Presentan moción de censura contra ministros de Educación y de la Mujer por inacción ante abusos sexuales en comunidades awajún y wampis

Legisladores de distintas bancadas, entre ellas Cambio Democrático, Acción Popular, Perú Libre, Avanza País, Perú Bicentenario, decidieron presentar una moción de censura contra los ministros de Educación, Morgan Quero Gaime, y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández Cajo, por el caso no atendido de abusos sexuales en las comunidades awajún y wampis.

Debido a la falta de acciones concretas por parte de ambos ministros, quienes han sido acusados de desatender sus responsabilidades y emitir declaraciones consideradas discriminatorias, un grupo de 33 congresistas firmaron y presentaron la moción 12365. La autora es la parlamentaria Ruth Luque Ibarra, de la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú.

El titular del Ministerio de Educación (Minedu) tardó más de 30 días en visitar Condorcanqui, una región que enfrenta una grave situación que ha sido alertada desde 2023, indicó Luque, principal promotora de la censura. Mientras tanto, la ministra de la cartera de Mujer y Poblaciónes Vulnerables (MIMP) aún no se ha presentado en la zona para atender al llamado de las autoridades locales y la comunidad.

Conforme al artículo 132 de la Constitución Política del Perú, los ministros pueden ser sometidos a censura por el Congreso. Esta disposición legal se ha vuelto relevante tras la reciente publicación de los casos de abuso sexual en Condorcanqui. Desde hace más de una década, se han registrado al menos 524 denuncias de violencia sexual cometida por docentes contra estudiantes en esta región, además de un considerable contagio de VIH entre menores de edad.

El ministro de Educación, Morgan Quero Gaime fue severamente criticado por su inacción en estos casos y por involucrarse en asuntos ajenos a su cartera, como la defensa de la presidenta sobre temas personales. Especialmente controvertidas fueron sus declaraciones sobre la situación en los pueblos amazónicos, donde sugirió que los abusos podrían ser parte de una “práctica cultural”. Según diversas fuentes, estas afirmaciones han sido vistas como una normalización irresponsable de la violencia, señala el texto de la censura.

Por su parte, Angela Hernández Cajo, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también fue señalada por declaraciones que refuerzan una visión estereotipada de las comunidades indígenas afectadas, sugiriendo que la violencia sexual podría ser cultural. Este enfoque ha sido criticado por no abordar adecuadamente las medidas de protección y prevención necesarias para estas poblaciones.

Ambos ministros han sido llamados por diversas comisiones del Congreso para rendir cuentas, pero han evitado presentarse en múltiples ocasiones. Esto ha intensificado la presión sobre ellos y sobre el Gobierno para clarificar su posición y acciones frente a esta crisis. Ante esta negligencia, los congresistas han decidido impulsar la moción de censura, apelando a la responsabilidad política que les confiere la Constitución.

Morgan Quero realizó una visita rápida a Condorcanqui, en la región Amazonas, donde anunció la implementación de grupos de protección tras más de 50 días de revelarse denuncias de abusos sexuales en la zona. Durante su breve estancia en la comunidad de Huampami, ubicada en el distrito de El Cenepa, Quero no visitó áreas más alejadas como Río Santiago ni se reunió con las mujeres que presentaron denuncias.

Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, afirmó que hubiera preferido que Quero llegara a la provincia de Condorcanqui, donde se concentran la mayoría de los casos. Señaló que el ministro debería sentarse en una mesa con representantes de las distintas comunidades para escuchar sus problemáticas directamente.

Además, Pioc y Olivia Bisa, lideresa de la Nación Chapra, revelaron que maestros y auxiliares con denuncias de violencia sexual siguen laborando en otras comunidades. Estas declaraciones llevaron a la legisladora Flor Pablo a instar a las autoridades a crear un sistema de información nacional para identificar a los investigados por violencia sexual y evitar su contratación en el sistema educativo.

Solo dos fiscales de la provincia tienen la tarea de investigar 426 casos de agresión sexual, situación que preocupa al alcalde local, Hermógenes Lozano. Lozano pidió al Estado más recursos humanos y logísticos para asegurar que los casos no queden en la impunidad.