armas para poder actuar en proporcionalidad. Lo estamos pensando si es que el Estado no actúa como debe actuar: con pertinencia, oportunamente y de manera coordinada”, indicó Pérez a la prensa.
![Mariano Isacama Felciano tenía 35 años y fue encontrado muerto en el río Yurac. - Composición Infobae Perú](https://www.infobae.com/new-resizer/XfgnD4PV6HWFcS3lFq_ORzgOlDk=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/AESRJXINTJEVJFXNIYZQ3BAXSM.jpg 420w)
Para los pueblos indígenas, el Gobierno de Dina Boluarte será el gran responsable de lo que pueda ocurrir durante este periodo de emergencia, “en específico a los ministerios del Interior, Defensa, Justicia, además de al Congreso de la República “por alimentar estas masacres con sus leyes a favor del tráfico de tierras, el narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal y otras actividades predatorias legalizadas”.
¿Qué sucedió con Mariano Isacama?
Mariano Isacama fue hallado sin vida el domingo 14 de julio luego de haber desaparecido desde el 10 de julio. Ya había recibido amenazas anónimas y denunció la presencia de invasores y traficantes en sus territorios, por lo que se inició su búsqueda luego de que se advirtiera de su desaparición.
El portal especializado Mongabay Latam reveló un video donde se mostraba a la víctima siendo torturado, lo que elevó las alarmas entre las comunidades.
Hasta la fecha, 33 líderes indígenas han sido asesinados en los últimos diez años, lo que ha generado preocupación y movilizaciónes sociales. Las comunidades kakataibo, ubicadas en la Amazonía peruana, entre las regiones de Ucayali y Huánuco, reclaman acción por parte del gobierno de Dina Boluarte.